Rodrigo Zamorano C.
El 24 de mayo de 2016, el ingeniero agrónomo Alberto Turu Kobayashi fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a una pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito de abuso sexual reiterado contra un niño de 12 años.
Pese a la condena y a que la Fiscalía logró acreditar el ilícito, a casi dos años de la condena el profesional permanece en calidad de prófugo luego de no presentarse a cumplir la condena.
El caso de Turu Kobayashi se repite en al menos otras cuatro causas, en las cuales sujetos con condenas a firme no cumplen con sus penas en la cárcel.
El fiscal Cristian Gacitúa estuvo a cargo de la investigación contra el ingeniero y reconoce que precisamente el solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva se hace para evitar estas situaciones.
"El peligro de fuga es uno de los argumentos que la Fiscalía tiene en vista al pedir la prisión preventiva como medida cautelar", afirma Gacitúa.
El fiscal precisó que la sentencia a Alberto Turu quedó a firme en agosto de 2016 "y hasta el día de hoy se siguen realizando diligencias para lograr detenerlo".
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Gacitúa además siguió de cerca otra causa donde un condenado permanece en rebeldía sin cumplir su pena.
Se trata de Jeremy Aedo Muñoz, quien permanece prófugo de la justicia desde marzo de 2016, tras ser condenado a cinco años y un día de cárcel por el delito de lesiones graves gravísimas luego de una discusión que terminó con un sujeto lesionado de gravedad en Temuco. El sujeto es buscado hace más de dos años por las policías.
"Han hecho distintas maniobras para evadir el cumplimiento de la pena y se están trabajando principalmente con la policía de investigaciones y se están haciendo diligencias para ubicarlos", afirmó el fiscal Gacitúa.
Juan López Lemún, en tanto, es otro de los prófugos más buscados por la policía. El sujeto fue condenado, en julio de 2017, a cinco años de presidio tras ser declarado culpable por violar a su madre en la casa que ambos compartían en Padre de Las Casas.
"Él está prófugo por una orden de detención despachada por el Juzgado de Garantía de Temuco que tiene por efecto que cumpla una condena que fue pronunciada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco", afirmó el fiscal Ítalo Ortega, persecutor que investigó los hechos.
El caso de López Lemún es aún más particular porque mientras se encontraba en rebeldía fue denunciado por atacar sexualmente a otra mujer de la tercera edad, esta vez una vecina de 77 años.
Mientras que en Nueva Imperial, Nadia Oviedo Valenzuela es intensamente buscada tras haber sido condenada a seis años de cárcel por el delito de tráfico de drogas. Sobre la mujer pesa una orden de detención emanada en enero de 2018 por el Juzgado.