Rodrigo Zamorano C.
Una denuncia estampada en la Fiscalía Regional a fines del mes de octubre de este año en contra del actual seremi de Desarrollo Social, Rodrigo Gutiérrez y otros funcionarios públicos, derivó en una investigación desformalizada que lleva adelante el Ministerio Público.
El fiscal adjunto de Temuco, Cristian Crisosto, confirmó que el ente persecutor se encuentra investigando a los funcionarios de dotación del Estado por el delito de malversación de caudales públicos.
La denuncia, estampada en contra del seremi Gutiérrez y el jefe de gabinete de éste último, Marcelo Aedo, hace referencia a una serie de irregularidades cometidas al interior de la institución en el marco del comité interministerial "Elige Vivir Sano".
Entre los hechos denunciados se encuentra una presunta desviación de recursos asociados a la ejecución del programa de Ferias Saludables.
Allí se describen situaciones tales como servicios pagados que no fueron realizados y la compra de insumos audiovisuales que tampoco tendrían respaldo alguno.
FONDOS
La indagatoria, en carácter de desformalizada, fue confirmada por el fiscal Cristian Crisosto, quien aseguró que la investigación proviene de una denuncia efectuada al Ministerio Público donde "se involucraba a diversos funcionarios públicos en cargados directa o indirectamente del programa Elige Vivir Sano, en La Araucanía".
Crisosto afirmó que los hechos contenidos en la denuncia "se referirían a desviación de fondos destinados a actividades públicas que no se habrían efectuado".
El persecutor agregó que tras tomar la denuncia "se agregaron diversos antecedentes y se dispuso una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI".
Dicha investigación, aseguró Crisosto, "actualmente se está tramitando y esperamos tener resultados prontos de dichas diligencias para poder adoptar decisiones en la causa", dijo, haciendo referencia a una eventual formalización de cargos al actual seremi de Desarrollo Social.
El persecutor precisó que la hipótesis que se está investigando es "malversación de caudales públicos, que indicaría que un funcionario público que tiene a su cargo fondos públicos se apropia de ellos para fines particulares".
El fiscal indicó que el monto de lo defraudado excedería las 40 UTM, equivalentes a más de $ 2 millones.
"Eso es relevante porque la pena de este delito se gradúa según el monto de lo apropiado. La pena en este caso podría llegar a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo", detalló Crisosto.
GOBIERNO
Pese a que este diario intentó comunicarse con el seremi de Desarrollo Social, el representante de la cartera no pudo ser contactado.
Quien sí se refirió a la indagatoria fue el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, quien indicó que "los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio dado que todas las acciones que hacemos, porque manejamos recursos públicos, deben hacerse con estricto apego a la ley; por lo tanto, de verificarse que hay algún tipo de irregularidad no quepa duda que se tomarán todas las sanciones estipuladas".
Chancerel precisó que el Gobierno dejará que las instituciones funcionen. "Serán los tribunales los que despejen cualquier duda", aseveró.
El gobernador finalmente afirmó que "ésta es una investigación en marcha donde conviene ser prudente para luego sacar conclusiones".
"
"(En la denuncia) se involucraba a diversos funcionarios públicos encargados directa o indirectamente del programa Elige Vivir Sano".
Cristian Crisosto,, fiscal adjunto de Temuco"