Andrea Arias Vega
"Es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi 500 años. Engaña quien propone soluciones fáciles e inmediatas. Una división y un rezago incubados por siglos requieren tiempo para ser superados, pero es urgente partir hoy".
Con estas palabras y durante 3 minutos y 20 segundos, la Presidenta, Michelle Bachelet, enunció el plan integral para enfrentar el conflicto de La Araucanía durante la última cuenta pública de su segunda administración.
Al respecto partió diciendo que "debemos reconocer que la relación entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena, así como el retraso de La Araucanía, tienen una complejidad y albergan una tensión histórica que no se solucionan con medidas parciales ni en el corto plazo", siendo el mecanismo para actuar "el diálogo sereno y permanente, porque hay una legítima diversidad de intereses en juego".
Asimismo, describió los elementos que son parte del fenómeno y la forma en cómo se relacionan: "Es hora de abordar de manera integral los desafíos de esa relación, porque pobreza, rezago territorial, discriminación, violencia, baja productividad y poca diversificación, un Estado poco eficiente, no reconocimiento, son parte de un mismo fenómeno y se refuerzan".
PLAN INTEGRAL
La Presidenta precisó que el plan integral posee tres dimensiones y que obedecen a las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial, las que se espera que anuncie dentro de los próximos días.
La primera dimensión aborda formas de reparación de los pueblos indígenas. "Incluiremos el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política en el proyecto de una nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre, previa consulta indígena".
La segunda dimensión se enmarca en la Ley Araucanía que está trabajando la bancada regional con Interior, a fin de subsanar el rezago regional a través del desarrollo productivo y territorial.
Por último, en el marco de la violencia rural y la ocurrencia de atentados, la Mandataria anunció que "ampliaremos el programa de reparación de todas las víctimas de la violencia en la Región".
No hubo más anuncios, salvo que destacó el hecho que su gobierno es el que más tierras ha adquirido para la restitución territorial de los pueblos indígenas, esto es más de 33 mil há., proyectando alcanzar las 45 mil há. al término del periodo.
Ahora bien, respecto de los proyectos emblemáticos en materia de política indígena con los que se comprometió al asumir su mandato, esto es el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, sólo hubo silencio.
EN DEUDA
Para el presidente de la Fundación Chile Intercultural, Venancio Coñuepán, las medidas anunciadas "no son para nada nuevas, habla de reconocimiento y participación, pero lo condiciona al nuevo proceso constituyente, es decir, no se aprobará absolutamente nada".
En este sentido, opina que "la Presidenta podría perfectamente presentar un proyecto paralelo y modificar la actual Constitución para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, pero el Gobierno renunció junto con Huenchumilla a su política indígena", aclara Coñuepán junto con precisar que " tampoco es verdad que el conflicto haya durado 500 años. Es contemporáneo y tiene un origen reciente: es culpa del Estado chileno, no de los españoles como quieren hacernos creer".
Por su parte, el presidente de Amcam, Juan Carlos Reinao, si bien destacó que el mecanismo sea el diálogo, enfatizó que ninguna de las medidas tiene sentido si "el Estado, de una vez por todas, no manifiesta su voluntad política para construir un país plurinacional e intercultural a través de una Asamblea Constituyente".
Sin embargo, Reinao sindicó como un avance el que la Presidenta "reconociera que esta crisis es responsabilidad del Estado por tener a un pueblo empobrecido producto de que él mismo lo asesinó y le quitó sus tierras", sentenció junto con lamentar que en materia de restitución territorial "todavía se adeudan "más de 450 mil hectáreas y eso me duele".
