En libertad y con la medida cautelar de arresto domiciliario total, quedaron los comuneros mapuches detenidos al interior de la comunidad Juan Antinao de Ercilla que fueron imputados por el ataque armado al predio de la familia Bascur Sepúlveda, en la localidad de Pidima.

Los detenidos, dos de ellos menores de edad, fueron formalizados por la Fiscalía por los delitos de homicidio frustrado a Carabineros, porte ilegal de armas, microtráfico y tenencia de municiones.

Según indicó el general Eric Gajardo, de la Zona Araucanía de Control de Orden Público de Carabineros, los comuneros fueron detenidos en flagrancia tras una persecución de más de cuatro horas tras el ataque a la familia Bascur, que cuenta con protección policial.

"En el último tiempo se habían registrado numerosos ataques a esta familia (...) estamos muy satisfechos desde el punto de vista policial por tener una respuesta oportuna en este ataque", sostuvo el general.

La hija del matrimonio violentado manifestó que sus padres no resultaron lesionados en el ataque, sin embargo, lamentó esta nueva agresión a la parcela donde viven en medio de la zona roja del conflicto.

"Ya estamos cansados, el miércoles ni siquiera pudieron ser censados, ya que todos los caminos estaban cortados", señaló Jessica Bascur.

Desde la Multigremial, en tanto, su nuevo presidente, Luciano Rivas, expresó su apoyo a la familia y reiteró el llamado al ministro del Interior para que visite a los Bascur, tal como se lo pidieron en la interpelación en el Congreso, en enero de este año.

"El tema de la familia Bascur es prácticamente insostenible, ellos reciben ataques constantemente con armamento. Es un tema que debe terminar pronto y esperamos que el Gobierno se ponga los pantalones para trabajar en ese punto", sostuvo.

Camilo Garrido

Rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco quedó el recurso de amparo que interpuso la defensa del exalcalde de la comuna de Providencia y coronel en retiro, Cristián Labbé, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Destacamento de Montaña número 8 Tucapel en calidad de imputado del caso de tormentos que se interpuso en su contra.

La decisión, resuelta por unanimidad ayer en la segunda sala de la Corte -presidida por la ministra María Elena Llanos Morales e integrada por los ministros Alejandro Vera Quilodrán y Luis Torres Sanhueza (suplente)- implica que se mantiene la medida cautelar de Labbé.

Alegatos

Durante los alegatos presentados en la segunda sala de la Corte de Apelaciones, el abogado defensor de Cristián Labbé, Christian Espejo, indica que existen contradicciones en el relato de las víctimas de la querella, las que encuentra que no han sido subsanadas.

"En este caso el señor (Bernardo) Santibáñez y el señor (Juan) Rosales señalan expresamente que nunca fueron torturados por Labbé. No lo sindican como una persona que le haya aplicado tormentos ni menos apremios ilegítimos, por lo tanto no puede sustentarse un auto de procesamiento respecto a personas que ni siquiera lo denuncian, y respecto que nadie vio que ejerciera esa conducta", indicó.

A su vez, cuestionó el testimonio que entregó Jaime Rozas González, uno de los cuatro querellantes en el caso. "Señala que el Labbé del '73 es igual al Labbé que está saliendo de Providencia el 2013, y eso tiene que ver con el reconocimiento de una persona (...) y por eso hemos hablado de un montaje, muy bien realizado, pero que se cae", comentó Espejo.

El tribunal consideró que la resolución que sometió a Labbé a proceso, además de la medida cautelar de prisión preventiva, fue decretada por una autoridad competente, además de que "no se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad alguna en su privación de libertad, razón por la cual ha de rechazarse la acción de amparo del modo en que se dirá en lo resolutivo".

El abogado Roberto Ávila, quien es querellante en la causa de apremios ilegítimos contra cuatro personas cometida en la comuna de Panguipulli, expresó gran conformidad tras la decisión del tribunal de rechazar el recurso. "Estamos muy conformes, se ha aplicado el derecho, se ha rechazado el temerario recurso de amparo interpuesto por el coronel Cristián Labbé, esto significa en lo inmediato que el procesado por torturas continúa en prisión preventiva", dijo el profesional.

Si bien desde el círculo cercano de Labbé indicaron que aún no han tomado una decisión respecto a apelar, el abogado querellante Roberto Ávila indicó que podría hacerlo dentro de un plazo de cinco días a contar de ayer. "Podría apelar del auto de procesamiento, pero como ellos anticiparon resolución sobre esto al interponer este recurso, el destino de esa apelación quedó muy menguado dentro de sus posibilidades", dijo Ávila.

En cuanto a la querella, el abogado Ávila indicó que aún hay diligencias pendientes. "Apuntan a acreditar aún más los hechos y la participación culpable del señor Labbé en estas torturas deleznables que no tenían por otro propósito que enseñar a torturar y que sometieron a un infierno a un ciudadano que no tenía ninguna participación política por si ello fuera una causal suficiente, que no lo es", consignó.