Rodrigo Zamorano C.

De paso durante dos días en la Región, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, conversó con El Austral sobre la falta de seguridad en tribunales, la aplicación de la Ley Antiterrorista y la polémica libertad condicional del comunero Leonardo Quijón, uno de los condenados por el crimen del parcelero de Victoria, Héctor Gallardo Aillapán.

-Viene de inaugurar una oficina de la Defensoría Penal Mapuche en Villarrica. ¿Cuán importante es su rol en la Región?

-La tendencia moderna en temas de defensa judicial y en este caso, hace necesario que se cuente con conocimientos especiales que guarden relación con la idiosincrasia de sus defendidos, sus valores, cultura y principios que tienen, puesto que la adecuada defensa exige de aquello.

-¿Hay preocupación por las agresiones en tribunales?

-Conversamos el tema con el pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco y la preocupación se ha traducido en una reformulación de los sistemas de seguridad y de control que se practican en tribunales.

-¿Como cuáles?

-Una mayor dotación de gendarmes al interior de los establecimientos judiciales; además se están fortaleciendo los sistemas de control para el ingreso al interior de las salas, creemos que el acceso del público a las audiencias tiene que estar vinculado con la capacidad física de las salas.

-Los fiscales piden acceso diferenciado...

-A veces eso puede hacerse, pero en otras requiere de un acondicionamiento especial. Hemos implementado una mejor utilización del sistema de entrevista videograbada para algunas audiencias y otras medidas menores que están condicionas por el tipo de infraestructuras como puertas de acceso y salida.

-¿Es efectiva la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Región?

-La determinación de si un hecho es terrorista o no, la establecen en última instancia los tribunales de justicia. Uno podrá opinar, pero al final del día lo que interesa es la calificación que los tribunales hacen de un delito. Muchos de los hechos que ocurren en la Región en el último tiempo, sí, pueden ser delitos terroristas pero si no lo son, serán delitos comunes que son tanto o más gravosos que los tipificados en la Ley Antiterrorista.

-¿Qué diagnóstico hace de la aplicación de esta ley?

-La ley actual no está cumpliendo eficazmente para los propósitos que fue creada. Ni los procedimientos investigativos son tan rápidos como se supone y tampoco la forma de acreditar esas incriminaciones es tan expedita como uno lo desease. Desde un punto de vista práctico, a veces casi da lo mismo invocar la ley común o la Ley Antiterrorista.

-¿Hay terrorismo en La Araucanía?

-Eso es materia de los Tribunales de Justicia, a mí no me queda otra cosa que acatar y someterme a las decisiones judiciales porque como Gobierno no me puedo entrometer en las causas pendientes.

-Uno de los condenados por el crimen del parcelero Héctor Gallardo fue beneficiado con el derecho a la libertad condicional. ¿Valora el trabajo de la Comisión de Libertad Condicional?

-Más allá de la contingencia, todos los estudios de las cortes de apelaciones del país nos indican que los niveles de reincidencia de las personas que han sido beneficiadas con la libertad condicional son mínimos. Estamos hablando de reincidencias que no superan el 7%, sin embargo, la ciudadanía tiene una percepción totalmente opuesta. Cree que todas las personas que salen con libertad condicional se transforman en delincuentes nuevamente, así es como se acuñan frases como "la puerta giratoria". ¿A quién le creo entonces, a lo que me dicen los tribunales a través de estadísticas o lo que dicen las masas vociferantes que pululan en las calles? Yo me quedó con la opinión objetiva de los tribunales.

-Entonces ve con buenos ojos la aplicación de la libertad condicional...

-El propósito de la pena no es que solo debe cumplir con un fin sancionatorio, sino que debe cumplir con un propósito de prevención, que no es más que otra cosa con la rehabilitación. Una pena que solo castigue no es una pena, si además no rehabilita. Los estudios de criminología y de derecho penal dicen que las penas de encierro son las que menos rehabilitan. La tendencia en el mundo es instaurar sistemas sustitutivos a las penas de privación de libertad.

-Hay opiniones que se deben endurecer los requisitos para optar a la libertad condicional. ¿Está de acuerdo?

-Una cosa es lo que piensa la gente y la otra es la realidad. Cuando uno legisla tiene que basarse en datos objetivos, serios y en función de los conocimientos que entrega la ciencia, más allá de los arrebatos y de las percepciones circunstanciales que pueda tener la población. La aplicación de la libertad condicional en estricto rigor no puede significar solo quedar en libertad. Debiese comprender todo un sistema de medidas del Estado que apunten a la rehabilitación. Estamos trabajando en la elaboración de una nueva política de rehabilitación de los condenados.

-¿Cómo avanza la construcción del nuevo Centro de Justicia?

-Me interesa mucho que el tema se solucione. La empresa constructora quebró y partir de eso primero fue necesario preocuparse de solucionar la situación de los trabajadores. La Corporación Administrativa del Poder Judicial está en proceso de licitar de forma privada el término de las obras. Lo único que deseamos es que esta obra concluya a la brevedad porque el contar con nuevos tribunales será una muy buena noticia. Fortalecerá la importante infraestructura que ya existe en Temuco.