Opiniones encontradas entre los parlamentarios oficialistas y de oposición generó el apoyo que entregó el abogado de la Intendencia al alegato de la machi Francisca Linconao para obtener el arresto domiciliario, situación que derivó en que la familia Luchsinger- Mackay entregara una carta al intendente Miguel Hernández (DC), advirtiendo que ya no confían en el Gobierno y que prefieren continuar solos hasta el final del juicio.

El senador Alberto Espina (RN) justificó la petición de la familia debido a lo ocurrido con el abogado y que no ha pedido diligencias en el caso.

"El Gobierno está preocupado de defender a los acusados y no a las víctimas, por eso es mejor que se retire del caso en que murieron quemados vivos el matrimonio Luchsinger Mackay", puntualizó.

Además, Espina agregó que el Gobierno "hasta el momento no ha aportado con ninguna prueba ni ha pedido diligencias y, para colmo, termina alegando en la Corte a favor de una de las acusadas para que quede sin prisión preventiva, cediendo a la presión de una huelga de hambre", expresó Espina.

Solidaridad

El diputado Fuad Chahin (DC) dijo que la petición es una decisión personal.

"La familia Luchsinger Mackay tiene todo el derecho a realizar las gestiones que estime convenientes", pero Chahin aclaró que la actuación del abogado de la Intendencia Alexandro Álvarez, no es contradictoria.

"Hay dos cosas que no se deben confundir: la discusión de una medida cautelar en un escenario particular y otra cosa es la acción de fondo donde el Gobierno como querellante lo que busca es la condena de los autores del horroroso ataque al matrimonio", argumentó Chahin.

El senador José García Ruminot (RN) dijo que comprendía los sentimientos de la familia. "Uno espera que el querellante sea un aliado en la persecución penal y no está ocurriendo así".

Sobre la actuación como querellante, García expuso que "el Gobierno presenta querellas y luego las deja abandonadas a su suerte contribuyendo a la impunidad existente".

Ante la carta pidiendo la salida del caso, el senador Eugenio Tuma (PPD) manifestó comprender a la familia y sobre el apoyo a la machi dijo que fue un acto de humanitario.

"No se debe confundir lo que es el proceso de persecución criminal con la defensa de los derechos de las personas y los convenios internacionales", explicó Tuma

Por su parte, el diputado Germán Becker (RN) calificó como insólito lo ocurrido en el alegato de la machi.

"Me parece insólito lo que hizo el abogado, no había visto nunca esa situación. Entiendo que esto vino del poder central. Tenían temor que la machi sufriera una descompensación. Pero estas cosas no pueden suceder", afirmó Becker.

Quien se mostró contrario a lo hecho por el Gobierno fue el diputado Joaquín Tuma (PPD).

"Que la machi esté en prisión o con arresto domiciliario creo que es suficiente garantía de que ella no eludirá la justicia. Sobre el abogado de la Intendencia creo que el gobierno debió mantenerse al margen, para eso existe un defensor penal público", comentó el diputado Joaquín Tuma.