Camilo Garrido
"Un gobierno que se deja presionar por actos cometidos por personas que hacen uso de la violencia es un gobierno que deja de gobernar". Con esta frase, el subsecretario subrogante del Interior, Luis Correa, descartó el retirar la querella por Ley Antiterrorista que pesa sobre los cuatro comuneros mapuches que iniciaron una huelga de hambre hace más de tres meses.
El personero de gobierno, quien subrogó a Mahmud Aleuy, se reunió ayer con autoridades políticas, jurídicas y policiales de las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos en el Comité Policial de la Macrozona Sur, desarrollado en la ciudad de Temuco.
La actividad convocó a representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalías, presidentes de las Cortes de Apelaciones de las capitales de las tres regiones participantes, la Subsecretaría de Prevención del Delito e intendentes de los tres territorios.
En la oportunidad, el Gobierno y las Fiscalías insistieron en que la querella mantendrá su curso que ha tenido a la fecha, con cuatro imputados y con audiencia de preparación de juicio oral proyectada para el miércoles 27 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Temuco.
¿Victimización?
Respecto al estado de salud de los huelguistas, el subsecretario Luis Correa indicó que -según las Seremis de Justicia y de Salud, se encuentran "en el contexto de una huelga de hambre, sin riesgo vital".
Correa además negó sentirse presionado -ni él ni el equipo de Gobierno- a raíz de la manifestación de los imputados, quienes han exigido que se retire la querella bajo Ley Antiterrorista en la que participan como imputados.
"Si las querellas son por delito terrorista, por ley de Seguridad del Estado o por incendio común será una cuestión de acuerdo a los parámetros fácticos que se realizan", dijo el personero.
Además, pidió evitar victimizaciones a los comuneros. "Aquí las únicas víctimas reales de esta cuestión, de este incendio que ocurrió en junio de 2016, son los más de 15 feligreses", consignó el subsecretario, añadiendo que se ha discutido en reiteradas ocasiones las medidas cautelares que pesan sobre los comuneros formalizados.
Respecto a los mismos huelguistas, el fiscal regional de La Araucanía Cristian Paredes, también opinó replicando las palabras de Correa. "Las víctimas no son las cuatro personas que el día de hoy están en huelga de hambre. Ellos son imputados de un delito gravísimo", dijo el persecutor.
Paredes agregó enfatizando en el actuar de Fiscalía en este caso particular, que "la convicción que tenemos de participación de las cuatro personas en este delito se mantiene incólume".
En cuanto a la relación del Gobierno Regional con los familiares de los imputados, el intendente subrogante Ricardo Chancerel aseguró que "las puertas del Gobierno siempre han estado abiertas". Incluso aseguró que junto a las autoridades regionales de Gobierno, Justicia y Salud convocaron a los familiares a una reunión "para poder explicarles justamente los distintos peritajes que particularmente en el tema de salud es lo que más les importa en este momento (...) No obstante no llegaron, pero nosotros mantenemos las puertas abiertas".
"No somos escuchados"
Durante la reunión también plantearon sus inquietudes los presidentes de las Cortes de Apelaciones en las tres regiones. El titular de la Corte de Apelaciones de Temuco agregó que, junto a los presidente de los tribunales de alzada de Concepción y Valdivia "manifestamos que cada vez que el Poder Judicial se ha pronunciado por los vacíos en la ley, no somos escuchados, a pesar de que somos los jueces quienes, al aplicar las leyes, conocemos sus consecuencias, más allá del legislador que las hace".
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"Las únicas víctimas reales de este incendio en junio de 2016, son los más de 15 feligreses. Aquí había 15 personas que fueron intimidadas con armas".
Luis Correa,
subsecretario (s) del Interior"
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"La convicción que tenemos de la participación de las cuatro personas (imputadas) en este delito se mantiene incólume (intacta)".
Cristian Paredes,
fiscal regional de La Araucanía"
