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Comisario designado a Fuerzas Especiales está imputado como autor de violencia intrafamiliar

CARABINEROS. El mayor cumpliría funciones en la Segunda Comisaría de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía. Su esposa lo denunció y luego se retractó.
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Camilo Garrido

El mayor de Carabineros Marco Antonio Moraga Martínez (37), quien fue designado recientemente como comisario jefe de la Segunda Comisaría de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía, enfrentó una formalización por violencia intrafamiliar en la Región Metropolitana, donde se le imputó agredir a su esposa.

Según consta en el acta de tribunales, el sábado 1 de octubre de este año se realizó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de control de la detención, donde el fiscal Anatole Larrabeiti Yáñez formalizó cargos en contra del oficial policial por el delito de lesiones menos graves en violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge.

La noche del viernes 30 de septiembre, la mujer habría denunciado una agresión en la comuna de Las Condes a la Policía de Investigaciones, cuyo personal arrestó al funcionario de Carabineros.

Audiencias

En la audiencia de formalización, la jueza de Garantía, Francis Fell Franco, determinó que Moraga Martínez quedara con medidas cautelares alternativas a la cárcel, como son hacer abandono del hogar común que mantiene con la víctima y prohibición de acercarse a la afectada.

En la misma sesión, la magistrada fijó una audiencia de control de medidas cautelares para el 25 de octubre en el mismo tribunal. Sin embargo, en esa oportunidad, según establece el acta del tribunal, la víctima manifestó su intención de desistir de la denuncia.

En el oficio se agrega que la magistrada Andrea Díaz Muñoz, sustituyó las medidas cautelares "A" y "B" del artículo 9 de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar y se reemplazó por la letra "D", esto es "continuar con su tratamiento en el Hospital de Carabineros, en un plazo no menor de 6 meses ni superior a un año", según precisa el documento del tribunal.

La letra "D" del artículo 9 de Ley de Violencia Intrafamiliar establece para los imputados por este delito "la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término".

Durante la primera audiencia de revisión de medidas cautelares en octubre, el Cuarto Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 20 de diciembre.

Traslado

La designación del mayor Moraga Martínez como comisario de la Segunda Comisaría de la Prefectura de Fuerzas Especiales Araucanía, con asiento en Malleco, fue dada a conocer por el Departamento de Personal de la Dirección Nacional Carabineros a través de un oficio. En el documento se precisa el traslado de los oficiales jefes y subalternos desde la Academia de Ciencias Policiales a las diferentes reparticiones del país.

Al ser consultados sobre la designación del nuevos comisario de las Fuerzas Especiales de La Araucanía, la institución de Carabineros declinó entregar antecedentes sobre el tema, lo que ha impedido precisar cuál será el futuro del mayor.

La Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, hacia donde fue designado el mayor Marco Antonio Moraga, se ubica en Pailahueque, localidad que pertenece a la comuna de Ercilla.

Las Fuerzas Especiales son una unidad de Carabineros designada para tareas de control del orden público. En La Araucanía se le ha encomendado labores como el resguardo a víctimas de la violencia rural y detención de sospechosos en el marco de los atentados a predios e iglesias en la zona, entre otros.

Fijan fianza de $10 millones para otorgar la libertad a Luis Tralcal

CASO LUCHSINGER. Tribunal temuquense modificó las razones de prisión preventiva que pesan sobre el imputado.
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El juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, fijó una fianza de 10 millones de pesos para dejar en libertad a uno de los imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

Se trata de Luis Tralcal Quidel, quien permanece bajo prisión preventiva desde el pasado 11 de marzo, fecha en que fue detenido junto a otros diez comuneros mapuches imputados por el caso.

El juez de Garantía modificó las razones de la prisión preventiva y no consideró al acusado como un peligro para la seguridad de la sociedad, pero sí estimó que había peligro de fuga.

Pese a que la parte querellante de la familia Luchsinger Mackay solicitó un monto de 20 millones de pesos, el juez decretó que la cifra sea de 10 millones de pesos.

Desde el Ministerio Público indicaron que evalúan la presentación de una apelación para revocar el aviso del juez de Garantía que le otorgó la libertad bajo estas condiciones a Luis Tralcal Quidel.

Mientras, el imputado continuará en prisión preventiva, hasta que se haga efectivo el pago, lo que hasta el cierre de esta edición aún no ocurría.

Luis Tralcal fue detenido junto a otros diez comuneros el 30 de marzo de este año, como sospechosos por la muerte del matrimonio de agricultores Luchsinger -Mackay a raíz de un ataque incendiario ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013, en el fundo Granja Lumahue, en el sector General López de la comuna de Vilcún.

En este lugar, donde el matrimonio falleció calcinado, el ex presidente Sebastián Piñera, en su visita a La Araucanía, se reunió con la familia de las víctimas.

La detención de los 11 comuneros ocurrió tras la declaración de José Manuel Peralino Huinca, quien habría delatado los hechos ocurridos el día del deceso del matrimonio. Su relato, presentado el 23 de octubre del 2015 según Fiscalía, consigna a los 11 detenidos como presuntos participantes del ataque incendiario.

Fianzas

Esta se trata de la tercera fianza que otorga el Juzgado de Garantía para modificar la prisión preventiva de tres imputados por el crimen de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

El primero fue Hernán Catrilaf, quien salió de la cárcel el pasado 30 de agosto tras pagar una caución de 10 millones de pesos. La misma situación la vivió el comunero Juan Tralcal Quidel, a quien en una audiencia realizada el martes 30 de agosto le fue impuesta una fianza -también- por 10 millones de pesos.