El Ministerio del Interior, a través de las intendencias de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, se querellaron por la serie de atentados incendiarios y ataques a efectivos de Carabineros que se registraron durante la noche del martes 16 de enero y la madrugada del día siguiente en diversas comunas del sur del país.

Junto con condenar los hechos, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que se presentarán querellas por los delitos de incendio establecidos en el Código Penal, descartando así el uso de la Ley Antiterrorista.

"Las policías están trabajando en los sitios del suceso apenas ocurrido los repudiables ataques en contra de carabineros, iglesias y helicópteros", afirmó el subsecretario Aleuy.

La autoridad precisó además que "durante la preparación de la venida del Papa, establecimos coordinaciones especiales con los fiscales, de modo de poder realizar con la mayor precisión y rapidez posible este tipo de investigaciones".

ATAQUES

En la Región de La Araucanía, el Gobierno se querelló por el incendio intencional que afectó a una capilla católica y a un establecimiento educacional ubicado en el sector San Andrés, de la comuna de Collipulli.

Asimismo se presentó una querella por incendio tras el atentado que sufrió un templo evangélico pentecostal que fue destruido por encapuchados en el sector de Tricauco, en Ercilla.

En ese ataque, los autores del hecho dejaron una pancarta en contra de la Iglesia y el Estado.

En tanto, en el caso del ataque a efectivos policiales ocurridos en la comuna de Victoria, la acción legal invocará el delito de homicidio frustrado a Carabinero.

BIOBÍO Y LOS RÍOS

Las demás acciones legales del Gobierno dicen relación con el ataque incendiario que la noche del martes 16 de enero destruyó tres helicópteros que combaten incendios forestales, los que se encontraban aparcados en la Central de Incendios La Colcha, en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco.

El predio en cuestión contaba con medidas de seguridad y tras los ataques fueron encontradas pancartas en las que la Coordinadora Arauco-Malleco se atribuía el atentado.

En la Región de Los Ríos, en tanto, una iglesia católica del sector Huitag, en la comuna de Panguipulli, fue atacada por desconocidos resultando la capilla de San Sebastián totalmente destruida.

Tras el hecho, la policía halló en el lugar un panfleto con alusión a la visita del Papa a Chile y a la libertad de los presos mapuches.

Las querellas se suman así a las acciones legales que presentó el Gobierno por los ataques incendiarios a parroquias católicas en Cunco.

Rodrigo Zamorano C.

Una pena de presidio perpetuo arriesga la banda de cinco sujetos que está imputada por el asalto a un camión de valores Brinks, registrado la tarde del 8 de noviembre de 2016 en Purén y que dejó como saldo un guardia fallecido tras una balacera y el robo de $58 millones.

La condena fue solicitada por el Ministerio Público en la acusación contra los cinco imputados por el hecho, quienes se mantienen en prisión preventiva tras haber sido detenidos en marzo del año pasado.

Según precisó el fiscal Carlos Cornejo, de la Unidad de Análisis Criminal (UAC) de la Fiscalía de La Araucanía, a los imputados "se les atribuye participación en tres delitos distintos: robo calificado con homicidio, homicidio simple en grado de frustrado y receptación".

Para el primer delito, la Fiscalía pidió al Tribunal una pena de presidio perpetuo simple en contra de Jairo Hernández Sepúlveda, Marcelo Sáez Ruiz, José Sáez Ruiz, Gonzalo Torres y Christopher Herrera Leiva, en calidad de autores.

El fiscal Cornejo además agregó que "por el delito de homicidio en grado de frustrado se está solicitando una pena de 10 años de presidio".

Juicio

Tras conocer de la acusación, el Juzgado de Garantía de Purén agendó para el próximo 15 de febrero la primera audiencia de preparación de juicio oral, la que se llevará a cabo en Purén.

"La imputación que se está efectuando respecto a los autores de este hecho está basada en antecedentes que se lograron reunir durante el curso de la investigación y que se detallan en la acusación", aseveró el fiscal Cornejo, agregando que la indagatoria tomó un periodo cercano a un año.

En la acusación, la Fiscalía presentó 78 testigos, 6 de los cuales tienen identidad reservada "producto del riesgo que existe respecto de algún tipo de afectación a su integridad física", indicó el fiscal.

El Ministerio Público además ofreció al Tribunal 27 peritos quienes expondrán en el juicio oral respecto de operaciones técnicas realizadas como por ejemplo levantamiento de ADN que se recuperó en la camioneta utilizada por los presuntos autores del hecho al momento de la huida.

"Finalmente tenemos una cantidad de 285 otros medios de prueba, tales como documentos y evidencia que se levantaron del sitio del suceso, como por ejemplo proyectiles balísticos", afirmó el representante de la Unidad de Análisis Criminal.

Durante el año aproximado que tomó esta investigación, precisó el fiscal, "se pudo establecer que estos sujetos corresponden a una banda delictual que operaba fundamentalmente en la Región del Bío Bío y particularmente en la zona de Lota y Curanilahue, lugar donde además mantenían sus domicilios".

DETENIDOS

Fue justamente en las comunas citadas anteriormente que un equipo especial de la Policía de Investigaciones, logró en el mes de marzo del año pasado la detención de cuatro sujetos.

Las diligencias coordinadas entre la Fiscalía y la PDI permitieron el 29 de marzo de 2017 materializar el ingreso en simultáneo a dos viviendas de la comuna de Curanilahue y otras dos en Lota.

Tras ser detenidos en sus domicilios, los cuatro hombres fueron llevados hasta el cuartel de la PDI de Angol, desde donde fueron trasladados para su control de detención en el Juzgado de Garantía de Purén.

El quinto detenido, en tanto, y cabecilla de la banda, fue arrestado el 22 de septiembre de 2017 por efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Angol.

La detención se registró en el cruce Carampangue, en la comuna de Arauco, tras una persecución que terminó con un intercambio de disparos entre el sospechoso y un cómplice, con los detectives.

Cabe precisar que en el asalto al camión Brinks en Purén resultó lesionado con una herida de bala el vigilante privado Diego Antonio Aguilera Morales (24).

Peor suerte corrió el guardia Miguel Angel Vera Sanhueza (23) quien recibió certeros disparos en el tórax, heridas que le provocaron la muerte.

Tras la balacera, los delincuentes huyeron en una camioneta que previamente había sido robada a su dueño en el sector de Chivilingo, en la comuna de Lota.

"Se les atribuye participación en los delitos de robo con homicidio, homicidio simple y receptación".

Carlos Cornejo,, fiscal UAC."