Isabel Farías / Ramón Tolosa
El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, rechazó la petición del Ministerio de Interior de rebajar la medida cautelar de prisión preventiva que cumplen cuatro comuneros imputados por el ataque a una iglesia, quienes suman 115 días en huelga de hambre.
Las declaraciones las formuló el fiscal regional tras recibir al directorio del Consejo Regional de Pastores de La Araucanía, encabezado por su presidente regional, el pastor Matías Sanhueza.
Cabe precisar que Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol fueron detenidos el 10 de junio de 2016 tras el incendio de un templo evangélico en el sector Truf - Truf de Padre Las Casas.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además de precisar que la decisión del Ministerio del Interior de modificar la prisión preventiva por "otra medida cautelar, que resguarde de mejor forma la integridad física de los acusados" no le fue comunicada, enterándose por la prensa, argumentó su postura.
"Nosotros nos opondremos porque estimamos que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de los testigos que declararán en el proceso", dijo Paredes, quien a su vez precisó que aquello que haga la Intendencia o el Gobierno en cuanto a querellante, no afecta el trabajo que hace Fiscalía.
"Estamos convencidos de que los imputados participaron en un hecho gravísimo. Por eso nosotros entendemos que la única medida que garantiza y asegura los fines del procedimiento, es la prisión preventiva", agregó.
En la misma línea, el fiscal reforzó su postura argumentando la disconformidad frente a la medida del Tribunal de Garantía de dar a conocer el RUT y las iniciales de los 10 testigos víctimas con medida de protección en el caso que se investiga la iglesia quemada.
"En una decisión de la cual nosotros discrepamos, se dispuso revelar la identidad de algunos de los testigos de dicho proceso. Decisión que no nos parece adecuada y pone en riesgo la seguridad de estos testigos", dijo Paredes, agregando que la Fiscalía, en ejercicio de sus facultades autónomas, "no obedece a presión alguna".
Claro rechazo
En tanto, los gremios regionales de La Araucanía también se mostraron contrarios a la petición de cambio de medida cautelar que anunció el Gobierno.
El vicepresidente de la Sofo, Gastón Caminondo, argumentó que "es un caso muy similar a lo ocurrido con la machi Francisca Linconao, son situaciones a las que nos estamos acostumbrando, cuando un sector de imputados se ve amenazado por caer en prisión, siempre se recurre a esta mala política de huelga de hambre y lamentablemente los Gobiernos no son firmes y de cierta manera se interfiere en el Poder Judicial".
El vicepresidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, si bien dijo entender el carácter humanitario de actitud del gobierno, agregó que "el cambio de esta medida no nos parece tan adecuada, ya que estimamos que es razonable, que para delitos graves exista prisión preventiva, sea cual sea la situación de las personas imputadas". Además pidió "celeridad de los procesos para que no se alarguen las prisiones preventivas".
Por su parte, el gremio de los Transportistas dio a conocer su rechazo total a la petición del Gobierno, tal como lo expresó el presidente de los Camioneros del Sur, Alejo Apraiz.
"Se ha vuelto una conducta permanente de los delincuentes terroristas hacer medidas de presión de este tipo. Lamentablemente el Gobierno cede ante estas situacion, es lo que marca un precedente", dijo.
Por su parte, el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches, Enama, Hugo Alcamán, precisó que la petición del Gobierno es "tratar de rectificar el mal trabajo que han realizado tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, debido a los vacíos que tiene la Ley Antiterrorista y que todos estamos pagando".
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"Nosotros nos opondremos porque estimamos que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de los testigos".
Cristian Paredes,
fiscal regional Araucanía"
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"Se recurre a esta mala política de huelga de hambre y los Gobiernos no son firmes y de cierta manera se interfiere en el poder judicial".
Gastón Caminondo,
vicepresidente de la Sofo"
