Camilo Garrido

En el marco de la Ley de Inclusión que comenzó a implementarse en 2016 y que está rindiendo sus primeros frutos este año, ayer viernes venció el plazo para que los colegios subvencionados en La Araucanía manifestaran su opción a convertirse en particular privado. Sólo un establecimiento optó por esta vía: el Saint Patrick School de Temuco, que ya había anunciado su decisión a la comunidad educativa dos días antes.

Es así que los 745 estudiantes del Saint Patrick pasarán a pagar su matrícula y mensualidad completa a contar del 2018.

En tanto, hay a la fecha 191 sostenedores que acaparan 201 colegios, que notificaron su opción a transformarse en entidades sin fines de lucro y que eventualmente dejarán de cobrar a 31 mil escolares.

Mientras, aún quedan 284 recintos que no definen esta figura, los que acogen a 40 mil estudiantes en sus salas de clase. En estos casos aún tienen plazo para notificarlo hasta el 31 de diciembre de este año.

Con o sin aporte estatal

Para inicios del 2018, la Región, como en todo el país, debería tener sólo un tipo de colegio subvencionado: administrado por una corporación sin fines de lucro, quienes reciben aportes del Estado. Para todo el resto, el gobierno dejará de entregar recursos.

Quienes ya son corporación sin fines de lucro saben que irán reduciendo el copago de los padres y apoderados gradualmente, a medida que aumente el aporte que les entrega el Estado, que alcanza $44.844 millones. En cuanto a los que ya son gratuitos en su totalidad, ya hay 17 establecimientos que a contar de este 2017 dejaron de cobrarle mensualidad a sus 12.694 estudiantes, como fue el caso del Instituto Claret.

Sin embargo, aún quedan instancias para que los colegios subvencionados se transformen en privados. Están impedidos de hacerlo de aquí a fin de año, pero sí podrán hacerlo cada inicio de ciclo y el 30 de junio seguirá siendo la fecha límite para ello.

El seremi de Educación en La Araucanía, Marcelo Segura, destacó la transformación que sufrió la mayoría de los colegios subvencionados que existen en la Región.

"La evaluación es muy positiva, porque de la cantidad de cerca de 580 establecimientos que eran particulares subvencionados, solamente uno ha optado por dejar de ser un establecimiento colaborador del Estado y transformarse en uno netamente privado", indicó la autoridad regional.

Educación 2020 es la fundación precursora de la Ley de Inclusión. Su director zonal de Educación 2020, Ariel Ramos, señaló que "para avanzar en disminuir las brechas y la segregación tan profunda que existe en la Región, los colegios deben ser espacios que fomenten la convivencia de personas de distintos orígenes, características y nivel socioeconómico. Y en este sentido, consideramos que el fin de la selección y el copago son caminos efectivos para lograr un sistema más igualitario, por lo que valoramos que 201 establecimientos de La Araucanía hayan optado por esta definición".

El caso del Saint Patrick

De todos los establecimientos que hicieron el trámite en la Seremi de Educación, el que más polémica causó fue el del Saint Patrick School, cuyos sostenedores y apoderados culparon al Estado de "presionar" al colegio para tomar la decisión. Ante esta situación, Segura respondió: "Si uno observa que el 99,9% de los particulares subvencionados optó por el camino de seguir siendo una institución colaboradora del Estado, y un establecimiento se transforma en pagado, el sentido común debiese indicarnos a todos que la decisión no fue porque el Estado los obligó", consignó.

Segura también criticó el presunto riesgo del proyecto educativo que anunció Saint Patrick. "Un ejemplo más concreto es el Instituto Claret, el primer establecimiento que se sumó a la gratuidad, va a seguir siendo católico", reclamó.

Respecto a la decisión de Saint Patrick, el director zonal de Educación 2020, Ariel Ramos, indicó que "lamentamos que establecimientos como el Saint Patrick School hayan decidido no adscribir a la gratuidad y pasar a ser fundación. Entendemos que es una decisión autónoma del establecimiento, que perjudica a muchos estudiantes que no podrán seguir estudiando ahí. Lo importante es que madres, padres y apoderados puedan informarse mejor de las alternativas que seguirán existiendo para estudiar".

Ariel Ramos añadió que "esta decisión no es una responsabilidad de la normativa, dado que la Ley de Inclusión daba todas las opciones para seguir con el proyecto educativo en gratuidad. Esto, más bien, sincera que el fin de los sostenedores está más centrado en el mercado que en la verdadera enseñanza".