El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco emitió un veredicto absolutorio al comunero Martin Damián Curiche Curiqueo (31), quien fue acusado por el Ministerio Público por tenencia ilegal de municiones. En su veredicto absolutorio, los jueces José Ignacio Rau, Patricia Abollado y Jorge González, establecen que los antecedentes aportados en el juicio no fueron capaces de superar la presunción de inocencia que ampara al acusado. Sebastián Saavedra, abogado defensor, informó que se cometieron diversas infracciones contra su representado, lo que logró establecer durante la audiencia correspondiente.

Una banda delictual fue detenida por Carabineros de Victoria cuando ingresaba a robar a la sala de computación del Liceo B-10 Jorge Alessandri.

El procedimiento se registró la madrugada de este viernes en calle Chorrillos esquina Condell cuando los delincuentes efectuaban un forado en el techo intentando además forzar una de las puertas de ingreso.

Lo anterior "con el fin de sustraer diferentes especies al interior de la sala de computación del liceo, logrando la captura de la totalidad de ellos", precisó el comisario de la Cuarta Comisaría de Victoria, mayor Marco Moraga Martínez.

Personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro detuvo a dos sujetos integrantes de una banda delictual dedicada al delito de abigeato, logrando la recuperación de dos caballos que momentos antes habían sido sustraídos a un agricultor de la zona que denunció el robo de los animales desde el interior de su propiedad.

El hecho se registró en el sector rural Maitenco de la comuna lautarina cuando, alertados por un robo de caballares, una patrulla de Carabineros concurrió con urgencia al fundo El Vergel, ubicado en la ruta S-15, que une las comunas de Lautaro con la localidad de San Patricio.

Tras realizar diversas diligencias se logró la recuperación de dos animales que se encontraban atados al interior de un predio por parte del grupo de delincuentes.

Según precisó el capitán Claudio Valenzuela, de la Primera Comisaría de Carabineros, los detenidos "fueron sorprendidos robando dos caballares en el sector de Pillanlelbún. Se trataría de una banda que estaría plenamente identificada y que estaría operando desde algún tiempo a la fecha en este sector".

Hay que señalar que los sujetos detenidos por Carabineros mantienen antecedentes y denuncias por el mismo delito.

Por orden del fiscal de turno, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para la correspondiente audiencia de control de la detención.

Rodrigo Zamorano C.

Desde el pasado 18 de abril que los trabajos de construcción del nuevo Centro de Justicia de Temuco se encuentran paralizados a raíz del término anticipado del contrato que ligaba a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la empresa constructora Delta Ingeniería.

La situación ha provocado una demora en los 630 días que deberían tomar los trabajos de construcción que se ejecutaban a los pies del cerro Ñielol, en el exhotel Terraverde, donde se levanta el Centro Judicial de Temuco, que integrará a tres juzgados civiles, más el juzgado laboral y el juzgado de familia.

El cese de los trabajos también generó un conflicto con los más de 150 trabajadores que se desempeñaban en la obra, según indicaron los obreros aún no se han cancelado sueldos ni finiquitos.

La empresa Delta, a través de una declaración pública, sostuvo que la Corporación Administrativa del Poder Judicial puso término anticipado del contrato mediante una resolución exenta fechada el 17 de abril, situación que fue objetada por la empresa con un recurso de consideración presentado el 25 de abril.

Respecto al pago de sueldos, la constructora manifestó que "la Corporación Administrativa del Poder Judicial no ha procedido al pago en favor de la empresa", lo que no les ha permitido cancelar las remuneraciones de los trabajadores.

CIERRE

Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en tanto, indicaron que la empresa Delta Ingeniería y Construcción, a cargo de las obras, solicitó la apertura de un procedimiento concursal de reorganización judicial "que es una de las modalidades que otorgó la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento para evitar que las compañías enfrenten una situación de liquidación forzosa", vale decir, lo que antiguamente se conocía como quiebra.

El cierre de las obras finalmente ocurrió el 26 de abril, dejando a un total de 158 personas sin trabajo, entre ellas 41 subcontratados.

Los trabajos alcanzaron a ejecutarse por un periodo de 10 meses y según consta en la licitación pública, la empresa Delta obtuvo los trabajos por un monto de $ 18 mil 653 millones, impuestos incluidos.

PODER JUDICIAL

Desde la Corporación Administrativa manifestaron que se solicitó el término anticipado del contrato "debido retrasos reiterados en los avances de la obra, los cuales fueron oportunamente notificados a la empresa", lo que constituía "grave incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista".

Además, se explicó que la empresa constructora realizó el retiro de los trabajadores y maquinarias que se encontraban en dicha faena y la Corporación Administrativa del Poder Judicial asumió formalmente el control de la obra. "Actualmente la Corporación Administrativa se encuentra realizando diversas gestiones para adjudicar y reanudar a la brevedad posible la construcción de esta obra", indicó el organismo público.

TRABAJADORES

Actualmente cerca de 100 trabajadores que desempeñaban en las obras de construcción anunciaron medidas extremas de presión si no les cancelan los sueldos y finiquitos que se les adeudan tras el cierre de las obras que realizaba la empresa Delta Ingeniería, a los pies del cerro Ñielol.

Uno de los voceros de los trabajadores afectados, Abel Coliqueo, sostuvo que el 18 de abril fueron notificados del cierre de la obra sin recibir pago de sueldos ni finiquitos.

"No hay nada pagado, todo abril estuvimos sin sueldos. Hoy (ayer) nos citaron aquí en la Dirección del Trabajo con carné en mano para recibir el pago, pero lo que tuvimos fue un no rotundo y que optáramos por una demanda ante la Inspección del Trabajo".

Coliqueo aseveró que eso dilataría su situación. "Si no nos paga la constructora, que nos pague el mandante, que es la Corporación del Poder Judicial, como debe ser. Si no nos dan solución lo más pronto posible vamos a tomar otras medidas, como tomarnos las obras", señaló el dirigente.

Coliqueo agregó que "no podemos seguir esperando, tenemos nuestras responsabilidades que cumplir en la casa y no podemos estar así. No hemos podido buscar otro trabajo porque nos piden el último finiquito laboral y no lo tenemos".