Rodrigo Zamorano C.
A través de un escrito ingresado en el Juzgado de Garantía de Temuco, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó como interviniente en la causa por la frustrada Operación Huracán que investiga el fiscal Carlos Palma.
La querella está dirigida contra cuatro exfuncionarios de Inteligencia de Carabineros, comandados por el general (r) Gonzalo Blu, el mayor (r) Patricio Marín Lazo, el capitán (r) Leonardo Osses Sandoval y el civil Alex Smith Leay, quienes son acusados por los delitos de obstrucción a la investigación, sabotaje informático y falsificación de instrumento público.
Con esta medida, el CDE se suma a la causa como querellante, tras los escritos ingresados por el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los abogados defensores de los ocho comuneros mapuches que fueron detenidos en septiembre del año pasado en el marco de la denominada Operación Huracán.
La presentación del CDE ante el Juzgado de Garantía de Temuco contiene diversos antecedentes que dicen relación con la implantación de mensajes de WhatsApp en los teléfonos de los comuneros mapuches detenidos el 23 de septiembre.
MENSAJES
El escrito, por ejemplo, precisa que tras la detención de Martín Curiche, y en medio de las pericias realizadas a su teléfono celular, Carabineros habría encontrado un respaldo de una conversación interceptada con anterioridad por la aplicación Antorcha.
"Sin embargo, según se puede establecer de los antecedentes que hay actualmente en la carpeta de investigación fiscal, la supuesta conversación sostenida por Martín Curiche y Fidel Tranamil y supuestamente encontrada en el teléfono de Martín Curiche, fue creada en el dispositivo con fecha 23 de septiembre de 2017, es decir, el mismo día en que Curiche Curiqueo fue detenido y se le incautó su teléfono celular", precisa el escrito del Consejo de Defensa del Estado.
Asimismo, otras presuntas conversaciones interceptadas por la aplicación Antorcha, creada por el civil Alex Smith, también corresponderían a archivos implantados en los celulares incautados a los detenidos, como es el caso del "Hecho 2" de la querella, correspondiente a Claudio Leiva Rivera.
"Según se puede establecer de los antecedentes que rolan actualmente en la carpeta de investigación fiscal, la supuesta conversación encontrada en el teléfono de Claudio Leiva Rivera fue creada en el dispositivo recién el 28 de septiembre de 2017, es decir, una vez que el teléfono ya no estaba en poder de su dueño sino que se encontraba incautado bajo el cuidado y responsabilidad de personal de la UIOE y de Labocar Temuco", asegura el CDE.
EXGENERAL BLU
La querella está dirigida a la línea de oficiales que, de acuerdo a la investigación fiscal, conocían de los hechos relacionados con la interceptación de mensajes de WhatsApp que habría permitido realizar la aplicación "Antorcha" de Smith.
De acuerdo a los antecedentes que expone el CDE, el exgeneral Gonzalo Blu "abusando de su oficio, cometió falsedad en el documento oficial propio del servicio denominado Informe Secreto Nº 130, remitido por él al fiscal regional de La Araucanía".
Dicho informe es el reporte que contenía la mayoría de mensajes atribuidos a los comuneros detenidos y que liberó el exgeneral Blu tras la autorización judicial de ministro Aner Padilla, de la Corte de Apelaciones de Temuco, y que permitió la intromisión en los teléfonos celulares de los imputados.
"En dicho informe supuso la intervención de Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel en una conversación mediante aplicaciones de mensajería supuestamente ocurrida el 18 de agosto de 2017, en las que les atribuyó declaraciones que nunca realizaron y que los incriminaban a ambos en la comisión de un atentado incendiario ocurrido en la Región de La Araucanía", señala en la querella.
Para la abogada Marisa Navarrete, defensora del excapitán Leonardo Osses, "agregar un nuevo querellante a esta causa, no obstante ser excesivo, pensamos que no va a modificar la estrategia que venimos desarrollando desde el inicio de la investigación".
La abogada aseguró que la persecución "está garantizada con la intervención que han hecho en esta causa, tanto el Ministerio Público como la Intendencia y el Instituto de Derechos Humanos".