Parece que la tan señalada Mesa Asesora Presidencial que instaló Bachelet se ha quebrado en sus postrimerías. No podía ser de otro modo. Es muy raro, en primer lugar, que una mesa de este tipo esté encabezada por la Iglesia. No se trata de una mirada precisamente antireligiosa sino de asumir que la iglesia debe tener un lugar secundario en un Estado laico. Tiene un papel relevante para sus fieles, pero no podemos permitirnos que temas relevantes para todos y todas sean coordinados por actores religiosos… sean de la confesión que sean.

Si a las declaraciones hechas en este mismo diario por Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuche, nos atenemos, se revela con total magnitud que esta comisión pasará a la historia como una pérdida de tiempo y de fuerza de personas que si bien tienen buenas intenciones, no poseen la fuerza suficiente para poder construir una nueva manera de entender la relación ahora conflictiva entre el Estado y el pueblo mapuche.

Las palabras de Caifal son de máxima gravedad pues señala que acuerdos logrados por medio del consenso y la discusión no se habrían materializado en el informe final. Esto implica, raya para la suma, que el trabajo de discusión que durante meses llevaron a cabo actores políticos (a esta altura queda claro que todos son actores políticos) de distinto tinte, carece de legitimidad para poder siquiera encauzar la generación de medidas para avanzar en la solución del más grave conflicto que tiene la sociedad chilena hoy.

El reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas no puede ser materia ni siquiera de discusión. Es una obviedad. Un Estado moderno es capaz de reconocer la diferencia y potenciarse de ello. La identidad es una construcción en permanente negociación con el entorno. Si el Estado no es capaz de aceptar está situación entonces una comisión de cualquier tipo es una pérdida de tiempo. La identidad, aún flexible y en construcción, no es negociable. Es el piso mínimo para poder -no tolerar al otro- sino relacionarnos de forma más o menos simétrica.

Es urgente pensar un Estado descentralizado y plurinacional. No hay vuelta en este camino. Mientras más demoremos o escondamos la cabeza en la arena (lo cual es lo mismo) los problemas se agudizarán.

Para los suspicaces de siempre: la delincuencia va por otro camino y debe ser enfrentada con las armas legales que un Estado moderno ha discutido, pero en democracia sí.

Luis Nitrihual Valdebenito Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades

Desde la década de los '80, el acceso al crédito de consumo ha logrado una gran importancia en el país. Sin embargo, la contratación de préstamos por sobre la capacidad de los ingresos familiares ha generado un largo debate acerca de si los hogares están sobreendeudados, considerando que esos compromisos desembocan en trastornos económicos, financieros, sociales y dramas familiares.

Según el último informe de Deuda Morosa, que realizan en conjunto la Universidad San Sebastián y Equifax, el total de chilenos morosos se incrementó el año pasado en casi un 9%, lo que significa que más de 4 millones de personas están en esa condición.

El endeudamiento no responsable es una espiral a la que se ingresa con mucha facilidad pero de la cual es difícil salir. La deuda de los hogares se duplicó en la última década, por el incremento del uso de tarjetas de crédito que ofrecen un amplio sistema de cuotas para la compra de bienes, pero los intereses terminan asfixiando a muchas familias.

Es cierto que el acceso al crédito ha permitido que las familias aumenten sus niveles de consumo y modifiquen sus condiciones de vida, pero también se ha acompañado de un incremento del endeudamiento. De acuerdo con algunos economistas, el nivel de deuda a nivel general se mantiene dentro de parámetros normales, porque la gran mayoría cumple con sus compromisos. No obstante, a medida que se ha abierto el acceso al crédito para los segmentos medio-bajo y bajo, especialmente, éstos han caído en un sobreendeudamiento.

Algunos informes revelan que Chile lidera las compras de vestuario en América Latina y tiene el parque automotor más moderno. Obviamente, no se trata de renunciar a un sistema que ha permitido a las familias acceder a nuevos bienes y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, un sector importante no lo ha asumido con la debida responsabilidad. Las empresas deberán revisar sus parámetros, para no generar una burbuja de deudores insolventes.

Hace 40 años | 24 de enero 1977

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