Carolina Collins

El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, no descartó que se den nuevos sobreseimientos a médicos que practiquen abortos en los casos que contempla la ley que despenaliza esos procedimientos en tres causales, aún cuando ésta aún no está publicada en el Diario Oficial ni cuenta con un reglamento, el que recién estaría vigente a fines de este año.

Esto luego de que esta semana el Juzgado de Garantía de Copiapó sobreseyera a un médico ginecólogo que en 2014 practicó dos abortos a mujeres que habían resultado embarazadas producto de una violación.

Flores explicó que, pese a que aún faltan los trámites mencionados, la ley se está aplicando en el ámbito penal porque ya fue promulgada. "La ley establece claramente que el momento en que opera la ausencia de sanción penal es el acto de promulgación (de una ley); la ley no está publicada en el Diario Oficial, pero fue promulgada el 14 de septiembre y eso es lo que se invoca", dijo a Radio Cooperativa.

"adecuación" de penas

El especialista explicó que esta situación "está expresamente regulada en el artículo 18 del Código Penal". "Hay un gran principio en el derecho, que es la irretroactividad de la ley penal, pero para los casos en que una nueva ley establece penas menos rigurosas o exime a una conducta que antes estaba penalizada, está regulado en esta norma que el juzgamiento se adecúe a esta nueva ley penal, aunque los hechos sean anteriores a la ley y la pena ya esté ejecutoriada", añadió.

Por eso, dijo, es posible esperar que existan nuevos casos de sobreseimiento e incluso que se puedan "adecuar" penas que ya han sido dictadas por un delito que ya no lo es. "Debieran esperarse (nuevos sobreseimientos) y además debiera esperarse que el Ministerio Público en casos similares no inicie investigación y que se adecúen penas que ya se están cumpliendo por este delito", dijo Flores.

No se puede dar atención

Por su parte, la ministra de Salud, Carmen Castillo, aclaró que el sistema todavía no está en condiciones de "brindar la atención" en los casos de aborto que estipula la nueva ley ya que aún no ha entrado en vigencia el reglamento.

En ese sentido, la titular de Salud explicó la diferencia entre el ámbito asistencial y el jurídico, ya que "en este momento habría un marco en el cual, todavía sin estar presente la reglamentación y la normativa que tiene que ejecutarse para poder brindar la atención, habría una observación diferente en lo penal, por el hecho que despenaliza la interrupción del embarazo".

Reglamento necesario

"Nosotros como Salud tenemos 90 días a contar de la promulgación para contar con un reglamento, que tiene que pasar después por Contraloría para poder aplicar todas las atenciones como corresponde (...) En el ámbito asistencial todavía tenemos este espacio para preparar nuestro sistema", agregó, a la vez que dijo que si se dan situaciones similares en los próximos días tendrían que definir cómo actuar caso a caso "por el hecho de que en este momento no podríamos brindar la atención".

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, dijo que "cada poder del Estado tiene sus facultades" y que lo sucedido en Copiapó está contemplada en artículo 18 del Código Penal.

Pese a esto, respaldó a Castillo en el sentido de que la nueva ley requiere de un proceso de implementación.

El ministro en visita Mario Carroza dictó ayer acusación en contra de 13 militares en retiro por su responsabilidad en el homicidio de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, quienes fueron quemados en una protesta el 2 de julio de 1986 en Santiago. En la resolución, el magistrado sindica como autores de esos delitos a: Nelson Medina Gálvez, Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza, Francisco Vásquez Vergara, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer González, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Fernández Dittus y Pedro Franco Rivas. En el fallo se sindicó también a Sergio Hernández como cómplice y a René Muñoz en calidad de encubridor. Los 13 acusados se encontraban ya en prisión preventiva, por su responsabilidad en los hechos. Rojas de Negri, fotógrafo de una agencia internacional, y Quintana fueron detenidos el 2 de julio de 1986 por uniformados que cumplían labores de patrullaje en el contexto de una protesta nacional contra el régimen militar. Los jóvenes fueron golpeados y amenazados con armas de fuego por los militares, quienes después los rociaron con gasolina y quemaron vivos.

