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Jueza que salió del Caso Luchsinger denunció acoso laboral y presiones

POLÉMICA JUDICIAL. La magistrada Ximena Saldivia abandonó el tribunal a pocas semanas del veredicto. Abogados defensores lo ven como causal de nulidad.
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Un reportaje realizado por Radio Universidad de Chile reveló que la jueza Ximena Saldivia Vega, que integraba el tribunal que veía el juicio del Caso Luchsinger - Mackay, interpuso una denuncia por acoso laboral en la que hace referencia a haber recibido "presiones indebidas".

De acuerdo al texto periodístico, publicado este sábado en la página web de Radio Universidad de Chile, la magistrado Saldivia presentó el pasado 23 de abril una denuncia en la Asociación Chilena de Seguridad (AChs) por la figura de acoso laboral y "por haber sido objeto de presiones indebidas" por parte del presidente de la sala, el juez Germán Varas.

Lo anterior fue advertido por la ONG Observatorio Ciudadano -una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la defensa, promoción y documentación de Derechos Humanos-, cuyo director, José Aylwin, envió el pasado 2 de mayo una carta a Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, a fin de informarle de las "amenazas e intervenciones indebidas" a la jueza.

La carta clave

La misiva suscrita por José Aylwin, a nombre del Observatorio Ciudadano para el relator García-Sayán, fue enviada a las oficinas de la ONU, en Suiza, con el carácter de "urgente", considerando que la funcionaria abandonó, de manera abrupta y poco clara, un tribunal que terminó condenando a tres de los once comuneros mapuches acusados por un delito que fue considerado bajo la Ley Antiterrorista, conocida por los organismos internacionales como ser contraria a la protección de las garantías de Derechos Humanos por parte de los detenidos y su constante uso en casos donde están involucradas personas de la etnia mapuche.

En el documento, al que tuvo acceso El Austral, el director de la ONG Observatorio Ciudadano le explica al comisionado de la ONU que la magistrado dejó constancia en AChs de "haber sido objeto de presión indebida y acoso laboral (...) durante los cerca de dos meses que ha llevado de desarrollo el emblemático juicio".

Junto con especificar que tras la denuncia obtuvo una licencia médica y reposo hasta el pasado 14 de mayo, Aylwin sostiene en la carta que las presiones ejercidas por el juez Varas contra la jueza Saldivia ya habían sido advertidas por los abogados defensores durante todo el juicio, las que "estarían relacionadas con la intención de éste (el juez Varas) de condenar a los imputados para ganas el apoyo del Gobierno actual, encabezado por el Presidente Piñera, para avanzar en su carrera funcionaria en el Poder Judicial".

El mismo Aylwin detalla en el documento que Germán Varas, quien se desempeña como juez en el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol, había postulado anteriormente en los procesos de selección para ascender a magistrado en la ciudad de Temuco.

Por lo anterior, a juicio del director de la ONG Observatorio Ciudadano, el juez Varas tomó "una posición cercana al Gobierno", ya que era y es conocido el ímpetu de parte del Gobierno actual en cuanto a obtener condenas contra los acusados por este emblemático caso.

Así, se señala en la carta, el intervenir a favor de lograr una condena "podría significar una (falta) a la parcialidad e independencia necesaria para el ejercicio de la función judicial".

Controversia

La magistrado Saldivia fue designada como jueza integrante del tribunal desde que comenzó el segundo juicio por el caso Luchsinger, que inició el lunes 26 de febrero.

Desde la primera jornada estuvo presente el juez Juan Mauricio Poblete Erices, pero sólo en calidad de "alterno", en caso de que se necesitara una subrogancia.

En la jornada del 23 de abril, y cuando se realizaban los alegatos de clausura, el juez Poblete Erices tomó el lugar de la jueza Saldivia.

En ese momento, cuando los intervinientes consultaron por la jueza Saldivia y el presidente de la sala, Germán Varas, el tribunal se limitó a explicarles que la jueza había presentado una licencia médica por 10 días debido a un "estrés laboral", declinando especificar el tipo de problema que la afectó.

El suceso levantó suspicacias inmediatas en los intervinientes. Incluso, ese día, la propia machi Francisca Linconao reclamó que la razón de la ausencia de la jueza Saldivia se debía a que "el otro día el abogado Hermosilla (querellante a nombre del Ministerio del Interior) le faltó el respeto a la magistrado".

"La justicia debe ser un equivalente a la parcialidad y esa característica no solo debe serla, sino también parecerla. Desde ese punto de vista, que una persona que está encargada de juzgar de forma parcial, no puede estar involucrada con ninguna de las partes. Acá, una de las partes es responsable de determinar si una persona ocupa un cargo al que ha postulado. Y ese interés manifiesto que existe fue observado no sólo por este profesional, sino por todos los acusados en este caso", aseguró el abogado defensor de Luis Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra, quien aseguró que ya está abocado en redactar el recurso de nulidad.

"Esto sería una causal de nulidad"

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abogado defensor de Sabino Catrilaf

El abogado Rodrigo Román ha participado en los dos juicios del Caso Luchsinger Mackay, en calidad de defensor de Sabino Catrilaf y también representando, junto a Manuela Royo y José Luis Correa, a Hernán y Sergio Catrilaf. Román ha dicho desde siempre que la intención de condena contra los comuneros mapuches responde a presiones del Gobierno y el empresariado.

-¿Qué antecedentes maneja respecto a presiones contra la jueza Saldivia?

-La información (de la denuncia de acoso laboral) no estuvo a disposición de los intervinientes cuando se produjo su salida. Quedó en reserva por decisión del presidente del tribunal (el juez Varas), luego de ser requerido por los querellantes particulares. Pero ahora, a juzgar por los últimos hechos conocidos, esta defensa estima que debe transparentarse esta información. Si se confirma que hubo acoso laboral, por supuesto que hay una afectación al juez natural y pudiera ser una causal de nulidad del juicio, pero en lo absoluto en un antecedente que puede dejarse pasar.

-A lo largo del desarrollo del juicio, ¿usted observó alguna situación anómala entre el juez Varas y la jueza Saldivia?

-Lo que se observó fueron diferencias de criterios a la hora de resolver las múltiples incidencias que se produjeron, pero aquello resultaba, a nuestro aprecio, natural. Desde nuestra postura, como interviniente, no se observó nada más que una diferencia de criterio.

-¿Qué puede hacerse para conocer esa denuncia?

-Acá esto afecta el derecho de ser juzgado por juez natural y es una afectación al debido proceso, por infracción de garantías. Esto, entre otras razones, anticipa que el 11 de junio tendremos un fallo contradictorio en el que no se acreditará la participación de ningún imputado. Eventualmente, podríamos adherir a la nulidad, por la calificación terrorista.

Rodrigo

Román