Rodrigo Zamorano C.
Un repaso de todas las audiencias llevadas a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco para revisar las medidas cautelares que cumplen los imputados por caso Luchsinger Mackay reveló que a los acusados se les fijó un monto total de $ 160 millones en fianzas para lograr su libertad.
En las 30 sesiones que se realizaron, en 22 casos el juzgado modificó la prisión preventiva de los comuneros acusados por el crimen. De ese número un total de diez modificaciones se asociaron con el pago de una caución, con valores entre $ 10 y $ 30 millones. Dineros que solo en algunos casos fueron transferidos a la cuenta del tribunal.
El análisis de los datos recopilados del caso Luchsinger y que fueron entregados por el Ministerio Público a petición de El Austral, detalla que a seis imputados les fijaron fianzas para obtener la modificación de prisión preventiva.
Se trata de Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Sabino Catrilaf Quidel y Hernán Catrilaf Llaupe. Este último, en cuatro oportunidades le fue fijado el pago de millonarias fianzas que alcanzaron en su totalidad los $ 50 millones.
Sebastián Saavedra, abogado defensor del imputado Juan Tralcal Quidel, sostuvo que "en el caso de mi representado dada su condición económica, en ninguna de las dos oportunidades en que se le concedió una fianza fue posible consignarla. Se fijó una caución de $ 10 millones lo que era imposible para mi representado".
El abogado agregó que a Luis Tralcal Quidel, su otro defendido, "se le modificó la prisión preventiva por una caución y tampoco fue posible consignarla".
Pese a las decisiones que beneficiaron a los imputados, la Corte de Temuco revocó aquellas decisiones en todos los casos, por lo que los comunero volvieron a la cárcel a la espera de la preparación de juicio oral.
MODIFICACIONES
No obstante el alto número de resultados positivos para la defensa que anotó 22 modificaciones de prisión preventiva, un análisis de los causas revisadas en la Corte de Temuco detalla que de ese número, en todas, a excepción del último cambio de la prisión preventiva a arresto domiciliario total de la machi Francisca Linconao (ver nota lateral), la Corte de Apelaciones revocó la resoluciones de los jueces de Garantía.
De la revisión de los datos además se obtiene que la machi Francisca Linconao fue ingresada en cuatro oportunidades al Centro Penitenciario Femenino, tras las resoluciones de los Tribunales respecto al cumplimiento de sus medidas cautelares.
Cada vez que la machi obtuvo un fallo a favor de su libertad en el Juzgado de Garantía, la Corte de Apelaciones revocó esa decisión, ordenando su reingreso a la cárcel. Excepto en la última oportunidad, cuando el tribunal de alzada ratificó el arresto domiciliario total en una audiencia efectuada el 5 de enero de 2017.
En total son 22 los casos en que los imputados vieron modificadas la medidas de prisión preventiva, logrando salir de la cárcel a la espera de la preparación del juicio oral. De los 10 acusados que fueron enviados a la cárcel tras la formalización de cargos, solo dos -Luis Tralcal Quidel y José Córdova Tránsito- no han salido de la cárcel por modificación de medidas cautelares.
El abogado Sebastián Saavedra indicó que "no compartimos el criterio de la Corte, entendemos que mantener privada de libertad a una persona solo con un testimonio, que más encima se ha retractado, en mi experiencia profesional no la había visto". El defensor agregó que en este tipo de causas donde aplica la Ley Antiterrorista "se requiere la unanimidad en los fallos de la Corte de Apelaciones, y al menos en cuatro o cinco oportunidades se les otorgó la libertad, pero al no contar con la unanimidad no se logró obtenerla".
Un caso especial es el del imputado Sergio Catrilaf Marilef, quien en dos ocasiones salió de la cárcel gracias a las modificaciones de las medidas cautelares, no volviendo a cumplir la prisión preventiva en el último revés que sufrió en la Corte de Apelaciones, por lo que su estado actual es de prófugo.
A los pocos días, Catrilaf aseveró a través de las redes sociales que su intención no es volver a la cárcel y que se presentará voluntariamente cuando se inicie el juicio oral.
FISCALÍA
Desde el Ministerio Público, en tanto, el fiscal vocero (s) Luis Torres, indicó: "Tenemos una posición única de oponerse a estas solicitudes que son reiteradas en el tiempo, porque fundamentalmente no se han aportado más antecedentes y en consecuencia no han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva en su contra".
El persecutor agregó que "la libertad de los imputados configura un peligro para la seguridad de la sociedad dado el tipo penal y la forma de comisión del delito. También teniendo en consideración el estado procesal de esta causa, que se encuentra próxima al juicio oral. Por el hecho de que los imputados saben a las penas a las que se exponen, que son altísimas, es que también consideramos que tienen un peligro de fuga".
"Se fijó una caución de 10 millones de pesos lo que era imposible para mi representado".
Sebastián Saavedra,, abogado defensor"
