Fiscalía y PDI incautan equipos de Carabineros tras allanamientos
POLÉMICA. Carabineros impidió que se llevará a cabo la diligencia. En horas de la tarde la institución liberó el material para la ejecución de peritajes.
Más de nueve horas le tomó a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI) llevar a cabo allanamientos al interior de dos recintos pertenecientes a Carabineros, en el marco de la indagatoria por la denominada Operación Huracán.
La diligencia, autorizada por un juez de Garantía de Temuco, logró decomisar desde los cuarteles del Labocar y de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en Temuco, equipos y documentación relativa a las pruebas obtenidas bajo la Ley de Inteligencia y utilizadas en la indagatoria que acusó a ocho comuneros mapuches como autores de ataques incendiarios en La Araucanía durante 2017.
Los equipos incautados serán periciados por el Laboratorio de Criminalística de la PDI y fueron solicitados por la Fiscalía en la investigación que lleva adelante el fiscal regional, Cristian Paredes, y que dice relación con la presunta manipulación de la evidencia encontrada en los teléfonos celulares de los comuneros detenidos el pasado 23 de septiembre de 2017 en la Operación Huracán.
El fiscal regional abrió una investigación por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público contra la Unidad de Inteligencia de Carabineros, la que está en curso.
Junto con los equipos incautados en Labocar y en la unidad de inteligencia de Carabineros, la PDI logró decomisar un equipo informático desde un domicilio particular en Temuco, el que también fue allanado bajo orden judicial.
El lugar pertenecería al creador del software que le habría permitido a Carabineros obtener los registros de mensajería por WhatsApp y Telegram desde los celulares de los imputados.
NEGATIVA
El allanamiento se inició a las 10.25 en un domicilio de la Avenida Pablo Neruda de Temuco, centro de operaciones de la unidad de inteligencia de Carabineros.
Hasta ese lugar llegó el fiscal Roberto Garrido, acompañado por un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, con la misión de incautar evidencia asociada a la manipulación de los mensajes que inculparon a Héctor Llaitul y otros siete comuneros mapuches en la causa.
La diligencia, sin embargo, fue impedida por Carabineros amparados en el artículo 209 del Código Procesal Penal, el que indica que los allanamientos en lugares especiales como "lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares", se deberá avisar con 48 horas de anticipación.
"Existió oposición por parte de Carabineros en razón de formalidades legales que estimaron se habían incumplido", aseguró el fiscal Garrido a la salida de la primera jornada de diligencias.
Pese a que en un principio no se logró la incautación de los equipos, Garrido afirmó que "estamos realizando el sello de todas las evidencias que podemos levantar y el resguardo de la misma".
Las trabas al allanamiento se hicieron más patentes con la llegada de dos coroneles de la plana mayor de Carabineros, quienes se reunieron con el fiscal al interior de la base de inteligencia policial.
"Las jefaturas de Carabineros se presentaron en el lugar para manifestar su oposición a las diligencias que estábamos realizando", sostuvo Garrido.
Consultado ante la negativa de Carabineros, quienes habrían asegurado que era necesario la notificación previa de 48 horas, como lo estipula el artículo 209 del Código Penal, el fiscal puntualizó que "estimamos que dada la urgencia y el carácter de la diligencia eso no era necesario".
TENSIÓN
Mientras la plana mayor de Carabineros, la PDI y el fiscal Garrido dialogaban al interior del cuartel policial, un piquete de Fuerzas Especiales se apostó a dos cuadras del recinto, esperando por instrucciones.
El operativo incluyó una tanqueta todoterreno, un carro lanzaguas y un bus de Carabineros estacionado en la esquina de Avenida Pablo Neruda con Inés de Suárez. La escena alteró la natural tranquilidad del barrio netamente residencial, ubicado en el sector poniente de Temuco.
Finalmente a las 15.30 horas el fiscal Garrido salió del cuartel en dirección a los otros puntos de allanamientos para continuar con las diligencias.
El paso que siguió por parte de la Fiscalía fue oficiar al ministro del Interior para la materialización de la diligencia.
"Entendemos que ésta debe realizarse a la brevedad posible porque necesitamos contar con los equipos para poder periciarlos", indicó la vocera de la Fiscalía, Marta Herrera.
Fue gracias a esta comunicación y con la intervención del Ministerio del Interior que Carabineros accedió a entregar las especies requeridas por la Fiscalía para la investigación.
El alto mando de Carabineros informó a través de una declaración pública que accedía a la entrega inmediata de los equipos sellados previamente por la Fiscalía "pese a existir una norma legal que fija los procedimientos de examen y registro de lugares especiales" y lo hacía "con la finalidad de cooperar y facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados".