Camilo Garrido

Un proyecto de ley que presentaron los senadores de Renovación Nacional (RN) por La Araucanía, Alberto Espina y José García Ruminot ya fue aprobado en ambas cámaras y consiste en una propuesta para evitar la dilación injustificada de juicios.

El recurso había sido presentado a la Cámara Alta el 30 de noviembre de 2013. Tras su aprobación, pasó a revisión a la Cámara Baja el 17 de junio de 2015, pero tras un rechazo en primera instancia de los diputados y la formación de una comisión mixta para acordar modificaciones al proyecto que culminó en la aprobación de ambas Cámaras, ahora sólo se está a la espera de que la Presidenta de la República apruebe y promulgue la posible nueva ley.

Según los legisladores, el proyecto nace criticando algunos procesos judiciales por delitos en el marco de la violencia rural en La Araucanía.

"En la Región de La Araucanía hay una cantidad muy importante de juicios, muchos de ellos vinculados a actos de terrorismo o violencia extrema que se han suspendido por el uso de resquicios legales, entre 18 y 25 veces, demorándose más de tres años en su tramitación, entre ellos el propio caso Luchsinger-Mackay (…) por lo tanto, es un gran avance en lograr que se haga justicia en forma oportuna y se repare a las víctimas y se condene a los culpables", explicó el senador Espina, creador de la misiva.

Por su parte, el senador García Ruminot opinó que el proyecto "debe permitir que los juicios pueden fluir con rapidez, tengo la convicción que la justicia cuando no es oportuna, no es justicia y creo que proyecto va en esa dirección".

Los puntos

El proyecto propone cuatro modificaciones principales al Código Procesal Penal. El primero indica que, en el caso que un juez de garantía solicite medidas para que el imputado de un delito pueda ejercer sus derechos cuando ellos estén en riesgo durante el desarrollo de un juicio, si se determina la suspensión de una audiencia "ello tendrá lugar por el menor tiempo posible", además de permitir que la Fiscalía o el abogado de la víctima se opongan a las solicitudes de cautelas de garantías del imputado.

Un segundo punto habla de sancionar al abogado defensor que se ausente o retire de una audiencia, para lo cual el juez puede aplicarle la prohibición de ejercer su profesión entre 15 y 60 días.

El tercer punto propone que el abogado defensor "no podrá renunciar a la representación del imputado dentro de 10 días anteriores al inicio del juicio".

Finalmente un cuarto punto busca regular las inasistencias o abandonos injustificados de parte del fiscal a audiencias, para lo cual el juez debe llamar a otro representante de Fiscalía e informar la situación al fiscal regional para tomar medidas disciplinarias contra el fiscal ausente.

Respecto al proyecto que está ad-portas de ser promulgado, el defensor regional de La Araucanía, Renato González, consignó que "los juicios actuales, y los que por cierto vendrán, deben ser resueltos en un plazo razonable. No podemos olvidar que existen personas inocentes, algunas de ellas privadas de libertad, que están siendo juzgadas y que tienen el derecho que su causa se vea dentro de márgenes de tiempo prudentes".

Al consultarle sobre cómo este proyecto, de ser promulgado, puede afectar al desarrollo del caso Luchsinger Mackay, el defensor contestó que "la ley que eventualmente se promulgue, y a que se hace mención, no debiera afectar los casos (...) buscar la verdad, respetar los derechos y dictar una sentencia conforme al mérito de la prueba es absolutamente compatible con evitar las demoras injustificadas".