Tal como lo habían anunciado cuando el senador no se presentó por segunda vez a la audiencia de formalización en su contra por delitos tributarios, el Ministerio Público ingresó ayer ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de desafuero del senador independiente Fulvio Rossi (ex PS), en el marco del caso SQM.

La petición se oficializó luego de que el tribunal entregara el certificado de la inasistencia del legislador por Tarapacá a la audiencia del 13 de septiembre pasado sin ninguna justificación razonable.

En el documento de la solicitud, se explica que el objetivo de la acción es requerir la citación judicial y, eventualmente, una orden de detención para poder formalizar y pedir medidas cautelar contra el ex militante PS.

En la petición, firmada por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez -quien investiga los delitos tributarios en el marco del presunto financiamiento irregular de campañas políticas con dineros de la minera SQM- se detallan las declaraciones de Rossi a la prensa, en las que explicó que no se presentaría a la audiencia de formalización en su contra deliberadamente, para forzar que se pidiera el desafuero y así poder defenderse y demostrar su "inocencia" ante tribunales.

El texto, asimismo, detalla los antecedentes que existen contra el senador, incluida la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por facilitación de facturas falsas a través de terceros, previo acuerdo con el ex gerente general de SQM Patricio Contesse.

El abogado defensor del parlamentario, Alejandro Espinoza, comentó en declaraciones consignadas por Cooperativa que le parece "adecuado que el Ministerio Público haya dado cumplimiento a lo que manda el artículo 61 de la Constitución Política, poniendo los antecedentes a disposición de la Corte de Apelaciones". "Una vez que mi cliente sea notificado, haremos valer nuestra posición ante dicho tribunal", agregó.

El jefe de bancada de diputados de la UDI y ex integrante de la comisión Investigadora Exalmar, Felipe Ward, advirtió que podría existir mal uso de recursos públicos, por los errores que obligaron a aplazar la votación del informe de dicha instancia fiscalizadora, por extractos que habían sido incluidos sin atribución a la fuente.

La Cámara pretendía votar el jueves el informe de la Comisión que investigó la eventual participación del expresidente Sebastián Piñera en la compra de acciones por parte de Bancard, de la pesquera peruana Exalmar cuando Chile estaba en litigio con el país vecino ante La Haya.

Sin embargo, luego de que a partir de un análisis se dieran cuenta de que habían extractos con "copy paste" sacados de notas de prensa sin citar, se decidió aplazar la votación por un par de semanas.

Ward dijo que el pasado 2 de agosto cuando el documento fue votado en la comisión "advertimos que había "copy paste" y que existían errores no sólo de forma sino de fondo; y el hecho de que se haya paralizado y suspendida la votación por este mismo asunto, es un bochorno, es un papelón".

El legislador sostuvo que "podría haber un mal uso de recursos públicos, porque hay un pago a asesores internos, que son los mismos de los partidos políticos que formaron parte de esta comisión y que integran la Nueva Mayoría, quienes son los responsables de emitir y aprobar este informe existiendo un intercambio de recursos entre parlamentarios y asesores.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de RN , Leopoldo Pérez, pidió que la comisión de Ética de la Cámara que se pronuncie al respecto. "Estos diputados de la Nueva Mayoría sólo se limitaron a copiar sin citar los antecedentes de las fuentes y peor aún opiniones de redes sociales, para elaborar un informe que fue aprobado por una mayoría circunstancial", dijo.

El diputado Fuad Chahin (DC), presidente de la comisión en cuestión, llamó a que se vote el informe final sin tomar en cuenta el posible copy-paste. "Tienen que votarse las conclusiones en su mérito", dijo a Cooperativa.