Fiscalía cierra Operación Huracán y acusa montaje de Carabineros
VUELCO. La Fiscalía inició investigación contra la unidad de inteligencia de la policía uniformada por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
La Fiscalía de La Araucanía comunicó al Tribunal de Temuco su decisión de cerrar la investigación por la denominada "Operación Huracán", indagatoria que acusaba a ocho comuneros mapuche por los delitos de asociación ilícita terrorista, por tres ataques incendiarios en la Región.
La decisión de no perseverar en la causa se basa en las presuntas manipulaciones de los antecedentes que dieron origen a la indagatoria: los mensajes de WhatsApp y Telegram interceptados a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y otros siete comuneros mapuche. Mensajería que fue obtenida por Carabineros bajo la Ley de Inteligencia.
"Se han reunido una serie de antecedentes periciales que dan cuenta de que hubo manipulación de la evidencia incautada", afirmó el fiscal regional, Cristian Paredes, asegurando que las pruebas serían falsas.
El fiscal señaló que a través de peritajes realizados por la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldeco) de la Fiscalía Nacional, "se estableció que la información que fue recogida en los preinformes y en los informes periciales elaborados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros existen una serie de inconsistencias a los hallazgos que ahí se refieren".
Puntualmente, el fiscal regional señaló que los supuestos diálogos que se habrían encontrado en cuatro teléfonos celulares incautados a los imputados "no corresponden a la forma en que se archivan estos documentos", aseverando que los mensajes habrían sido implantados de forma posterior al decomiso de los equipos.
Según afirmó Paredes, los mensajes "fueron incluidos en los teléfonos de forma mañosa y no corresponden a los hallazgos que regularmente debiesen aparecer al hacer peritajes de esta naturaleza".
INVESTIGACIÓN
Obtenida esta información, la Fiscalía abrió una investigación penal el 28 de diciembre de 2017 para indagar en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros los delitos obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
"Éste es un hecho grave" sentenció el fiscal quien aseguró que tomó la investigación junto a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía porque "un Derecho Humano fundamental es el derecho al debido proceso y éste se sustenta entre otros pilares en la legalidad de las actuaciones que se desarrollen".
Paredes agregó que en el marco de la investigación se encargó un peritaje forense particular "el que arribó a idénticas conclusiones, lo que constata la serie de irregularidades que hemos mencionado".
En base a los antecedentes, ahora será decisión del Juzgado de Garantía de Temuco para agendar una audiencia de cierre de investigación.
LEY DE INTELIGENCIA
En Santiago, el fiscal nacional Jorge Abbott abordó la polémica indicando que "esto nos parece gravísimo e inédito en toda la historia de la nueva reforma".
El jefe nacional del Ministerio Público afirmó además que "la investigación fue cerrada porque los argumentos entregados para imputar a los ocho comuneros tienen serias irregularidades".
Abbott aseveró que los antecedentes obtenidos bajo la Ley de Inteligencia y que permitieron la detención de Llaitul y los demás comuneros mapuches no pasaron por la Fiscalía.
"Es primera vez que la Fiscalía cuenta con información de investigaciones que se realizan al amparo de la Ley de Inteligencia. Son investigaciones de las cuales la Fiscalía no ha tenido el control de su información", aseguró.
Pese a ello Abbott evitó cuestionar a la institución. "Nos encontramos con una situación absolutamente irregular pero no se puede dudar del sistema", dijo.
QUERELLA
Como consecuencia, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), Luis Arroyo, presentó una querella contra quien resulte responsable por los delitos de falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa, obstrucción a la investigación, violación de reserva e infracción a la Ley de Inteligencia.
Escrito que se presentó en el marco de la indagatoria que lleva adelante el fiscal de Aysén, Carlos Palma, por las presuntas filtraciones desde la Fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a la CAM.
En la querella se plantea que Carabineros, en su informe N° 202 a la Fiscalía Nacional, le advierte al fiscal Abbott que el fiscal Luis Arroyo se habría inhibido de adoptar medidas en contra de la abogada investigada por las filtraciones, debido a que mantendrían una relación sentimental.
"Para sustentar dicha imputación injuriosa", dice Arroyo en la querella, Carabineros agregó en el informe conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Arroyo y la abogada Mónica Palma. El jefe de la Fiac finalmente solicitó medidas de protección para él y su familia en su carácter de víctima de delitos.
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"Se ha reunido una serie de antecedentes periciales que dan cuenta de que hubo manipulación de la evidencia incautada".
Cristian Paredes,, fiscal regional."
"Fue cerrada porque los argumentos entregados para imputar a los ocho comuneros tienen serias irregularidades".
Jorge Abbott,, fiscal nacional."