En pocos años el tránsito en la capital regional se ha modificado sustancialmente, mostrando hoy un incremento notable de "tacos" en diversos sectores de la ciudad debiendo las personas tomar nuevas providencias para evitar llegar con atraso a sus obligaciones laborales, educacionales, compromisos y diligencias.

Aun esta situación es soportable, pero se acerca peligrosamente y con mucha rapidez a los límites aceptables, lo que terminará perjudicando en forma sustantiva la calidad de vida de las personas. Ya un porcentaje importante de la comunidad debe hacer sus colaciones cerca de su fuente laboral o estudiantil, de sus oficinas, pero también muchos se trasladan a sus hogares al mediodía. Es probable que pronto, como sucede en Santiago, eso será imposible.

Que en la capital nacional una persona deba invertir cuatro horas para ir y regresar a y desde sus obligaciones es motivo de profunda preocupación e indignante. Más aún si se considera que, pese a multimillonarias obras viales, nada asegura que el problema no se agrave cada vez más.

En ese contexto surgen voces pidiendo legislar sobre una jornada laboral menos extensa para aminorar este verdadero martirio que soportan los santiaguinos y que empiezan a sentir los temuquenses. Hay países que han establecido normas en tal sentido, instituyendo jornadas paulatinamente más breves.

Lo anterior implica modificar sustancialmente la filosofía con que enfrentamos nuestra presencia en el trabajo, posibilitando que, en un horario más breve, la producción sea similar e incluso superior a la anterior. Los países que han adoptado esta política no han visto merma alguna en su productividad, pero durante esas jornadas laborales reducidas el compromiso con el trabajo es total, eliminando redes sociales, uso de celulares, el cigarro o el café. Con esas condiciones es posible brindar a las personas más espacio para sus necesidades personales y familiares.

El mundo, no cabe dudas, camina hacia allá.

La investigación que abrió la Fiscalía por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento tras imputarle a personal de Carabineros haber falseado pruebas en la llamada "Operación Huracán", rompió por completo las confianzas entre ambas instituciones y debilitó la institucionalidad.

Sólo las investigaciones que lleva el propio Ministerio Público y los tribunales de Justicia, deberán determinar qué tan contundentes son las pruebas que existen en contra del personal de Inteligencia de una de las instituciones más queridas por los chilenos.

Está claro que el Ministerio Público apostó a todo o nada, porque con esta acción también se ponen en riesgo diversas investigaciones donde tanto personal del Labocar como de Inteligencia han aportado antecedentes claves.

¿Cómo le explica la Fiscalía a un tribunal que en la Operación Huracán un funcionario de una unidad determinada alteró o falseó datos, pero en esta diligencia los datos aportados son fidedignos? La desconfianza está sembrada.

La acción del Ministerio Público ha puesto en tela de juicio el trabajo de Carabineros y ha hecho que los jueces estén muy alertas respecto a la calidad de la prueba que se presente en los respectivos juicios. Y si antes se comentaba que en La Araucanía el estándar probatorio que se exigía era alto, lo más probable que ahora sea mucho más.

El Gobierno ha jugado un papel relevante en todo esto. Por un lado le puso paños fríos a la decisión de la Fiscalía de cerrar la Operación Huracán, solicitó nuevas diligencias que no fueron consideradas y tomó la determinación que en la audiencia para revisar los antecedentes se opondrá al cierre de la causa. Y lo más contundente es que el Ejecutivo le dio un férreo respaldo al general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

Las relaciones entre Carabineros y la Fiscalía están quebradas, nada será igual entre ambas instituciones, habrá un antes y después de este punto de inflexión. La pregunta es : ¿No había canales internos para resolver estas diferencias?, ¿no existen protocolos para enfrentar estas delicadas situaciones entre ambas instituciones? Soy un convencido que tras este quiebre, más allá de lo que determinen los tribunales, debe crearse un órgano contralor del Ministerio Público respecto a determinadas acciones, como la tiene la PDI, el Poder Judicial y Carabineros.

Dionisio Ulloa Berrocal, abogado

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