El caso del joven de 17 años que resultó con 100 perdigones en su espalda en Collipulli, el 18 de diciembre pasado, es el primero de los cinco casos de civiles que han resultado lesionados producto del accionar de Carabineros en la Región de La Araucanía sólo durante los últimos seis meses, según un registro que ha confeccionado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
A juicio del INDH, los casos de civiles heridos "no se tratan de hechos aislados". "Hay un patrón de violencia que se ha ido incrementado a lo largo del tiempo. Hemos podido ir observando lo que hemos documentado y judicializado", detalla Federico Aguirre, jefe de la sede regional del INDH en La Araucanía.
Los casos
El primer caso es, justamente, el de Brandon Hernández Huentecol, estudiante de cuarto medio que fue herido por la espalda cuando se encontraba completamente reducido por un carabinero.
Luego, el 28 de enero pasado, el hijo de la lonco Juana Calfunao, Huaiquilaf Cadin Calfunao, resultó herido por perdigones en el predio de su madre, en Cunco. Posteriormente, el 20 de marzo, Isolina Araneda Osses, de 58 años, perdió un ojo debido al impacto de perdigones percutados por Carabineros, en medio de una manifestación en la que vecinos expresaban su molestia por las malas condiciones de agua potable en la localidad de Ñancul, comuna de Villarrica.
El 20 de abril, un menor de 14 años identificado como S.T.T., resultó con múltiples impactos de perdigones en una pierna en su domicilio, ubicado al interior de una comunidad mapuche del sector Antinao de la comuna de Ercilla.
El quinto y último caso hasta ahora es el de Fabiola Antiqueo, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Católica de Temuco que perdió la visión en un ojo debido al impacto de una bomba lacrimógena, en las cercanías de una protesta en el hogar mapuche de Padre Las Casas, el 12 de mayo.
Preocupación
"Brandon estaba en su práctica profesional y fue baleado, con 17 años... qué decir del daño hacia Fabiola Antiqueo, que estudia una carrera que requiere de su vista. Son daños inconmensurables, y en democracia, en un Estado de Derecho que se supone que está vigente. Son situaciones gravísimas y nuestro clamor nuestro es que esto se detenga, que pare", exclama Aguirre.
Lo mismo advierte Manuela Royo, abogada de la familia de Brandon Hernández, quien señala que incluso observatorios internacionales de Derechos Humanos han ratificado que "existe una violación sistemática de los derechos en las comunidades mapuche y un uso desmedido de la fuerza policial en contra de menores".
Balines de acero
El perito Francisco Pulgar, cientista criminalístico que trabajó con el equipo jurídico de Brandon Hernández, reveló a El Austral que los perdigones encontrados en el cuerpo del joven "eran de acero" y fue percutado a una distancia igual o inferior a un metro "desde una escopeta que no presentaba desperfectos".
En un manual denominado "Protocolos de Mantenimiento de Orden Público", publicado en la página del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, se establece que las escopetas antidisturbios están facultadas para ser cargadas solamente por munición de goma.
Sobre esto, el perito es categórico en señalar que "Carabineros de Chile tiene protocolos, pero no necesariamente se cumplen o bien se están adaptando, de manera informal, ante la situación que se vive en la zona". "La función de Fuerzas Especiales es disuadir manifestaciones y no repeler ataques, pero como en La Araucanía se está dando una situación en la que han sido agredidos por elementos desconocidos, con armas de fuego, ellos han justificado el uso de una munición distinta, lo que es cuestionable en todo procedimiento", añadió Pulgar.
"El hecho de que no hayan consecuencias ni sanciones por situaciones graves, en las que se afectan incluso a menores, es parte de la receta para que los hechos se sigan repitiendo. Debe haber un seguimiento real a las denuncias en las que se reclama un uso excesivo de la fuerza, para que se investiguen y, en caso que sea pertinente, se lleve a los presuntos responsables ante la justicia y se les sancione", demanda la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer.
Consultados sobre el tema, Carabineros declinó de efectuar declaraciones.
