Camilo Garrido
En vista de un nuevo proceso judicial por el caso Luchsinger-Mackay, tanto gremios productivos como organizaciones sociales de la Región pidieron que la instancia venidera garantice una serie de elementos para la garantía de derechos, tanto de imputados como de las víctimas.
Uno de los primeros en reaccionar en las redes sociales fue Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien calificó la resolución que acogió el recurso de nulidad como "una buena y justa señal" y que "abre las esperanzas de que por fin se haga justicia".
A esto, Ariztía agregó que continuarán apoyando a la familia Luchsinger-Mackay y que "esperamos que éste sea el primer paso para que exista un veredicto condenatorio y así dejar atrás la sensación de impunidad y carencia de justicia que hasta ahora ha rodeado este caso judicial".
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Marcelo Zirotti, agradeció la instancia ya que encontró el juicio anterior como "aberrante" y viciado por "gran presión política", para lo cual indica que "los juicios tienen que atenerse a la realidad de los hechos y no sentir presiones políticas, como la que nosotros vimos".
En tanto, el máximo representante de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, consideró como importante la nulidad del juicio anterior, porque "si hubo infracciones durante el juicio anterior, este juicio se debe repetir", opinó.
A esto, Rivas agregó que "esperamos que ahora, en marzo, las pruebas puedan ser tomadas como corresponde, y el juicio pueda dar con quienes fueron responsables de este asesinato".
Preocupación
Pero en los organismos sociales hubo un ánimo de preocupación por el trato a quienes resultan imputados en estos casos y, en palabras de Aucán Huilcamán, el encargado de Relaciones Internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas Las Tierras, el trato con el pueblo indígena.
"(El fallo anulatorio) Es claramente una resolución política. En primer lugar pone en duda la objetividad de todo el sistema penal y no otorga credibilidad a la opinión pública", dijo el werkén, quien además cuestionó que ministros que conforman el Tribunal de Alzada "tienen conflicto de intereses con la situación mapuche, especialmente aquellos ministros que tienen propiedades al interior de las comunidades mapuches, tierras que están bajo los títulos de merced".
Además, Huilcamán criticó una falta de resoluciones judiciales objetivas en la Región, ya que se condena a priori a los mapuches. "Hay que recordar que éste es un juicio político, muy similar a lo que se efectúa con los palestinos en tierra ocupada por los judíos", dijo.
El abogado Richard Caifal, director ejecutivo de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y de la fundación Centro de Política Mapuche Rakizuam, dijo respetar el fallo de la Corte de Apelaciones, pero también hizo un llamado a las autoridades "que entiendan que no se debe reducir a los tribunales la resolución del problema".
El director, del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Temuco, Federico Aguirre, expresó sorpresa por el fallo. "Uno no visualiza dónde pudiera existir un vicio de nulidad en el razonamiento sostenido por el Tribunal Oral en lo Penal, pero es también el ejercicio de un derecho", y agregó que pide que "se garantice la presunción de inocencia. Es necesario esclarecer que respecto a los 11 imputados hay una única sentencia que es de carácter absolutoria".