El Austral
Hasta el Juzgado de Garantía de Pucón llegaron ocho mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales y violaciones de parte de un profesor en la comuna lacustre.
Las mujeres fueron acompañadas por los abogados Manuel Ibarra y Jorge Rojas, para estampar una querella por los delitos de abuso sexual y violación en contra del docente Rodolfo Álamos Vergara.
De acuerdo a los profesionales, los hechos se habrían registrado a finales de la década de 1980 y a principios de los 90, al interior del colegio Padre Sebastián Engler, establecimiento educacional ubicado en el sector rural de Pucón, que actualmente está cerrado y que pertenecía al Magisterio de La Araucanía.
"Estos delitos quedan en la impunidad ya sea porque existe un secreto o porque hay temor de parte de las víctimas a verse expuestas ante la opinión pública", aseveró el abogado Manuel Ibarra.
La querella, manifestaron los abogados, busca que la Fiscalía pueda al menos investigar los abusos denunciados, dado el tiempo que ha pasado de los hechos.
"Hay un plazo de prescripción distinto al resto de los delitos. En este caso el plazo empieza a correr cuando las víctimas cumplen la mayoría de edad", indicó Ibarra.
OCULTAMIENTO
La querella sostiene que al menos ocho niñas menores de edad, sufrieron tocaciones de carácter sexual y en algunos casos violaciones por parte del director del cuestionado establecimiento, Rodolfo Álamos.
"Sabemos que en el año 1994 se hicieron denuncias en la justicia antigua, sin embargo, no prosperaron por falta de antecedentes", afirma el abogado Ibarra, quien agrega que "también, por qué no decirlo, porque la Fundación del Magisterio, que estaba en conocimiento de los hechos, no hizo la denuncia como correspondía. Ellos tenían la obligación legal de denunciar".
Ibarra aseguró además que "la idea también es perseguir un grado de complicidad o encubrimiento de esta fundación que es la sostenedora de colegios católicos".
Para los abogados de las mujeres víctimas de los presuntos abusos, la libertad del docente "es un peligro para la sociedad", dada la condena a la que fue sometido el año 2011 por hechos similares (ver recuadro).
"Antiguamente esto costaba que saliera a la luz pública. Lo que ellas persiguen es que el querellado no ande libre. Es alguien que ha cometido muchos abusos y violaciones, por lo tanto lo que se persigue es que sea sancionado por delitos cometidos en la impunidad hace mucho tiempo", afirmó el abogado Ibarra, quien también apunta a la presunta responsabilidad de la Iglesia Católica.
"Si vemos que la Fundación del Magisterio no responde, vamos a seguir con la Diócesis de Villarrica, queremos saber si hubo encubrimiento también de la Iglesia", puntualizó el abogado.
Una de las mujeres que se querelló contra el docente es Eugenia Pérez, quien al momento de los hechos era una menor de edad.
"Creemos que se puede hacer justicia a pesar de los años. Fueron muchas las consecuencias que hasta el día de hoy tenemos. Es un caso difícil, pero no perdemos nada con intentarlo", afirmó.
