El Ministerio Público a través de su vocero aclaró que si bien la Fiscalía comunicó el no perseverar en la causa por el presunto secuestro denunciado por el lonco Víctor Queipul, esto fue sólo respecto de la querella presentada en 2016 por la abogado Karina Riquelme, ya que en la práctica los mismos hechos seguirán investigándose por otra querella que el lunes 15 de mayo presentó el Instituto de Derechos Humanos.

"Es decir actualmente estos hechos se continúan investigando. Esto hace que sea todavía más incomprensible e injustificable una actitud violenta contra el fiscal Vásquez", indicó el vocero Garrido.

El fiscal Nelson Moreno formalizó por tres delitos al comunero mapuche José Curinao Curamil, quien fue detenido por Carabineros tras las agresiones y los desórdenes ocurridos el miércoles al interior del Juzgado de Garantía de Collipulli.

El comunero, que no presenta antecedentes penales, fue imputado de atentado a la autoridad, perturbar una audiencia del tribunal y por lesiones leves a dos funcionarios de Gendarmería.

Curinao Curamil quedó con medidas cautelares de baja intensidad y se retiró en libertad hacia la comunidad de Temucuicui. La Fiscalía, en tanto, investiga a las demás personas que ingresaron por la fuerza al tribunal de Collipulli.

Rodrigo Zamorano C.

La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) sostuvo que los graves desórdenes ocurridos el miércoles en el Tribunal de Collipulli se dieron porque la institución uniformada no contaba con una mayor dotación de gendarmes al interior de la sala que presidía la jueza Sandra Nahuelcura.

De acuerdo al dirigente Carlos Martínez, director nacional de la Asociación, el número de funcionarios de Gendarmería era insuficiente para el tipo de audiencia que se celebraba. Según indicó Martínez, el Tribunal de Collipulli solo contaba con un gendarme, mientras que otros dos custodios llegaron de refuerzo desde Angol para brindar seguridad a la instancia.

"Este no es un problema de La Araucanía, es una situación que nos aqueja a nivel nacional. Habemos muy pocos gendarmes destinados a cumplir funciones al interior de los tribunales", manifestó el dirigente.

Aumento

Martínez aseveró que se necesita una mayor dotación para las unidades especiales y para los juzgados. "Hay una falta de personal en los tribunales, en febrero de este año hicimos una solicitud de aumento por la riña que se registró en el hall de acceso entre familiares de imputados y víctimas", indicó el dirigente, recordando los incidentes que hubo al ingreso al Juzgado de Garantía de Temuco.

"Como asociación estamos constantemente solicitando al Gobierno de turno que haya un aumento de funcionarios", sostuvo Martínez, quien además precisó que año a año los gendarmes egresados han ido disminuyendo, llegando este año a una promoción de 400 nuevos funcionarios. "¿Qué hacemos con eso? Nada", se responde asimismo el dirigente.

Carlos Martínez indicó que "la falta de seguridad en tribunales corresponde a una materia del Poder Judicial", por eso manifestó que los hechos ocurridos el miércoles en Collipulli fueron manejados con los recursos que se contaban.

"En Collipuilli los gendarmes se vieron sobrepasados. Es más, había un grupo adicional de funcionarios que pertenecía a Angol y andaban con otros imputados que se encontraban en calabozos. Si no hubieran estado ellos, habría habido un solo gendarme para controlar la situación", comentó el dirigente de la Ansog.

Fiscales

Desde la Asociación Nacional de Fiscales, en tanto, su presidenta Trinidad Steinert indicó que los protocolos de seguridad para los fiscales deben revisarse completamente "tanto al interior de tribunales como fuera de ella".

La vocera de la agrupación indicó que como medida inmediata se solicitó al fiscal nacional la posibilidad de que "en audiencias complejas exista un mayor número de gendarmes, partiendo por tres a lo mínimo", sostuvo.

Respecto a los hechos ocurridos el miércoles en Collipulli, el fiscal nacional (s) Pablo Gómez, indicó que "demandaremos la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias para impedir que otro fiscal se vea expuesto a estas amenazas y agresiones".

Las declaraciones las hizo en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo ayer en La Moneda, instancia donde además el subsecretario Mahmud Aleuy confirmó que el Ministerio del Interior presentó una querella para que se investigue y se determinen actores materiales e intelectuales de las agresiones.

Aumento

A través de un comunicado Amnistía Internacional aclaró que " no utiliza, no promueve, ni valida el uso de la violencia como método de acción. La organización lamenta profundamente cualquier hecho que pudo haber ocurrido en este sentido en el Juzgado de Garantía de Collipulli".

El texto dice que la "organización desmiente la afirmación del fiscal regional, Cristian Paredes, en la que - según información de prensa - vincula a Amnistía Internacional con los incidentes ocurridos en el Juzgado, afirmando además que la organización había estado difundiendo información imprecisa. Lo que Amnistía Internacional ha hecho saber, de manera pública, es su preocupación por el cierre de una investigación que podría versar sobre graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la privación arbitraria de la libertad y torturas en contra del lonco Víctor Queipul Hueiquil. Naturalmente, nada de ello podría constituir o interpretarse como una instigación al uso de la violencia - nada más ajeno a la labor de Amnistía Internacional".

"La falta de seguridad en Tribunales corresponde a una materia del Poder Judicial".

Carlos Martínez,, dirigente Ansog"