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En los últimos cinco años, 10 causas que fueron llevadas a juicio oral por la Fiscalía en el marco de la violencia rural, han sido anulados por los tribunales y se ha repetido el procedimiento.

La información fue entregada tras una petición de información realizada en mayo pasado mediante el sitio de Transparencia, directamente al Ministerio Público Nacional.

El resultado corresponde al periodo entre 2013 a 2017 y se refiere a procesos realizados en la Región.

El Ministerio Público, precisa que de los 10 casos anulados vinculados a la violencia rural, cinco fueron llevados por la Fiscalía de Alta Complejidad, FIAC, cuatro por la de Collipulli y uno por la de Temuco.

Delitos

En cuanto a los delitos que se investigaron, los procesos más graves se refieren a un homicidio a un carabinero en acto de servicio, ocurrido el 2 de abril de 2012 en un allanamiento a una comunidad mapuche en Ercilla, donde había siete imputados.

También está el incendio con resultado de muerte del Caso Luchsinger Mackay, con 11 investigados, sentencia, esta última, que aún no se encuentra firme o ejecutoriada.

Otro de los casos se refiere al atropello de un comunero sucedido en octubre de 2014 en Galvarino, con un acusado.

En la lista se contempla la acusación contra una persona por el incendio de una casa en el fundo Brasil de Vilcún, situación ocurrida el 11 de septiembre de 2009.

Entre los contabilizados además está la detención de una persona el 22 de diciembre de 2012 en su domicilio en Collipulli, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Según precisa el Ministerio Público en el documento enviado, "la totalidad de las 10 causas que se informan en el cuadro, fueron objeto de un segundo juicio".

Factores

El integrante del directorio de la Multigremial, Emilio Taladriz, atribuyó la anulación de los juicios a varios factores.

"El estándar probatorio que se exige es complicado. El nivel de prueba que levantan las policías nunca es suficiente o deficiente, definitivamente y paralelamente, se percibe que falta más sincronización entre la Fiscalía y las policías, ya que si se analizan la cantidad de casos, en general los condenados son muy pocos".

Taladriz agregó que "hay una falla multisistémica, donde el sistema judicial es excesivamente garantista, entonces, con un nivel de prueba no tan eficiente, no se sobrepasa esa exigencia judicial y los resultados son esos".

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Sofo, Marcelo Zirotti, junto con coincidir en la responsabilidad del Ministerio Público en la falta de pruebas en este tipo de casos, opinó que el tema es un mal precedente.

"Da cuenta que los hechos de violencia rural quedan en la impunidad. La justicia es muy garantista y algunas personas gracias a resquicios legales quedan en libertad. Me perece que la reforma que se hizo al sistema procesal no dio los resultados que se esperaban".

Consultado por la entrada en funcionamiento del grupo Multidisciplinario de Operaciones Especiales de Carabineros, destinado a prevenir las acciones terroristas en la zona, Zirotti volvió a indicar que la obtención de indicios probatorios es lo fundamental, "hay que ver cómo actuarán frente a las pruebas que les pedirá la justicia, porque si no hay un cambio en esa metodología, creo que quizás no cumplirán su objetivo".

Richard Caifal, director ejecutivo de la Corporación de Profesionales Mapuche, Enama, concluyó que los resultados de los juicios anulados en cinco años da cuenta que "la Fiscalía equivoca el camino, insiste con la aplicación de ciertas normativas y delitos, que no les dan resultados. Además hay una legislación antigua que hoy pretende regular situaciones que el legislador no contempló en su momento".

Sobre el grupo antiterrorista y su implementación, Caifal advirtió que "se señala que ellos ocuparán para obtener pruebas una serie de elementos tecnológicos, pero la ley no se ha adecuado, la Fiscalía y la Defensoría no se ha capacitado y los jueces no pueden ir más allá de lo que hoy contempla el ordenamiento jurídico, por lo tanto hay vacíos legales, que no se han abordado".

presidenta víctimas Malleco

Marilí Vallejos, presidenta de la Agrupación de Víctimas de Malleco, que agrupa a 56 personas, se refiere al actuar del Ministerio Público en la ocupación de su predio ocurrido desde el 8 de agosto de 2008 en Angol y donde dice que "no hay resultados judiciales, por 10 años no he podido ir a mi casa".

-¿Qué opina de los 10 juicios anulados en estos cinco años?

-Creo que la Fiscalía es la que no hace bien su trabajo, por ejemplo en mi caso he tenido que poner una serie de denuncias en la Fiscalía de Alta Complejidad de Victoria, pero cerraron mi causa.

-¿Cuáles son los antecedentes de su caso?

-Las personas que me tienen tomado mi campo desde hace 10 años, después que me quemaron mi casa, todavía continúan ahí y ahora están arreglando la que fue mi vivienda para irse a vivir. No sé cuáles son los trámites que han hecho en la Fiscalía, pero nunca detuvieron a nadie, ni siquiera cuando fui a denunciar que habían cortado mis árboles y los vendieron, sin yo poder entrar a mi campo, ni volver a mi casa.

-¿Qué avances tiene su caso?

-A mí desde la Fiscalía nunca me han citado para entregarme alguna información, creo que es porque no tengo abogado para defendernos. Perdí la cuenta de las denuncias que he hecho y me molesta que a otras personas les han dado solución a su tema y en mi caso nunca a venido nadie, ni de la Fiscalía ni del Gobierno a decirnos, por último, que nos van a pagar nuestro campo.

-¿Esta situación se repite?

-Nosotros tenemos otros dos casos emblemáticos en la Asociación, a una víctima que le dispararon en el estómago cuando lo atacaron y a otra que la secuestraron, le robaron su auto para después quemarle su casa, en ninguno de ellos se ha recibido algún tipo de información respecto a resultados de la investigación o ayudas para los afectados.

Marilí Vallejos