A nivel nacional, 205.330 jóvenes rendirán los días 27 y 28 de noviembre la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Una experiencia que a muchos estudiantes les provoca un desgaste emocional y un estado de estrés no menor.

El año pasado, nuestra Región obtuvo nueve puntajes nacionales, y la idea de los establecimientos educacionales más enfocados en este examen es incrementar este número para la presente edición de la PSU.

Sin embargo, toda esta exigencia genera una serie de expectativas entre los adolescentes que, incluso, van más allá de sus capacidades.

Para la sicóloga de la Clínica Universidad de los Andes, Sandra Gelb, "la carga afectiva y emocional que le dan los jóvenes a la PSU es desproporcionada y muchas veces generan cuadros de estrés y angustia. Los adolescentes creen que se juegan el futuro y la vida en esta prueba y en realidad es una evaluación desmedida del estresor".

La especialista indica que la PSU es una prueba que se prepara por muchos años y no se puede pretender que estudiando los últimos seis meses se van a lograr grandes resultados.

Pero no todo son los estudios. Hay eventos externos que no son parte de esta prueba que hacen que los jóvenes se sobrecarguen emocionalmente y canalicen en esas situaciones; angustias y temores.

Los expertos hacen una serie de recomendaciones para enfrentar este examen que marca el futuro académico de muchos de nuestros jóvenes que ven la universidad en camino para cumplir sus sueños profesionales, donde destaca el manejo de presiones externas y contar con expectactivas realistas.

Además, los consejos para estos días previos consisten en identificar fortalezas y capacidades y confiar en ellas. Comer y dormir bien. Realizar ejercicios físicos también es una buena alternativa.

El entorno familiar cumple un rol fundamental para ayudar a los jóvenes y para que entiendan lo que realmente es la PSU y que no necesariamente se juegan su futuro.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco acaba de absolver a los 11 comuneros mapuches acusados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. La razón es la falta de prueba acompañada en el juicio por el Ministerio Público. Con esto se vuelve a repetir la triste experiencia de otras investigaciones y juicios donde luego de largos períodos de privación de libertad los imputados son absueltos.

El Ministerio Público al invocar la legislación antiterrorista ha aprovechado las ventajas procesales que ofrece dicha norma y ha obtenido largas privaciones de libertad mediante la medida cautelar de 'prisión preventiva', herramienta que, en el caso de los miembros del pueblo mapuche, ha sido incluso calificada como una discriminación por razones étnicas.

Hay por lo menos 37 casos de comuneros mapuches que han pasado largos períodos de prisión preventiva o sujetos a otras medidas restrictivas de libertad y que finalmente han sido absueltos.

Los 12 comuneros acusados bajo Ley Antiterrorista por hechos ocurridos el 28 de julio de 2009, donde resultó apedreado un bus de la empresa Tur Bus, permanecieron casi 2 años en prisión preventiva y luego fueron absueltos. También fue el caso de Mauricio Huaiquilao y Luis Tralcal. Se decretó la prisión preventiva pero luego fueron absueltos. O el caso de Juan Huenchullán a quien se le acusó por diferentes delitos, en la causa denominada 'Peaje Quino'. La Fiscalía contaba sólo con un testigo sin rostro y el acusado fue absuelto.

La Corte Suprema al parecer ha tomado conciencia de esta situación en la reciente resolución de 19 de octubre de este año, donde acogió un recurso de amparo en favor de los imputados por la denominada 'Operación Huracán'.

Algunos perciben que aquí no hay una aplicación neutral y objetiva de la ley como es el deber de los fiscales. Cuesta asumir como ciudadano que en estos casos el Ministerio Público no esté consiente que la prueba que arrojan sus investigaciones son débiles. Pareciera ser que actúan representándose esa posibilidad, pero aun así formalizan y solicitan la prisión preventiva de los imputados. La conclusión es más o menos obvia: saben que la prueba es deficitaria, pero aun así formalizan sabiendo que van a obtener una prisión de meses o años sobre sus acusados.

¿Cómo se puede evitar una cosa así? La teoría política conoce la respuesta hace mucho tiempo: hacer efectiva la responsabilidad del Estado por los daños causados. El problema es que nuestra legislación contiene una normativa restrictiva en cuanto a la reparación en casos de error judicial o por actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. Algunos piensan que por esta razón el ente acusador, una y otra vez, solicita la prisión preventiva aun no teniendo prueba suficiente; con eso conseguiría en la práctica adelantar una pena que sabe que no va a poder obtener en una condena ante los tribunales de justicia.

Sergio Fuenzalida, académico Facultad de Derecho, U.Central

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