Como este año se cumplen los 36 meses desde que entró en vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) por MP2,5 para Temuco y Padre Las Casas, las calderas de mayor tamaño, como son las industriales y de edificios, ingresan al monitoreo del Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

La temporada de GEC que monitorea Medio Ambiente y que fiscaliza en colaboración con Salud partió ayer en la intercomuna y se extiende hasta el 30 de septiembre.

En esta oportunidad, además de las viviendas afectas (79.799) que están dentro del polígono de restricción, las calderas de las industrias y de los edificios serán fiscalizadas y multadas si es que no dan cumplimiento a un estándar de emisión, cuya concentración no puede ser mayor a 50mg/m3 de material particulado.

Para tales efectos y para dar cumplimiento con el artículos 48 del PDA, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor o igual a 20 MWt deben instalar y validar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para Material Particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2).

Lo anterior debe hacerse de acuerdo a un protocolo que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. Estarán afectas de cumplir con esta obligación las calderas que utilicen combustibles gaseosos.

Ahora bien, las calderas cuya potencia sea mayor a 75kwt y menos a 20 MWt, la normativa señala que deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, también de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia de Medio Ambiente.

La periodicidad de esta medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector (industrial o residencial, comercial e institucional).

Para el sector industrial este monitoreo, dependiendo del combustible, varía entre los seis y 12 meses. En cambio, para los edificios, la periodicidad del monitoreo, va entre los 12 y 24 meses.

Andrea Arias Vega

La seremi de Bienes Nacionales, Natalia Rivera (RN), cuando llegó a trabajar a su cartera el 21 de marzo se encontró con 11 contratos que fueron firmados el último día de trabajo de su antecesora y cuyo trámite no siguió todos los pasos que dicta la reglamentación de la administración pública, por lo mismo, la autoridad está evaluando realizar un sumario administrativo.

Dichos contratos son parte de un convenio de programación con la Conadi para regularizaciones de tierra indígenas de fecha 8 de marzo. Y en este caso las regularizaciones a realizar son 300.

"El convenio lo suscribió la Subdirección Nacional de la Conadi con su representante legal, Pedro Canihuante, y la seremi de Bienes Nacionales de ese minuto, la señora Marta Soriano Barrientos", comunicó Rivera.

La seremi recién asumida aclara que no hay ningún problema con el convenio y que de hecho es normal que se haga. "Estos convenios siempre han existido para aumentar las regularizaciones y es normal que se hagan todos los años". El problema, recalcó Rivera, "está con los contratos", de cuyas irregularidades se enteró por los mismos funcionarios, ya que la subrogante se encuentra de vacaciones.

Contratos

"Por lo que me han comentado distintos funcionarios, esto se hizo después del horario laboral el viernes 9 de marzo y por eso quiero evaluar el caso. Son 11 contratos a honorarios de marzo a diciembre de 2018, entre profesionales y administrativos, por montos que van entre los 600 mil y el millón de pesos", indicó la seremi Rivera.

Dentro de las irregularidades, cuenta la autoridad, está el hecho de que de las 11 contrataciones,"tres personas se quedaron trabajando en las dependencia de la Subdirección de la Conadi y aquí nunca nadie los conoció y eso, según lo que me cuentan los funcionarios, nunca había pasado".

De la expertiz de estas contrataciones y quiénes son, la seremi detalla que no existen las carpetas y que no hay información. "Por eso quiero evaluar y hacer una investigación sumaria. La verdad es que tuvimos que terminar estos contratos porque no procedieron el acto administrativo".

Cuando Rivera dice que estos contratos no siguieron el acto administrativo se refiere a que para que sean válidos y legales tienen que estar subidos a la plataforma Siaper, que es el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado.

"El contrato se adjunta con un certificado de presupuesto del ministerio en la plataforma. Eso significa que la Contraloría toma razón porque el ministerio va tener el dinero para cancelar estos contratos y eso no se hizo", informa Rivera, quien contó que debido a esta situación algunos de los contratados "se dieron cuenta que esto no eras normal que pasara y no siguieron viniendo".

Ahora, según la información que reunió la seremi Rivera, la subrogante de Soriano no recibió instrucción formal para continuar con la tramitación. Por último, Rivera comenta que tampoco puede seguir adelante con los contratos porque "no tenemos en la cuenta bancaria la transferencia de Conadi, por lo tanto, tampoco podríamos subir estos contratos al sistema. Aquí hubo muchas cosas que se hicieron mal y de forma irregular, por eso se esta evaluando instruir una investigación sumaria para ver que es lo que pasó con este convenio, el cual es súper bueno para el ministerio, ya que permite regularizar casos de terrenos indígenas y, de hecho, esto nos está atrasando el año".