Las tres primeras invocaciones a la Ley Antiterrorista en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en La Araucanía, si bien no fueron por violencia rural, repercutieron directamente en instituciones públicas. La primera vez que se utilizó el recurso legal fue por el ataque con explosivos al Laboratorio de Criminalísticas de Carabineros (Labocar) el 29 de octubre de 2014. El segundo fue por el atentado a la Segunda Comisaría de Temuco y a la unidad de Extranjería la Policía de Investigaciones (PDI), el 24 de diciembre del mismo año. En ambas, según precisó el informe, el estado de la causa es terminada y sin imputados conocidos. La tercera invocación recae en Gendarmería, el 15 de enero de 2016 la Cárcel de Temuco fue el escenario donde individuos instalaron una bomba de alto poder que no detonó. Cinco sujetos fueron imputados y la causa aún está vigente.