La madrugada del domingo nuestra Región de La Araucanía vivió uno de los episodios más lamentables en el marco de la denominada violencia rural. Encapuchados atacaron a la empresa de transportes Cavalieri, incendiando 19 camiones y 7 ramplas, dejando pérdidas que superan los dos mil millones de pesos y varios trabajadores afectados.
Se trató del episodio de mayor magnitud que afecta a un transportista de la zona y, como ha sucedido en la mayoría de estos ataques, no hay personas detenidas, a pesar de que esta vez hay claridad de que hubo seis sujetos a rostro cubierto involucrados, quienes actuaron con armas y antorchas.
Si bien el mismo Gobierno admitió de que se trataba de un acto terrorista, lo cierto es que los delincuentes aún no logran ser identificados.
Tienen razón los dirigentes gremiales al manifestar su desilusión por los escasos resultados para identificar y detener a los autores de estas acciones, lo que incrementa el clima de inseguridad y la evidente sensación de impunidad para quienes promueven y ejecutan estas lamentables formas de violencia.
Ha procedido bien la autoridad local en repudiar el hecho, calificando a sus autores de "mentes enfermas y desquiciadas", tal como señaló el seremi de Gobierno, Mario González, sin embargo, hasta que no haya avances concretos en las investigaciones ni condenas para sus autores, el manejo de la situación en La Araucanía seguirá en deuda.
La comunidad regional no puede seguir expuesta a este clima de violencia. Por ello, se exige que la autoridad y las policías refuercen sus planes para enfrentar estos episodios. La Araucanía debe recuperar la paz y la tranquilidad. No es posible que se siga expandiendo este escenario de temor, ni que empresas y trabajadores que nada tienen que ver con las motivaciones de estos delincuentes continúen perdiendo sus herramientas de trabajo.
Lo que la Región espera es mayor dureza y resultados concretos para frenar este espiral violentista. Es un derecho de todos nuestros habitantes.