La Cámara de Diputados confirmó que algunos parlamentarios recibieron asesorías externas de manera oral y aseguró que entregará todos los antecedentes al respecto a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

La Cámara Baja confirmó este antecedente después de haber sido oficiada por los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra, en el marco de la denuncia realizada por la ex asesora de la UDI Lily Zúñiga, quien acusó supuestas irregularidades en la contratación de asesorías externas por parte de legisladores.

Nómina

Por ello, la Corporación deberá emitir una lista de todos los servicios prestados por empresas o personas a los 120 diputados durante el período 2011 a 2015 y el valor de estos, según consignó Emol.

"Hasta agosto de 2015 habían muchas asesorías que podían prestarse, algunas que son sólo presenciales, como cuando los asesores iban a las comisiones y sólo tomaban notas, no se hacían informes, pero se entregaba un reporte a los parlamentarios. Esa es una modalidad que cambió en agosto de 2015 por un acuerdo del consejo y ahora todas tienen que tener un reporte escrito", explicó el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

El representante de la institución indicó que "sin perjuicio de que dicha información es de dominio público (está en la página web), la Corporación remitirá todo lo solicitado en los plazos y términos requeridos por el Ministerio Público".

Landeros añadió que todo está disponible para entregárselo al Ministerio Público, ya que "tenemos una oficina que controla que esas asesorías se realicen en el mes correspondiente, que se entreguen los informes y se imputen a la asignación de asesoría externa los montos que corresponde a cada parlamentario".

Con la decisión de la Cámara, el Ministerio Público podrá analizar, por primera vez, cada uno de los pagos y contrataciones que el Parlamento realizó durante ese tiempo y tiene la particularidad de apuntar a la totalidad del Hemiciclo.

El director de Gendarmería, Jaime Rojas, dijo que los casos considerados en el informe de la Contraloría General de la República que objetó el derecho a cotizar en Dipreca de más de 400 funcionarios de esa institución no se van a transformar en nuevos "jubilazos".

El documento de la Contraloría cuestiona la incorporación al sistema de reparto de 52 funcionarios que no son de planta y de otros 372 que no se encuentran adscritos a unidades penales.

A propósito del informe, Rojas enfatizó que "no se van a transformar en jubilazos, porque estamos operando con un tope de 60 UF, y mientras no haya una situación legal distinta no se van a transformar en 'jubilazos'".

El informe plantea que ocho ex funcionarios aparecen con pensiones por sobre las 60 UF.

Rojas argumentó que para elaborar el informe, Contraloría "auditó y revisó los procedimientos administrativos en el periodo 2015 y la mitad de 2016, que es anterior a mi llegada". "Estamos reconociendo la situación que tenía Gendarmería al mes de junio en materia de remuneraciones y otros aspectos administrativos de los que nos tenemos que hacer cargo", agregó.

Los antecedentes

El documento señala que 90 personas que figuran en calidad de contrata aparecen como imponentes de Dipreca, en circunstancias que debieran estar en el sistema de AFP. De ellos, 63 no desempeñan labores en unidades penales, que es otro de los requisitos necesarios para la incorporación a este sistema previsional.

El informe agrega que de los 90 funcionarios cuestionados "se constató, en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado de esta Contraloría General, que sólo 38 conservan cargos en la planta".

"engranaje" interno

El contralor General de la República, Jorge Bermúdez, dijo que hubo un "engranaje" de 400 funcionarios de Gendarmería para sumarse a Dipreca, aunque debían pertenecer al sistema de AFP, con lo que podrían alcanzar una cifra mayor para su pensión.

La autoridad explicó que se detectó que muchos de ellos, meses antes de jubilar, recibían asignaciones sólo por ese periodo "porque el único objeto que tuvo fue aumentar su régimen remuneratorio para efectos de obtener una mejor pensión". "Cuando una persona está en un régimen previsional que no le corresponde, está bajo una ilegalidad", agregó.

Mabel González

La intención de Bolivia de "cuantificar" las, a su juicio, "pérdidas económicas" que el uso de las aguas del Silala por parte de Chile presuntamente le ha causado, fue desestimada ayer por el canciller Heraldo Muñoz, quien reafirmó que "la física y la geografía están de nuestro lado".

"Chile está haciendo su trabajo y seguramente las autoridades bolivianas están muy preocupadas, porque Chile ha hecho su trabajo de manera responsable, seria, con apoyo científico, con datos históricos, con documentos, declaraciones y mapas bolivianos que van a estar en nuestra memoria", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores sobre la demanda que interpuso Chile, en junio pasado, luego que el Presidente boliviano, Evo Morales, afirmara que el caudal no es un curso de agua transfronterizo y que, en consecuencia, su país tendría derecho al uso del 100% de sus aguas.

Estudios

Según informó ayer el secretario general de Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala (DireSilala), René Martínez, un equipo multidisciplinario de expertos realizará estudios con el fin de cuantificar las presuntas pérdidas económicas que habría sufrido el país altiplánico producto del uso de las aguas del Silala por parte de Chile.

Las pérdidas estarían relacionadas con el supuesto monto mensual que, a juicio del Gobierno boliviano, Chile debería pagar por utilizar las aguas del río. Ello es rechazado por el Ejecutivo, pues defiende que el recurso es de características internacionales y que su paso por territorio chileno es producto de su cauce.

Muñoz indicó que la labor realizada por estos especialistas cuenta "con el apoyo de la física y la geografía, que están de nuestro lado, porque la inclinación y la ley de gravedad es indesmentible".

El secretario de Estado agregó que "la posición de Chile ya fue conocida en la aplicación y va a ser elaborada en la memoria. Este es un río internacional, son aguas internacionales y, por lo tanto, Chile tiene el perfecto uso de hacer utilización de estas aguas en su territorio".

"Así lo ha sido desde siempre, desde el año 1906, en que se dio una primera concesión por parte del Estado a un privado en nuestro país, en nuestro territorio", remarcó.