Camilo Garrido
"En nuestra Región las víctimas de estos actos hace bastante tiempo que están bajo un desamparo desde el punto de vista de lo judicial y también de la persecución de algunos delitos". Con esta visión, el presidente de la Multigremial en La Araucanía, Luciano Rivas, plasmó su molestia ante lo que considera un manto de impunidad que cubre los actos delictivos en esta zona.
El dirigente de los entes productivos de la Región criticó la falta de detenidos en diversos casos. "No olvidemos que hay 300 camiones quemados, condenados por esas causas prácticamente no hay. Tenemos el caso de las iglesias y tantos más", recordó, ante lo cual lanzó su sentencia en contra del Gobierno: "Aquí hay un sistema completo que está fallando".
Gremios
El presidente de la Asociación de Camioneros del Sur, José Villagrán -quien también acudió como oyente a la audiencia judicial de ayer- calificó la sentencia absolutoria como "un fracaso total" del Estado. "Aquí fracasó el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial porque no se han hecho las cosas bien", dijo.
Además, el candidato senatorial instó al Gobierno a "responder" ante la situación. "Aquí tiene que asumir el Estado en forma inmediata cómo repara esto, porque no le hace bien a la sociedad. Hoy la sociedad está totalmente confundida; cree que aquí no hay justicia", indicó.
Sin embargo, Villagrán aludió a que con esta resolución se sienta un precedente dañino en la sociedad de forma transversal. "Se está produciendo una polarización nacional. Nos vamos a empezar a enfrentar entre mapuches y no mapuches. No puede ser que el Estado nos haya llevado a esto", dijo.
Por su parte, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, criticó el rol del Ministerio Público. "Se demuestra que las pruebas que tiene la Fiscalía carecen de absoluta preponderancia. Es muy difícil catalogar hoy, de acuerdo a estos fallos, un atentado o este atentado a la vida de estas personas, como terroristas", dijo el empresario.
A esto Muñoz, quien agrupa a 118 empresarios pequeños y medianos y a 15 mil trabajadores desde Talca a Osorno, agregó que "se ve que hoy los terroristas y violentistas tienen banda ancha para hacer y deshacer hoy en el país".
En tanto, otros entes productivos como la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) declaró en forma institucional que el fallo "confirma la clara intromisión del Gobierno en el Poder Judicial, además de una gigantesca presión internacional".
En el mismo organismo criticaron que los jueces "demostraron no estar a la altura para enfrentar un delito de esta gravedad", agregando que la familia Luchsinger-Mackay fue víctima tanto del incendio fatal como "ahora de un sistema judicial que los sepultó".
Por otro lado, en la Corporación de Empresarios Mapuches (Enama) dijeron que respetan la institucionalidad del Estado, "por tanto, con respecto al fallo del juicio Luchsinger-Mackay, respetamos el veredicto del tribunal, atendiendo a que hubo cuatro años de investigación y dos meses de juicio".