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EL MISTERIO DE TRENG TRENG Y KAY KAY

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Abril de 2011 El Minvu aprueba 800 millones de pesos para la elaboración del diseño del Tercer Puente, que se llamará Treng Treng y Kay Kay.

Noviembre de 2013 El Minvu da a conocer que hay cinco empresas interesadas en la ejecución del proyecto del Tercer Puente. Ese mismo mes, se la adjudica Paicaví.

Noviembre de 2015 El Serviu admite retrasos en la entrega de terrenos expropiados, argumentando que se deben a un mal cálculo de la administración anterior.

Abril de 2017 Se da a conocer un informe de Contraloría Regional en el que se evidencian errores de inspección y deficiencias técnicas en la construcción de la obra.

Septiembre de 2017 El Minvu rechaza una solicitud de prórroga de obras de la empresa Paicaví al detectar insolvencias y decide terminar el contrato con Paicaví.

Fiscalía investiga fraude al Fisco por abandono de obras del Tercer Puente

PROYECTO PARALIZADO. La PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer eventuales responsabilidades de empresarios o funcionarios públicos.
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La Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de la Región de La Araucanía confirmó que abrió una investigación por el abandono de obras del Tercer Puente que conectaría Temuco con Padre Las Casas, en búsqueda de un posible delito de fraude al Fisco.

La causa fue abierta hace poco más de dos semanas, luego de que la Fiscalía tomara conocimiento de un informe de la Contraloría Regional y de varios reportajes periodísticos que advirtieron la insolvencia económica de la empresa Consorcio Paicaví, el grupo de cuatro empresas que, tras adjudicarse el proyecto en el año 2013, hizo abandono de las obras en septiembre pasado, momento en el que contratistas denunciaron haber sido finiquitados sin recibir pagos por los servicios prestados, mientras que sus respectivos trabajadores reclamaron no recibir sus sueldos.

"Sabemos que esta obra contempla el pago de más de 45 mil millones de pesos y hemos sabido que a la fecha ya se ha pagado más del 50% de estos dineros (...) De acuerdo a revisiones preliminares que ha realizado la Policía de Investigaciones, es fácil advertir -aun sin tener los informes técnicos- que la obra no está completa siquiera en un 50%", afirmó el fiscal Luis Arroyo.

"En caso que se hayan pagado estos dineros y la obra no haya sido ejecutada en la forma que establecen los contratos, podría haber un delito de fraude al Fisco, aunque no se descarta la comisión de otro tipo de ilícitos, como tráfico de influencias o negociación incompatible", agregó Arroyo.

Puente bajo la lupa

La investigación de la Fiscalía implicará diligencias tanto administrativas como técnicas en terreno. En este sentido, el comisario Rodrigo Moscoso, subjefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Temuco, adelantó que la investigación podría extenderse por un periodo aún no determinado, ya que los peritos especialistas del área de arquitectura, urbanismo y construcción -que forman parte de su Laboratorio de Criminalística- deberán realizar un levantamiento fotográfico y planimétrico en toda la extensión del proyecto, incluyendo las calles intervenidas en Padre Las Casas y Temuco.

"El peritaje busca establecer el estado actual de la obra, las obras faltantes y determinar si existe alguna anomalía en la construcción", afirmó el comisario.

A ello también se sumarán revisiones a las bases de licitación y adjudicación, además de los contratos firmados entre el Serviu y la empresa Consorcio Paicaví.

"Tenemos que ver quiénes integraban las comisiones evaluadoras, por qué se seleccionó a esta empresa y no a otra... son situaciones que están recién comenzando a ser investigadas", declaró el fiscal Arroyo.

Por ahora, la Fiac esperará que los funcionarios de la PDI emitan un "primer pronunciamiento" de las diligencias efectuadas ayer para proseguir con citar a declarar para los presuntos implicados.

Sobre aquello, tras ser consultado por la prensa, el persecutor no descartó que sean citadas a declarar autoridades del Serviu y el Minvu, tanto de la administración actual como la anterior.

Querellante y serviu

Carlos Gutiérrez, abogado de la empresa Proinco, subcontratista de Paicaví, confirmó que interpusieron una querella criminal en contra del Consorcio por el delito de estafa.

Por su parte, desde el Serviu se informó que la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía es "atendible (...) en cumplimiento a sus obligaciones institucionales" y que cooperarán entregando "toda la colaboración" que sea solicitada.

"Hemos actuado conforme a la normativa vigente (...) esta obra millonaria está técnicamente bien ejecutada en lo que lleva de avance", afirmó el director (s) del Serviu Araucanía, Pablo Campos.

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"De acuerdo a revisiones preliminares que ha realizado la Policía de Investigaciones, es fácil advertir (...) que la obra no está completa siquiera en un 50%".

Luis Arroyo,, fiscal jefe de la FIAC"

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"Esta obra millonaria está técnicamente bien ejecutada en lo que lleva de avance, por eso nos hemos concentrado en esta etapa a lograr su liquidación".

Pablo Campos,, director (s) del Serviu"

"Creemos que aquí hubo estafa"

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gerente general de Proinco

A la ejecución de obras de detalle como el enfierrado, los moldajes y el proceso de hormigonado se dedicaba la empresa Proinco, que operaba como contratista del Consorcio Paicaví. A la fecha, según dice su gerente general, acumulan 900 millones de pérdidas, dineros que no fueron pagados y que les significan ahora una serie de demandas por parte de trabajadores que no recibieron sus sueldos.

-¿Qué le parece que se haya iniciado una investigación sobre el Tercer Puente?

-Me parece bien, y de hecho nosotros nos habíamos adelantado a esto porque presentamos una querella, porque creemos que hay algún tipo de estafa en todo esto. Nos consta que se han desviado muchos fondos de la obra, que debían ser pagados a nosotros como contratistas, a empresas que formaban parte del Consorcio.

-¿Quién cree que es el responsable de esto?

-Si es que hubo lo que nosotros pensamos, como un delito de estafa, de malversación de fondos o de mala administración, yo pienso que debe ser responsabilidad de alguna de las empresas que formaba parte del Consorcio Paicaví, pero eso tendrán que estimarlo los tribunales de justicia.

-¿Qué es lo último que sabe respecto a los personeros del Consorcio Paicaví?

-No tengo contacto con ellos, porque ya no contestan el teléfono y no están en las oficinas que tenían en Chile. Lo que más temo es que los responsables se hayan ido del país.

-¿Cómo les complica eso?

-En principio, si la justicia funciona como debiese de funcionar, no podría haber mayor problema. Esto es porque si efectivamente se dictamina que hay una responsabilidad o si antes de dictaminarla se requiere interrogar a las personas posiblemente implicadas, habrá que recurrirlas donde estén y hacer que vengan a Chile.

Luis Alonso,