El observatorio Ciudadano y la Corporación para un Futuro Ambiental Sano de Lautaro, Corfas, presentaron ayer en el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, una solicitud para que se termine anticipadamente el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, que entregó la empresa WTE sobre una planta para incinerar la basura de Temuco, que el municipio de la capital regional pretende construir en Lautaro.

La solicitud es la tercera que llega a la repartición pública, ya que anteriormente el mismo municipio de Lautaro y organizaciones ambientalistas habían argumentado que los antecedentes entregados en el estudio serían insuficientes, para determinar si podría existir daño a la salud de las personas, cercanas a lugar donde se quiere construir el centro de acopio de los residuos que posteriormente serán quemados.

Falencias

El coordinador jurídico del Observatorio, Hernando Silva, explicó que la documentación entregada por la empresa hay factores no considerados.

"Creemos que el estudio tiene un sin número de falencias que no serían subsanadas en esta etapa y hacen necesario que se presente un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, ya que hay factores no considerados y en muchas materias se actúa en bases a supuesto y en un tema tan relevante como la incineración de basura creemos que la certeza es una situación clave".

El presidente de Corfas, Iván Polanco, enfatizó que falta información sobre los asentamientos cercanos.

"Lautaro no quiere esta planta en la comuna, ya que con ella sólo se verán beneficiados privados, pero no se soluciona el tema de la basura. Creemos que se ha omitido mucha información respecto la ubicación de los vecinos cercanos a ella, como un condominio, una hostería y una planta de alimentos", sostuvo.

Polanco agregó que como habitantes de la comuna están muy complicados ya que "utilizamos pozos de agua profunda, elemento que se vería seriamente afectado ya que evidentemente será contaminada y eso nos tiene preocupados".

La dueña de la hostería "Lautaro" , que quedaría cercana a la planta, Mónica Flores, dijo que la instalación del proyecto le afectaría.

"Me afecta muchísimo ya que si tenemos problemas de olores o moscas nadie querrá ir a mi local. Tengo años trabajando en ese lugar, además al lado hay otra hostería y una fábrica de alimentos, emplazamientos que se deberían considerar en el estudio, para que en definitiva se impida que se instale la planta incineradora de basura", dijo.

Ramón Tolosa Calderón

Los colectiveros afectados por el retiro de 165 permisos irregulares pedirán la próxima semana una reunión con el nuevo seremi de Transportes, Ulises Asenjo, para exponer sus casos y solicitar que les devuelva sus cartolas para poder volver a las calles a trabajar.

Así lo confirmó la representante de los afectados, Marisol Carvajal, quien adelantó que "de las 165 cartolas, aproximadamente 40 ya han sido devueltas".

En diciembre del año pasado la exseremi Doris Tello, realizó una denuncia en la Fiscalía para determinar presuntos delitos. Sobre esto, la representante de los conductores explicó que están conscientes de este tema por ello "lo que pedimos en definitiva es que se flexibilice el criterio, pero estudiando caso a caso lo que sucedió, ya que hay muchas personas que con esfuerzo compraron uno o dos autos y que no se hicieron ricos con esto, pero también hay otros que tienen 10 o más permisos".

Carvajal subraya que "los permisos fueron comprados al interior de las oficinas de la Seremi, documentos que fueron firmados por la seremi de ese tiempo, Doris Tello, entonces cómo se puede desconfiar".

Afectados

Jorge Aránguiz tiene cuatro cartolas cuestionadas, documentos que adquirió en la Seremi de Transportes.

"Nosotros somos afectados en este tema, pero a la vez nos catalogaron de delincuentes, en circunstancias que los permisos los obtuvimos en la oficina pública".

Ante la perspectiva de la reunión con el seremi, Aránguiz dice que "esperamos que la autoridad comprenda que nosotros no tuvimos nada que ver con lo que ocurrió y necesitamos que nos devuelvan nuestras cartolas, ya que necesitamos trabajar, debido a que muchos pedimos préstamos para comprar los autos".

Misma situación que está viviendo Viviana Hidalgo. "Nosotros como familia vendimos nuestra casa para poder comprar el auto y también pedimos un crédito, pero ahora por culpa de la mala información que nos dieron los funcionarios de la Seremi de Transportes estamos muy complicados económicamente, confiamos en ellos que los documentos estaban bien y ahora no podemos trabajar".

Reunión

El jueves pasado el seremi de transportes Ulises Asenjo se reunió con la Federación Regional de Taxis Colectivos de La Araucanía.

"Conversamos con ellos sobre los procesos que se están llevando a cabo con el sumario interno por la situación de los permisos y la devolución de algunas cartolas que están ajustadas a derecho, además de explicar que con las 90 cartolas que tiene retenidas la Fiscalía por la investigación, no podemos hacer nada", sostuvo.

Por su parte, el secretario de la Federación, Francisco Navarrete, sobre la cita con la autoridad dijo que "el seremi se comprometió a revisar caso a caso los permisos de los taxiscolectivos para determinar quiénes fueron engañados en este tema y de paso también no permitir que reingresen los que sí sabían de las irregularidades".

Navarrete destacó que el seremi Asenjo les aseguró que "están revisando todos los documentos, para aclarar rápidamente la situación de las cartolas".

El diputado Jorge Rathgeb (RN) dijo que fiscalizará hasta las últimas consecuencias, luego de recibir una serie de denuncias y reclamos por la intervención de funcionarios públicos a favor de ciertas candidaturas parlamentarias en la Región de La Araucanía.

Rathgeb indicó que "la cancha debe ser pareja para todos, por lo que el actuar de algunos funcionarios públicos, contraviniendo los dictámenes de la Contraloría General , son actos que deben ser revisados y sancionados", indicó.

El parlamentario fundamenta estas acusaciones en el nulo cumplimiento del dictamen de Contraloría emitido el 28 de julio el cual mandata la "prescindencia de las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos de participar o realizar actividades ajenas a su desempeño o cargo, o valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político".

El congresista, llamó a la población a denunciar estos actos reñidos con la probidad administrativa y la ética ante la Contraloría.