Isabel Farías Meyer

La Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Nacional de Menores (Sename) con asiento en La Araucanía, informó que en los últimos tres años y en lo que va de 2018, se condenó a 1.680 jóvenes bajo la Ley Responsabilidad Penal Adolescente.

En 2007 Chile asumió el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y ajustó su normativa interna a la legislación internacional, según aclaró la Fiscalía de La Araucanía, donde los menores entre 14 y 17 años son responsables penalmente de sus actos.

UNA BAJA A EVALUAR

En el detalle del informe (ver recuadro), en 2015, 2016, 2017 y hasta mayo de 2018, han ingresado 1.680 menores a centros del Sename de la Región tras una condena por diferente tipificación de delito. Dichas cifras demuestran una baja constante -dejando fuera los cinco meses de 2018- de 51,6%. Es decir, en 2015 se registraron 740 menores; en 2016 hubo un total de 424 y el año pasado, 383. En el caso del año en curso, hasta el 31 mayo, 133.

Entre los 13 delitos que registra la Unidad de Planificación y Control de Gestión en su base de datos, los ilícitos por los que más son condenados los jóvenes que ingresaron al sistema son robo, hurto, lesiones, drogas y delitos sexuales (ver recuadro).

Más allá de las cifras que arrojan una baja significativa en los últimos años, en el Sename preocupa la reiteración de la conducta delictiva de los adolescentes.

"Si bien hay una baja en el ingreso de los menores, esto no quiere decir que el que ingresó en 2015 por amenaza, no pueda haber reingresado en 2016 por el mismo delito u otro, siendo el 64% de los delitos relacionados al robo y al hurto, los que más compromete la responsabilidad penal", dijo la entidad, precisando que tienen dos centros a su administración. Se trata del Centro Semi Cerrado (CSC); ubicado en Temuco con 11 menores registrados y el Centro de Internación Provisoria - Centro de Internación de Régimen Cerrado (CIP - CRC) emplazado en Cholchol, que tiene 50 jóvenes a la fecha.

El vocero de la Fiscalía Regional, el fiscal Roberto Garrido, precisó que "efectivamente, la información estadística revela que ha disminuido el ingreso al sistema de justicia de jóvenes entre 14 y 17 años, desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero en el mismo lapso ha aumentado el número de delitos que cometen los jóvenes. Ese es un fenómeno que se observa en todo el país", dijo, agregando que los objetivos importantes que persigue la ley son la reinserción y la reeducación de los menores, por lo que es necesario mejorar el "seguimiento del cumplimiento de las sanciones para lograr un adecuado control de la ejecución de las mismas y cumplir con el objetivo socializador y evitar la reiteración de conductas delictivas".

JÓVENES

Por su parte, el abogado Luis Acuña Tapia, profesional de la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ) de la Defensoría Penal Pública, valoró la disminución del ingreso de jóvenes al sistema y discrepó con la Fiscalía señalando que los estudios indican que el 80 % de los jóvenes que pasan por el sistema, dijo, no vuelven a cometer delitos.

Acuña ahondó en otra materia, haciendo un perfil del menor que ellos defienden y que ya están en sistema judicial.

"El 85% de los jóvenes que atendemos como Defensoría Penal Pública están fuera del sistema educacional, tienen consumo problemático de drogas y alcohol y casi la totalidad está en abandono familiar, en muchos casos es el contexto social el que los lleva a incurrir en conductas delictivas", precisó, especificando que la connotación social de los delitos es más violenta que en los adultos por la etapa etaria en que se encuentran, cruzado por el fenómeno del consumo de drogas, la adrenalina, la influencia de sus pares y la desvinculación familiar.

¿Más sanciones?

El Presidente Sebastián Piñera, en su Cuenta Pública, anunció una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para endurecerla a raíz del asesinato de una mujer por un joven de 18 años con 21 detenciones previas.

Al respecto, el fiscal Garrido afirmó que si bien no conoce el detalle del proyecto, la institución ha ajustado sus criterios de persecución, buscando "la aplicación de una sanción con una intervención penal de mayor intensidad, de acuerdo a la gravedad del nuevo delito cometido".

Por su parte, el defensor Acuña sostuvo que la cárcel no es un disuasivo, porque la comisión de ilícitos durante la adolescencia, en muchos casos, dijo, es parte de las etapas del desarrollo, por lo tanto, "no nos sirve castigar más severamente a estos jóvenes porque sólo va a generar un mayor número de condenas y con ello sólo aumentará la tasa de reincidencia. El real fracaso de la Ley Responsabilidad Penal Adolescentes es no cumplir la promesa de reinserción y rehabilitación que incluía", concluyó Acuña.

Mariela Molina, abogada de la Unidad de

Estudios del INDH

En medio de una discusión país sobre la delincuencia juvenil, y con la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en curso, podemos preguntarnos si la necesidad de reformarla es porque fracasó. Viendo las cifras que indican que los ingresos de jóvenes al sistema han bajado considerablemente, podríamos decir que no ha fracasado. Pero los datos no deberían ser el único foco de análisis, es ver a las personas, el no olvidar que los jóvenes que se contabilizan entrando y saliendo del sistema, son sujetos de derechos, y el Estado está obligado a protegerles, no tan solo propinar castigo. Parece existir una contradicción entre el principio del interés superior del niño/a, y la lógica de imponer sanciones o medidas penales. Si bien la Ley 20.084 nace para adecuar el ordenamiento interno a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, y contiene en su art. 20 fines orientados a la plena integración social, (distintos a los fines retributivos de la pena en adultos), sería de analizar si esto en la práctica es realmente así, o estamos en un sistema puramente penal, que ha llevado a que cientos de jóvenes estén privados de libertad, y sufran tratos indignos, inhumanos, como los detectados por el INDH en su estudio exploratorio del 2017 a todos los CIP-CRC del país, donde se evidenció que la naturalización de la violencia en estos recintos de encierro era transversal, era aceptada y no cuestionada, tanto por funcionario/as de Sename, de Gendarmería y hasta por los mismos jóvenes. Uso de gas pimienta, desnudos, uso de armamento, suicidios, golpes, son solo algunos de los hallazgos publicados en el Informe Anual INDH del 2017, que si bien, para quienes trabajan en el sistema no parece ser novedad, apuntamos justamente a esto, a visualizar y cuantificar de manera nacional qué tan naturalizado está el castigo y el maltrato a estos jóvenes, y reflexionemos como sociedad, si realmente es éste el camino para la reintegración social, entendiendo que son sujetos en desarrollo.