En la actualidad son 36 los parques nacionales, 49 las reservas nacionales y 16 monumentos naturales que se encuentran protegidos y administrados por el Estado, dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres a cargo de Conaf. En total son 14,6 millones de hectáreas, que representan el 20% del territorio nacional.
Una reciente donación de terrenos realizada por la familia Tompkins permitirá agregar 400 mil hectáreas de áreas protegidas, que junto a otras creadas por el Estado, formarán parte de la red de Parques Nacionales de la Patagonia.
No cabe duda que en la actualidad existe mayor conciencia sobre la necesidad de preservar el patrimonio natural de Chile, entendiendo la fragilidad de nuestros ecosistemas y los riesgos permanentes a los que están expuestos. En este contexto, cabe destacar el papel cada vez más importante que ha adquirido la riqueza natural de Chile para el turismo, donde la diversidad y majestuosidad de paisajes de muchos destinos nacionales atrae cada año a un número mayor de visitantes locales y extranjeros.
En esta simbiosis, resulta fundamental que todas las actividades turísticas que se desarrollan en torno a parques y reservas naturales, sean sustentables, permitiendo así compatibilizar la conservación de esos lugares y su biodiversidad, con el crecimiento de la industria. Este aspecto cobra especial sentido este año, que fue declarado por la ONU como el "Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo".
En el Congreso se están tramitando dos proyectos de ley que tienen una particular incidencia en la forma cómo se preservarán y gestionarán estas áreas protegidas. Una iniciativa es la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la otra tiene por finalidad conformar el Servicio Nacional Forestal en reemplazo de Conaf.
El primero tiene una enorme relevancia porque crea un servicio público orientado a la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural del país, mientras que el segundo reformulará la Conaf. Ambas legislaciones son importantes, porque buscan corregir las deficiencias actuales que exhibe el manejo y cuidado de nuestro patrimonio natural, como quedó demostrado tras los devastadores incendios que se registraron a comienzos de año en varias regiones del país.
Pero junto con dotar al sistema nacional de áreas protegidas de una legislación más moderna también es necesario contar con una administración eficiente de esos lugares.
Asegurar estos objetivos será posible en la medida que la normativa que se está tramitando, y que se termine aprobando, promueva las condiciones adecuadas para que la preservación y el desarrollo del turismo como actividad económica estén alineados.
Andrea Wolleter, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur