Andrea Arias Vega
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), junto a la abogada Manuela Royo, interpuso 10 querellas en el Tribunal de Garantía de Temuco en contra de funcionarios de Carabineros que resulten responsables por supuestos tratos vejatorios ocurridos en la Octava Comisaría el pasado 23 de marzo.
Lo anterior ocurrió en el marco de las detenciones policiales que se realizaron ese día en el centro de Temuco, tras una manifestación pública en apoyo de las hortaliceras, quienes fueron desalojadas del perímetro de exclusión.
QUERELLAS
De las 10 querellas presentadas, seis son mujeres mapuches. También hay dos hombres, un adolescente varón de 17 años y una estudiante transexual.
El abogado del INDH, sede Araucanía, Marco Ravanal, explicó que tras las detenciones, en la Octava Comisaría de Temuco procedieron los supuestos tratos vejatorios que están contenidos en el Código Penal bajo la figura de apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
"A nuestro entender lo que ocurrió al interior de la comisaría fueron tratos crueles, inhumanos o degradantes, consistentes en el desnudamiento que se hizo de estas personas con el propósito de registrarlas, sin que exista ninguna razón objetiva para ello. Para proceder al desnudamiento deben existir elementos que la sustenten y como esto no ocurrió, lo que procedió fue la humillación de estas personas", destacó el abogado.
Según el abogado del INDH, a pesar de la oposición de estas personas, "el desnudamiento fue acompañado de tocaciones y a ellos se les obligó a bajarse sus pantalones y ropa interior, lo que les produjo un impacto profundo".
Una de estas personas es una estudiante trans, quien solicitó ser tratada de acuerdo a su identidad y expresión de género que es femenino. Sin embargo, de acuerdo a la versión que detalló el abogado querellante, "un funcionario en particular insistió en denigrarla durante todo el procedimiento tratándola con el nombre masculino, incluso, la expuso ante las demás detenidas preguntándoles si aceptaban estar en la celda con alguien que en su concepto no era una mujer. Esto es claramente un trato denigrante, ya que no se le permitió usar su nombre social".
Respecto de los funcionarios involucrados, los testimonios de las personas afectadas hablan de la participación de dos funcionarias mujeres, quienes recibieron órdenes del funcionario a cargo.