Rodrigo Zamorano C.

En prisión preventiva quedaron los ochos detenidos que ayer fueron formalizados por la Fiscalía de Alta Complejidad como autores del delito de asociación ilícita terrorista y que fueron detenidos en operativos simultáneos por personal de Carabineros en la operación Huracán.

En la audiencia también se formalizó a dos de los imputados por el incendio en carácter de terrorista perpetrado contra la empresa de Transportes Calafquén, registrado el 19 de agosto y que destruyó 18 camiones.

En la formalización, efectuada en la Sala 1B del Juzgado de Garantía, la magistrada Luz Mónica Arancibia Mena acogió una de las la solicitudes de la defensa y decretó la prohibición de que la prensa difundiera las identidades de los imputados.

De acuerdo al relato que efectuó el fiscal César Schibar, los ocho imputados conformaron una organización que actuó entre marzo y septiembre de este 2017 llevando a cabo los ataques contra la empresa de transportes Cavalieri, el 12 de marzo; contra Transportes Calafquén, el 19 de agosto y contra la Forestal Mininco, en el Fundo La Envidia, el 4 de septiembre.

En la formalización la Fiscalía reveló que uno de los objetivos de la agrupación era lograr la quema de 100 camiones en el transcurso del año 2017.

Dentro de la planificación, comentó el fiscal Schibar, se encontraba un futuro ataque a la empresa de transportes Riquelme Correa, el que estaba proyectado para la víspera de la lectura de sentencia del juicio por el caso Luchsinger Mackay.

Según indicó el persecutor, la organización es dirigida por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) H.J.Ll.C. quien sería el encargado de dar órdenes a los mandos medios de la agrupación para cometer los atentados. Asimismo, se le sindicó como el financista de la agrupación y el encargado de reunir armas y municiones.

La investigación del Ministerio Público además consignó que su hijo, E.L.Ll.P. era uno de los coordinadores de los ataques y que también entregaba apoyo para la distribución de armas y municiones.

ORGANIGRAMA

Según explicó el fiscal Schibar, la organización tenía roles jerarquizados y definidos, donde además se encontraban tres hermanos (J.E.H.C, J.A.H.C y R.N.H.C) dedicados a verificar los lugares donde se ejecutarían los ataques y reclutando personas para la comisión de los delitos, todo ello bajo las indicaciones dadas por el líder.

Uno de los detenidos, en tanto, C.A.L.R. (apodado "El Temucano") estaría encargado de cooperar con la distribución de armas.

Schibar precisó que dos de los comuneros imputados (F.L.T.N. y M.D.C.C.) actuaron en la organización delictual como mandos medios con la tarea de dirigir y ejecutar los ataques incendiarios en la Región de La Araucanía.

El último de los imputados, D.E.C.A. tendría contacto telefónico constante con el líder de la agrupación, sugiriendo acciones a seguir.

El Ministerio Público tendrá un plazo de cuatro meses para realizar la investigación.

Al término de la sesión, los ocho imputados fueron trasladados a los penales de Concepción, Angol, Temuco y Valdivia.

PRUEBAS

Según indicó el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, las detenciones y posterior formalización de los imputados se produjeron "en virtud de una serie de antecedentes que son obtenidos por Carabineros bajo el estatuto de la Ley de Inteligencia, los cuales fueron liberados el jueves recién pasado y puestos a disposición de la Fiscalía".

Dichos antecedentes corresponden a interceptaciones telefónicas que hizo personal de Inteligencia de Carabineros, que incluyeron conversaciones por mensajería de texto de las plataformas WhatsApp y Telegram.

"Fue el general jefe de Inteligencia de Carabineros quien liberó la información y la remitió a la entidad investigadora", aseguró Paredes.

En la audiencia se conoció que el 9 de agosto y 7 de septiembre de este año el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, autorizó la intercepción telefónica a los imputados, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Inteligencia.

El persecutor sostuvo que la asociación ilícita se configura al existir elementos que dan cuenta que "hay jerarquía con sujetos que dan órdenes, otros que reclutan a personas para materializar ciertos delitos y otros que finalmente los cometen materialmente".

Paredes precisó que el conjunto de diligencias hechas por Carabineros permitió establecer que los teléfonos que eran monitoreados corresponden a los imputados. "Entiendo que las defensas han cuestionado aquello, pero los elementos en la audiencia dan cuenta de la seriedad de la imputación".

El fiscal regional finalmente descartó -por ahora- que haya antecedentes en la investigación que vinculen al grupo con la quema de iglesias, tanto en Malleco como la provincia de Cautín. "Es una situación que debe ser indagada en el marco de la investigación", sostuvo.

DEFENSORES

Finalizada la audiencia de formalización, el defensor Nicolás Toro sostuvo que "no existen antecedentes suficientes para dictar una prisión preventiva, todo esto se basa solamente en apodos, comunicaciones de teléfono y eso es absolutamente precario".

El abogado acusó además que las detenciones se basaron en intervenciones de comunicaciones telefónicas realizadas bajo la Ley de Inteligencia, pero que esta ley "solamente trabaja para recopilar información, pero no para ser llevada a un juicio penal".

Para ese caso, aseguró Toro, "se debió haber cumplido con el Código Procesal Penal, cosa que no se hizo para contar con mayor impunidad en el desarrollo de la investigación".

La abogada Patricia Cuevas, en tanto, defensora del líder de la CAM, cuestionó que "a través de apodos le atribuyen unos supuestos mensajes. Los antecedentes son tan bajos que evidentemente estamos molestos por la medida cautelar. Vamos a evaluar la interposición de recursos".

Cuevas agregó que "nos llama la atención que la asociación ilícita no tiene ningún nombre, considerando que en los sitios del suceso de los incendios se atribuyen al grupo Weichán Auka Mapu a través de panfletos. Lo que se está haciendo es confundir grupos".

La defensora finalmente expuso que "lo que tenemos ahora son ocho personas que no tienen ni siquiera un vínculo que pueda unirlos, eso nos faltó. La Fiscalía no hizo referencia a ningún vinculo que pudiera ligar a todas estas personas".

ESTO RECIÉN COMIENZA

En tanto, hasta Temuco llegó el director nacional de Inteligencia de Carabineros, el general inspector Gonzalo Blue Rodríguez, quien hizo referencia al trabajo que desplegó personal uniformado para lograr los antecedentes que fueron liberados a la Fiscalía y que permitieron llevar a cabo las detenciones.

"Vamos a seguir trabajando, tanto de día como de noche. Esto recién comienza, estamos investigando a otras personas y otros grupos de tal manera de aclarar la gran mayoría de los atentados que se han producido en la zona", aseveró el general Blue.

El jefe policial manifestó que "mantenemos interceptaciones telefónicas permanentes de determinadas personas que son blanco de interés para el área de Inteligencia".

Blue sostuvo que la labor de Inteligencia es un trabajo silencioso, oportuno y responsable "pero ante todo un trabajo eficaz y así ha quedado demostrado el día de hoy con los resultados que estamos dando a conocer", sostuvo.

Blue Rodríguez precisó que la liberación de la información de inteligencia "son antecedentes relacionados con hechos de violencia rural. Antecedentes contundentes que fueron puestos a disposición de la Fiscalía".