Tras permanecer ocho meses privado de libertad, ayer el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Angol absolvió al comunero mapuche Hugo Cristian Melinao Licán, de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, por lo cuales lo acusó la Fiscalía al momento de ser formalizado.

Melinao fue detenido en el marco de un allanamiento desarrollado el 24 de enero de este año por Carabineros en Erilla, operativo donde se decomisó desde la comunidad Rodrigo Melinao, una escopeta calibre 20, además de 17 cartuchos para la misma arma encontrada.

Tribunal

En su veredicto el Tribunal argumentó que "no adquirió la convicción, más allá de toda duda razonable, que se hayan verificado los extremos de los hechos que eran materia de la acusación y que se refieren a que el imputado tenia bajo su custodia las armas y municiones incautadas por la policía, debido al alto flujo de transeúntes que en la ocasión alojaban y se desplazaban en el lugar, atendido a que en la comunidad se efectuaba una actividad del tipo cultural, abierta al público interesado", consta en el escrito.

Al respecto, el fiscal que llevó adelante la causa Carlos Bustos, explicó que sí se acreditó la existencia de las especies.

"El tribunal ya rendida toda la prueba decretó un veredicto absolutorio, sin perjuicio de ello el tribunal estimó que al menos se logró acreditar por parte del Ministerio Público que había un arma en el domicilio del imputado y que había municiones que también fueron encontradas dentro del domicilio del imputado", dijo.

Respecto al sentencia, Bustos comentó que "producto de la actividad que se realizaba en el lugar, no fue posible o al menos el tribunal no adquirió la convicción necesaria para estimar que el arma y las municiones que se encontraban al interior del domicilio del imputado hayan sido de su propiedad o las haya mantenido él".

Isabel Farías Meyer

Desde el 2008 hasta la fecha La Araucanía ha enfrentado 8 huelgas de hambre, donde el rechazo a La Ley Antiterrorista, la criminalización y la mediación de la Iglesia Católica son actores que se repiten.

Si bien la Reforma Procesal Penal -que comenzó a regir en la Región y a su vez en Coquimbo el año 2000- instaura el principio de inocencia y separa las labores de investigar y sentenciar, para los especialistas y la Iglesia Católica, la Ley Antiterrorista no fue actualizada.

La mediación

De acuerdo a la edición del jueves 6 de marzo de 2008 de El Austral, los 111 días en huelga de hambre de la activista Patricia Troncoso (49) - alias "La Chepa"-, es la primera y más emblemática huelga (por su extensión) de los últimos nueve años. La mujer - junto a Juan Millalén y Jaime Marileo -dejó de consumir alimentos a fines de 2007 en la cárcel de Angol mientras cumplía una pena de 10 años y un día de presidio por la autoría del delito de incendio terrorista en el fundo "Poluco Pidenco" de la comuna de Ercilla.

Tras la mediación del obispo Alejandro Goic, en 2008 La Chepa depuso la huelga y consiguió tener libertad dominical. Ese mismo año accedió a libertad condicional por la apelación al tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro de los casos en que tuvo intervención de la iglesia a través del obispo Manuel Camilo Vial fue en 2011 y duró 86 días. Se trata de los comuneros Ramón Llanquileo, José Huenuche, Jonathan Huillical y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul; quienes tras ser declarados culpables a través de la Ley Antiterrorista por el ataque con perdigones al fiscal Mario Elgueta y tres policías, decidieron comenzar el ayuno en la cárcel de Angol y Temuco.

En tanto, el 1 de octubre de 2012 se desencadena otro caso en donde cinco comuneros, Leonardo Quijón Pereira, Luis Marileo Cariqueo, Fernando Millacheo Marín, Guido Bahamondes y Cristian Levinao Melinao, estuvieron 22 días sin ingerir alimentos, tras acusar falta de debido proceso y abuso de los testigos protegidos. Tras 22 días, el 23 de octubre, deponen la huelga tras mediación de la directora nacional del INDH, aceptando ser cambiado a la cárcel de Angol.

Por otro lado, el 14 de noviembre de 2012, Llaitul, junto a Ramón Llanquileo, inicia nuevamente una huelga de hambre que dura, según el registro de la Fundación Instituto Indígena, 76 días. Ambos depusieron su huelga tras acuerdo con para integrarlos al comité organizador de la próxima Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche, a realizar durante 2013 en La Araucanía.

Para el sacerdote jesuita Felipe Berríos, las mediaciones responden "a que la iglesia debe estar en diferentes ambientes. Además que detrás de la iglesia se supone que no hay partidos políticos u otra clase de interés económico (...) Ven confianza. Se suma la aplicación de la Ley Antiterrorista que es mala".

Otro de los ayunos y que generó repercusiones políticas por lo mediático del proceso, es el caso de la imputada por el crimen del matrimonio Luchsinger - Mackay, la machi Francisca Linconao. La líder mapuche estuvo desde el 22 diciembre hasta el 5 de enero en ayuno, donde finalmente se acogió el recurso de amparo presentado en su favor, declarando la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco que se le rebajarán las medidas cautelares a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Antes de dicha sentencia, la Corte de Apelaciones, en cuatro oportunidades la revocó.

Y es precisamente esa oposición al proceso y la aplicación de la ley, lo que genera más discrepancia. Así lo confirmó el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Federico Aguirre. "Me consta que además de la ley y la criminalización por delitos que no son directamente relacionados a la violencia rural, lo que gatilla al ayuno son las condiciones carcelarias".

La reforma y la ley

A raíz de las constantes diferencias que genera la Ley Antiterrorista y aplicación, el exfiscal regional, Francisco Ljubetic, aclaró que si bien en 2000 entró en vigencia la Reforma Procesal Penal en La Araucanía, "y modificó la persecución criminal para la mayor presencia de peritos expertos en las investigaciones", sin embargo, las "leyes especiales no fueron actualizadas a lo que eran las nuevas demandas conforme a los principios de garantismo del debido proceso. Hay una deuda en estas legislaciones", sostuvo.