A solo un día del anunciado referendo independentista convocado por el Gobierno autónomo de Cataluña y que la Justicia española considera ilegal, la tensión alcanzó su punto más alto. Ayer, los separatistas dieron a conocer a la prensa los preparativos para la celebración de la consulta, mientras que el Gobierno central advirtió que todos los involucrados deberán responder ante la Justicia.
El Gobierno regional catalán anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que mañana unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar, a pesar del amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo.
Ante esto, el ministro vocero del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, acusó al Ejecutivo catalán y a sus socios de la formación independentista CUP de "deslealtad institucional" y "desobediencia constitucional" y aseguró que tendrán que responder ante los tribunales por sus acciones.
"Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia y el progreso y bienestar no son posibles al margen el imperio de la ley y del Estado de Derecho", afirmó.
Méndez de Vigo reiteró que la consulta de mañana es ilegal, que el Tribunal Constitucional la prohibió, y que carece de garantías democráticas, por lo que señaló que "lo que suceda el día 1 no será un referéndum".
Insistencia
A pesar de las advertencias del Gobierno español, el Ejecutivo regional catalán reiteró que "el domingo se votará" y que se hará entre las 9 y las 20 horas, según informó durante la presentación de los preparativos para el referendo el consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull.
Turull dijo que habrá un conjunto de académicos y profesionales que actuarán como una junta electoral para certificar los resultados de la consulta y cuyos nombres se darán a conocer mañana. Los integrantes originales de esta junta electoral, cuya labor es supervisar los procesos electorales, renunciaron hace unos días para eludir las multas del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá "alternativas" - que no especificó - donde las fuerzas de seguridad impidan votar.
"Si alguien pretende asaltar colegios electorales en otro gesto antidemocrático, los ciudadanos de Cataluña podrán votar este domingo y estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que les corresponde", dijo Junqueras.
Los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma de Cataluña, comenzaron ayer a visitar y revisar los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir los materiales electorales, siguiendo instrucciones de su jefe operativo, Josep Lluis Trapero.
Trapero dio instrucciones a sus agentes, en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les obliga a impedir la apertura de esos centros para acoger la votación del 1 de octubre.
Los Mossos también deben comunicar a las personas que se encuentren en el interior de los locales que los deben desalojar antes de las 6:00 de mañana.
Los líderes de la Unión Europea salieron ayer a respaldar al Gobierno español. Uno de los más contundentes fue el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que sólo tiene "un interlocutor" en España, que es el Presidente Mariano Rajoy, y que confía en su "determinación" para defender "los intereses de toda España". La Canciller alemana, Angela Merkel, y el Primer Ministro italiano, Paolo Gentiloni, también manifestaron su apoyo.
