Juristas evalúan indicaciones
Introducir una serie de indicaciones sustitutivas a la Ley Antiterrorista (18.314), cuerpo legal que determina las penas de las conductas terroristas, el que fue promulgado en 1984 y que ha sido objeto de una serie de transformaciones, es uno de los anuncios del Gobierno de Sebastián Piñera.
En total son once las indicaciones (ver cuadro página 3) y su objetivo, en opinión del Ejecutivo, es el endurecimiento de la norma para atacar la impunidad y devolver la paz social.
Al respecto, El Austral conversó con juristas expertos en derecho penal para que evaluaran la medida, quienes, de partida consideran que es necesaria, sobre todo, partiendo por la definición del delito penal, aspecto que constituye la piedra de tope en el sistema. Desde un punto de vista dogmático, los expertos consultados entregaron sus apreciaciones y advirtieron dónde están los nudos críticos por resolver.
ANTAGONISMO
El abogado experto en derecho penal, quien dicta una cátedra en la materia en la Universidad San Sebastián, Gustavo Balmaceda, explicó que si bien, estas modificaciones "son necesarias hay que partir por una crítica estructural al sistema".
El abogado advierte que, siendo Chile una democracia, no deberían coexistir la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista, ya que ambas son antagónicas. "Cuesta entender que coexistan ambas leyes, puesto que en la práctica generan conflictos de aplicación frente a una misma situación (...) el probar el producir temor en la población es muy difícil y subjetivo, lo que genera grandes problemas de aplicación, sobre todo, en La Araucanía, por eso, yo soy de la idea de que debiéramos derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado y crear una sola legislación antiterrorista, pero partir de cero".
Balmaceda estima que hacerle modificaciones, como plantea el Ejecutivo, no es lo más adecuado porque "va generando problemas interpretativos que afectan su aplicación. De hecho los cimientos de esta legislación pertenecen a la realidad de Chile de los años '70 en donde había una dictadura".
El vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma, Francisco Ljubetic, apoya la moción de Balmaceda de partir de cero, sin embargo, advierte que siendo realista no están dadas las condiciones, ya que por paradójico que suene, el sólo hecho de plantear modificar este cuerpo legal genera temor, situación que no sucede en otros países, ya que a estas alturas hay consenso internacional de la necesidad de una Ley Antiterrorista.
"Nuestro país no está maduro para discutir modificaciones que enriquezcan la Ley Antiterrorista. Cada vez que políticamente se trata este tema, alejado de lo técnico y jurídico, lo que realmente se produce es un temor a legislar", sostiene.
En otras palabras, explica el abogado Ljubetic, "la ley que debiera sancionar las conductas de esa naturaleza, al final termina amordazando a los propios legisladores y especialistas, por cuanto se cree que por el sólo hecho de abocarse a este estudio estamos reconociendo que en el país existe terrorismo, lo cual está alejado de la realidad".
Por lo mismo, el jurista reconoce que en todos estos años, desde la vuelta a la democracia, "no ha existido ni existe la intención de hacer una reflexión seria y madura que recopile lo que como país democrático se pretende".
De hecho, a modo de ejemplo, Ljubetic, indica que hace seis años se pretendió modificar el Código Penal y hasta el día de hoy "no vemos luces".
En la práctica, el que no se haya avanzado en actualizar el Código Penal conlleva, como lo explica el abogado de la familia Luchsiger, Carlos Tenorio, a que hoy no exista la tipificación del delito de incendio de bienes muebles, lo que sería aplicable a quemar un camión.
FALENCIAS
La protección a las víctimas y testigos es una de las falencias que advierten los juristas necesarias de cubrir en la actual legislación. "Esta materia es objetiva y no tiene un tinte político, el Código Procesal Penal da pautas generales de protección, pero no da normas especiales, lo que sí hace la Ley de Drogas, indica Ljubetic.
Para el abogado y presidente de la Fundación Rakizuam, Richard Caifal, la protección a las víctimas también es crucial. "La actualización de esta ley debe proteger a las víctimas y respetar el debido proceso, no se considera una asistencia profesional para las víctimas y es algo por lo que se ha luchado por años".
El Presidente Piñera en su minuto precisó que estas indicaciones a la Ley 18.314 no atentan contra los DD.HH., situación que algunos puntos los abogados Caifal y Balmaceda no comparten.
Caifal postula que "al momento de incorporar testigos protegidos o agentes encubiertos pudiesen verse vulnerados los DD.HH., ya que la Corte Interamericana de Justicia condenó a Chile en casos similares".