Camilo Garrido

A la justicia acudirá un grupo de colectiveros -propietarios y choferes- afectados por el retiro de cartolas que les permiten trabajar como locomoción colectiva en La Araucanía tras contar con permisos ilegales. La idea es revocar la decisión judicial y retomar sus labores.

Así lo decidieron tras reunirse los emprendedores con abogados asesores, vinculados a las mismas líneas de colectivos de Temuco y Padre Las Casas, quienes consideran que fueron estafados por autoridades y por algunos empresarios, también dueños de colectivos.

El abogado Jorge Lavanderos, quien colabora con la línea 24, indicó que "por un lado va el recurso de protección, lo estamos estudiando, y después eventualmente van las responsabilidades para las indemnizaciones que les corresponde, y de quién les corresponda".

Decisión

El profesional ha reunido testimonios de las líneas 111, 17, 24 y 20, con quienes se coordinaron -y seguirán haciéndolo- para apelar. "El recurso de protección es específicamente para buscar que la corte decrete una orden de no innovar, para que así las personas puedan seguir trabajando mientras se investigue esta situación", explicó Lavanderos.

Con los relatos de los afectados, el abogado reunió diversos antecedentes que le permiten estudiar la posibilidad de presentar en grupo una serie de demandas a la Corte de Apelaciones de Temuco, algo que decidirán este martes 2 de mayo.

Sin embargo, según han anticipado, la presentación de recursos se realizaría de forma separada. "Cada recurso se presentará de forma independiente (...) Cada condición, cada caso es distinto, los recursos de protección tienen un plazo de 30 días para presentar, y en todos hay situaciones distintas, entonces creo que es conveniente presentarlos tal vez todos juntos pero en escritos aparte", indicó Jorge Lavanderos.

En cuanto a las situaciones de perjuicio para los propietarios de colectivos afectados, Lavanderos asegura que se encuentran al menos dos tipos de casos. Uno de ellos consiste en información incompleta sobre los registros de los vehículos que han sido reemplazados para renovar el parque vehicular sin alterar el número de móviles. "En ese caso está aún más complicado, porque aparece reemplazando un vehículo que no aparece que fue colectivo nunca, y eso no es posible que ocurra", consignó.

El segundo caso consiste en personas, dueños de vehículos, a los que aún no se les han retirado las cartolas, tal como ocurrió durante la jornada del lunes 24 a 165 colectivos. Así lo consignó Jaime Leal, dueño de un vehículo de la Línea 24 que fue sacado de circulación como locomoción colectiva. "Llegaron varios casos que no les han quitado la cartola todavía, pero ellos saben que sus autos tienen problemas", explicó.

El abogado Jorge Lavanderos enfatizó en la necesidad de que las personas mantengan su fuente de ingreso. "No debemos olvidar que en Chile rige un principio de la buena fe, y mientras no haya una sentencia que declare la nulidad de este acto administrativo o la culpabilidad de alguna persona, especialmente las que están trabajando ahora, debe entenderse la buena fe de ellos y su inocencia en cualquier caso y no debieran en estos momentos a una persona inocente privarle del derecho de ejercer una actividad económica", opinó.

Otro recurso

"El martes iríamos a presentar los recursos (...) lo que viene después de eso es demandar al Estado y a los que nos vendieron a nosotros", indicó Jaime Leal.

Respecto a eso, el abogado Jorge Lavanderos consignó que existe la posibilidad de presentar demandas civiles para exigir indemnizaciones, pero que eso se decidirá una vez que finalice la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

"Las indemnizaciones y las responsabilidades son justamente contra el Estado y contra el vendedor. Esa demanda debe ir, pero todo en su momento", comentó.

Por el momento, los propietarios de colectivos fiscalizados están convocando a sus pares a que se reúnan en sus líneas correspondientes para sumar denuncias en torno a esta problemática.

Tras la admisión de 44 testigos y la inclusión de la prueba pericial, ayer en la tarde se inició la revisión de las pruebas documentales que serán presentadas al juicio oral por el caso del ataque incendiario con resultado de muerte de los agricultores Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

En la quinta jornada de preparación de juicio oral, la Fiscalía ofrece un total de 51 documentos a la jueza de Garantía Alejandra García Bocaz, quien fue admitiendo y excluyendo una a una las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Entre la documentación que intenta llevar la Fiscalía al juicio se encuentran reportes de la PDI que dan cuenta de análisis de tráfico y celdas de antenas celulares ubicadas en el sector Rahue, en las cercanía del lugar donde ocurrió el atentado que le quitó la vida al matrimonio Luchsinger.

Asimismo el Ministerio Público presentó transcripciones telefónicas que dan cuenta de diversas conversaciones entre los imputados en la causa y terceras personas. Una de ellas corresponde a un reproducción en texto de una intervención telefónica hecha al imputado José Peralino Huinca, con fecha 31 de marzo de 2016.

Se espera que la próxima semana se reanuden las audiencias para finalmente determinar la fecha en que se iniciará el juicio oral del caso, en el que una terna de magistrados escuchará los testigos que serán parte del juicio y los peritos que fueron aceptados en la causa.

Para diez de los 11 los imputados, la Fiscalía pidió penas de presidio perpetuo.