El senador Alberto Espina (RN), acompañado del senador José García Ruminot, presentó a tramitación en la Cámara Alta un proyecto de ley que permite indemnizar a las víctimas de la violencia rural en La Araucanía.

La iniciativa obliga la creación de una entidad llamada Consejo para la Paz Social en La Araucanía, la que dependería del Ministerio del Interior, y que se responsabilizaría de diversas acciones, como identificar a los afectados por este tipo de delitos y atentados desde 1990, y determinar actos de reparación para cada caso.

El documento, respaldado por los diputados de Renovación Nacional por esta Región, insta al Presidente de la República a nombrar a los integrantes de este Consejo dentro de 30 días desde su promulgación, quienes tendrán la tarea de elaborar un informe sobre las víctimas de la violencia rural local en un plazo de seis meses -prorrogable por seis meses más-.

"El Consejo deberá fijar audiencia para recibir el testimonio de las víctimas del conflicto y, si es necesario, de sus familiares" indica el artículo 2 del proyecto, el que también obliga a esta nueva institución a entregar antecedentes sobre hechos delictuales al Ministerio Público cuando se requiera.

Fundamentos

Espina fundamenta la elaboración del proyecto con una "falta de servicio en el Estado" a los casos de violencia en la zona planteado por el difunto senador radical Enrique Silva Cimma.

"El Estado, debiendo cumplir su obligación de guardar y garantizar el derecho a la vida y a la seguridad personal de los ciudadanos, y no siendo esto por regla de delitos comunes sino que delitos que tienen una motivación de expulsar y dañar a quienes quieren el camino de la paz social en La Araucanía, entonces se establece una indemnización", indicó.

Por su parte, el congresista José García Ruminot comentó que se espera un gesto primordial para que la iniciativa llegue a puerto es que el Poder Ejecutivo apoye la iniciativa. De hecho, los propios parlamentarios prevén que el proyecto se declarará inadmisible en el Senado cuando se exponga al pleno este martes o miércoles. "(El proyecto de ley) significa ampliar facultades y atribuciones del Ministerio del Interior, por lo tanto requerimos que el Gobierno lo haga suyo", dijo García.

De todas formas el par de Espina entregó señales de confianza en que el Gobierno apoyará la instancia. "El hecho de que se haya incorporado por primera vez en la Ley de Presupuestos del 2017 el financiamiento de proyectos productivos para las víctimas constituye un primer reconocimiento y primer paso en la dirección de reconocer a las víctimas de la violencia y de querer repararlas, por lo tanto esto es como el paso siguiente", dijo el senador.

Cabe recordar que en noviembre de este año, el Gobierno aprobó $ 3 mil millones para apoyar a las víctimas de la violencia rural en la Región, los que se repartirán desde el Ministerio de Interior.

Desde el oficialismo, el senador Eugenio Tuma (PPD) exigió que exista una consideración inclusiva para la mayor cantidad de afectados por la situación en la Región. "Cuando nosotros hemos rogado para que el Estado repare el daño efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas de una situación que ha provocado el propio Estado", opinó Tuma.

Además, el senador del PPD aludió a la priorización de ayudas hacia víctimas del mundo empresarial y baja consideración a las de comunidades indígenas. "El Estado sigue provocando daño a muchos sectores, especialmente mapuches, y no hay preocupación de crear consejos o reparaciones", comentó el senador PPD.

Voluntades

El director de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru) en La Araucanía, Ewald Luchsinger, consideró como loable todo lo que vaya en función de la reparación de víctimas de la violencia, aunque tiene bajas expectativas sobre el desarrollo de la iniciativa.

"El punto es que esto tenga sustancia y sea llevado con seriedad para llegar al objetivo final, porque hasta la fecha hemos escuchado de muchas buenas intenciones que finalmente mueren en el camino", opinó Luchsinger.

Uno de los principales motivos de la inseguridad de quien también fuera víctima de un atentado incendiario en su fundo en la comuna de Vilcún, es sobre falta de voluntad para que el Poder Ejecutivo acoja el proyecto. "Aquí la falencia principal es la falta de voluntad política para poder poner atajo a la violencia, por una parte, y por otra parte lograr aunar criterios y esfuerzos, de tal manera que toda la reparación de víctimas sea una realidad", dijo.

En tanto el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, expresó desconfianza con el senador Alberto Espina, indicando que por medio de su instancia intenta "imponer las mentiras actuales para borrar las verdades del pasado" respecto a la situación de la Región.

"Lo primero que se requiere para La Araucanía es esclarecer los hechos en 1881 en aquellos actos conocidos como Pacificación de La Araucanía. Mientras eso no suceda, todas las cuestiones son parciales, de parche, hasta sin sentido", indicó Aucán Huilcamán.

Este miércoles, los parlamentarios de la Región se reunirán con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, lo que los parlamentarios oficialistas consideran una oportunidad ideal para presentar el proyecto al Gobierno. "Esta es una reparación mínima que el Estado puede hacer a víctimas que han quedado por décadas abandonadas", indicó el senador Espina.