Amnistía Internacional manifestó ayer que la machi Francisca Linconao deber esperar en libertad el juicio del caso Luchsinger, por el cual se mantiene como co-imputada junto a otros diez comuneros.

"Con la información existente a la fecha, no se ve ninguna justificación para mantener la prisión preventiva", indicó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

La directora agregó además que "la sola gravedad del delito que se imputa no puede ser razón suficiente para mantener al acusado en prisión preventiva por periodos prolongados de tiempo", situación que ya había sido denunciada antes por otras organizaciones.

Traslado

Debido a su preocupante estado de salud, la machi Francisca Linconao fue nuevamente trasladada por 12 días al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

Ese tema también fue abordado por la directora ejecutiva y al respecto sostuvo que "a Amnistía Internacional le preocupa que en los tres casos (en que se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario) la decisión de la Corte se fundó solamente en no haber cambiado las circunstancias. Al resolver de esta forma, no se ha considerado la evaluación de su estado de salud, el tiempo prolongado que ha estado en prisión y la evidencia de su buena conducta durante el periodo de investigación".

Un subteniente de Carabineros resultó con contusiones en su cabeza tras haber sido atacado con un martillo tipo combo luego de un robo que afectó a una distribuidora de tabacos.

El hecho se registró al interior de una bodega de Chiletabacos, ubicado en Pueblo Nuevo, en el sector norte de Temuco. Allí, cinco asaltantes ingresaron a la distribuidora para sustraer dinero y especies.

Tras la agresión, tres de los cinco asaltantes fueron detenidos por los delitos de homicidio frustrado a carabineros de servicio, receptación de vehículo, órdenes pendientes de arresto y robo frustrado.

Lorenzo Lovera Seguel

Aun costado de la sala 4 B del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco se construyó e implementó una sala especial para tomar declaraciones a niñas, niños y adolescentes en juicios orales, que tiene como fin atender de mejor forma a las víctimas menores de edad.

Su inauguración se efectúo ayer y obedece al auto acordado de la Corte Suprema en el año 2014, donde se estableció la utilización de dichas salas para así reducir la víctimización secundaria de los menores y mejorar el valor probatorio de sus declaraciones.

El espacio - que tuvo un costo de $25 millones - está dotado de tres cámaras de seguridad que le permitirán a los otros jueces e intervinientes poder ver lo que sucede al interior en los instantes en que el juez presidente esté junto a la víctima, quien también dispondrá de libros y juguetes para que así se sientan en un ambiente más acogedor.

De acuerdo a la sicóloga Carolina Puyol, encargada del proyecto de sala especial de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la función del espacio inaugurado ayer "es brindar un lugar adecuado para la toma de declaraciones - diligencia bastante delicada - porque parte de ser un interrogatorio, además tiene que ver con un tipo de información bastante delicada, la gran mayoría son por casos de delitos sexuales, por tanto la sala busca aislar al niño no solo del imputado sino que de la mayor cantidad de gente posible".

Funcionamiento

De acuerdo a lo establecido en el auto acordado de la Corte Suprema en el año 2014, la sala en cuestión podrá ser solicitada por cualquiera de las partes intervinientes durante un juicio.

Cuando la sala sea requerida, será el juez presidente del Tribunal Oral quien se trasladará hasta la recién inaugurada sala para hacerle las preguntas al menor, y en caso de que otros jueces tengan dudas, todos los intervinientes estarán conectados a través de un sonopronter para así transmitirle las inquietudes al menor.

Sobre eso mismo, el juez Óscar Viñuela, en su calidad de presidente (s) del Poder Judicial, dijo que "los niños no ven lo que pasa en la sala y el que interroga es el juez presidente, quien es el que escucha por lo tanto, el nivel de estrés que puede tener el niño es menor y nosotros tratamos de ser lo más papás o abuelos con ellos para tratarlos como se merecen, como niños, y víctimas más encima".

Por su parte, la ministra encargada de los asuntos de familia de la jurisdicción de Temuco, María Elena Llanos, se mostró feliz por el avance en que ha incurrido el Poder Judicial, expresando que "estamos dando un paso porque si no vulneramos a un niño tenemos más posibilidades de que más adelante el niño vaya viendo que la sociedad sí le está dando algo", puntualizó.

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, sometió a proceso al civil Jorge Temer San Martín y a los funcionarios en retiro del Ejército de Chile Exequiel Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda y Ariel Reyes Figueroa como coautores del delito de homicidio calificado de Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos, perpetrado en la comuna de Victoria, el 27 de octubre de 1973.

En la misma causa, Mesa sometió también a proceso a otros siete militares en retiro en su caliad de cómplice del mismo y a Alfredo Parra Uslar en calidad de encubridor.

Lo anterior, puesto que durante la investigación que llevó adelante el ministro en visita quedó acreditado, a juicio de Mesa Latorre, que la libertad de los procesados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y por lo mismo no les concedió el beneficio de la libertad provisional, ingresando 11 de los procesados al Regimiento "Tucapel" de Temuco, mientras que Jorge Temer San Martín, ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.

Resultados

De lo indagado por el ministro se pudo desprender que "durante la segunda quincena de octubre de 1973 llegó a la Novena Región un grupo de militares, que debería cumplir distintas misiones en el área tendientes a desarrollar la denominada "operación peineta" que tenía como fin desarrollar actividades antisubversivas en la zona".

Fue en ese contexto que Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza, durante el mes de octubre de 1973, fueron llevados hasta un fundo propiedad del Ejército cerca de Curacautín donde fueron ejecutados disparándoles ráfagas de fusil.

Efectivos de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros detuvo a dos prófugos que tenían un amplio prontuario delictual.

El primero de ellos fue arrestado en el sector de la Feria Pinto, quien tenía nueve condenas por delitos de robo y en calidad de prófugo hace 7 meses.

Horas más tarde, otro delincuente con antecedentes policiales por 13 delitos de robos, fue detenido en las inmediaciones del Mall Portal Temuco, tras encontrarse desde marzo con una orden de detención pendiente por el delito robo, usurpación de identidad y daños.