Ramón Tolosa Calderón

El coordinador de la Comisión Asesora Presidencial por La Araucanía, obispo de Temuco, Héctor Vargas, explicó que durante el trabajo de la mesa se pudo constatar una deuda sobre el respeto del Estado de Derecho en La Araucanía.

Ayer el religioso entregó una copia de las propuestas de la Comisión al intendente Miguel Hernández, después que el lunes pasado las entregara oficialmente a la Presidenta Michelle Bachelet.

Consultado Vargas sobre la visión de la Comisión ante el imperio del Estado de Derecho, el religioso dijo que tras el trabajo se concluye que está debilitado.

"La Comisión afirma que efectivamente el Estado tiene una deuda muy grande respecto del Estado de Derecho y por eso solicita formalmente que el Estado de Derecho pueda cumplirse y llevarse a cabo en la Región en forma plena y total. Hay una deuda respecto del Estado de Derecho está, al menos, debilitado", dijo el obispo.

Seguridad

El tema de la seguridad en la zona fue abordado en el documento de la Comisión en el capítulo denominado "Propuestas de reparación de las víctimas de la violencia en la Región".

En ese apartado se plantea que "en La Araucanía, el Estado de Chile no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones para proteger sobre todo a las víctimas de violencia rural en territorios interétnicos, sintiéndose muchas personas en la absoluta desprotección producto de la inseguridad y temor que sufren constantemente", explica el texto entregado a la Presidenta.

Emilio Taladriz, de la Multigremial y que integró la Comisión, explicó que el Gobierno debe atender este tema con urgencia.

"El Estado de Derecho está en entredicho en varios sectores de nuestra Región donde las personas no pueden ejercer su legítimo derecho a la propiedad y es un tema que el Gobierno tiene que atender con urgencia y las propuestas tienen que ver con la reparación a las víctimas", mencionó.

Jorge Reinao, presidente de la Cámara de Comercio Mapuche y que también integró la Mesa, ante la pregunta de que si existían las condiciones de seguridad para hacer inversiones en La Araucanía, dijo que respetando los convenios existentes no se debería tener inconvenientes.

"El convenio 169 de la OIT, plantea que para poder hacer inversiones en territorio indígena se deben realizar consultas y cuando se establece relación con la comunidad no debería haber problema, el inconveniente está cuando se quieren hacer inversiones sin dialogar con las personas. Se está muy acostumbrado a eso, hacer las cosas rápido sin consultar a las comunidades", mencionó Reinao.

Antes que comenzara un gabinete ampliado de los seremis y directores de servicios de La Araucanía, ayer en la intendencia, la primera autoridad regional Miguel Hernández (DC) recibió de manos del obispo de Temuco Héctor Vargas una copia del informe que fue entregado a la Presidenta de la República.

En la ocasión el intendente Hernández entregó los pasos que seguirá ahora el Gobierno con estas propuestas.

"El Ministerio del Interior inició el proceso de consolidar un equipo para ver estos temas, trabajo que canalizará las sugerencias en propuestas de ley para La Araucanía, los pueblos originarios y para las reparaciones a las víctimas de la violencia, además de otras resoluciones en términos administrativos trabajo que concluirá en febrero o principios de marzo para que después la Presidenta realice una propuesta", relató Hernández.

Consultado el intendente por su opinión ante los dichos del ministro del Interior Mario Fernández en la interpelación, donde afirmó que hay terrorismo en La Araucanía, Hernández dijo que "si lo hizo en la forma que se expresó, es que tiene antecedentes que así lo amerita. Lo que puedo decir es que comparto las expresiones del ministro. Esta situación de violencia en la región no ayuda en nada y tenemos que resolverla en el más corto plazo y este informe apunta a eso", dijo Miguel Hernández.

En cuanto a las propuestas la Comisión menciona que "es necesario asumir la responsabilidad estatal, y generar mecanismos compensatorios sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales". En esta misma línea se solicita en el informe "en paralelo aumentar la eficacia de las policías. Es imprescindible la implementación de fórmulas indemnizatorias para las víctimas de violencia rural con connotación indígena entendiendo que en la destrucción de propiedad privada y en la pérdida de vidas humanas, lo que en efecto ocurrió fue una omisión del auxilio estatal en la labor de seguridad".