Como una "campaña de la postverdad" calificaron desde la DC las críticas que ha esbozado el Gobierno, usando cuentas de Twitter institucionales, en contra de la oposición tras el fracaso del proyecto de reajuste del sueldo mínimo.

Los diputados DC Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi y Mario Venegas llegaron ayer a la Contraloría para solicitar al organismo que se pronuncie sobre el uso "irregular" de las redes sociales, apuntando al hashtag "No Al Bloqueo" al que han recurrido desde el oficialismo para difundir por Twitter sus críticas a la oposición.

Según los parlamentarios, el Ejecutivo -a través de las cuentas institucionales de intendencias, gobernaciones y otros servicios públicos- "denostó la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad".

Según Soto, "acá se ha iniciado una campaña de la postverdad, particularmente a través de las redes sociales, campaña que ha sido liderada por el Presidente Piñera y secundada por los ministros (Nicolás) Monckeberg y (Felipe) Larraín, y que ha tenido una bajada comunicacional que para nosotros es grave".

"Se han utilizado plataformas institucionales que deben cumplir un fin imparcial y se financian con recursos públicos, con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo", dijo Soto, añadiendo que "esto es impresentable y no lo podemos permitir".

El legislador recordó que el propio contralor, Jorge Bermúdez, "reconoció que se están vulnerando dictámenes que ya existen y que impiden que plataformas que se financian con recursos públicos sean utilizadas para fines políticos".

Se defiende

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó la existencia de una irregularidad en el uso que ha hecho el Gobierno de las redes sociales, asegurando que "creemos que es perfectamente legal y correcta administrativamente".

El secretario de Estado dijo que "si ellos (refiriéndose a los diputados de oposición) estiman que es un mal uso dar a conocer cómo ellos votan en la sala de la Cámara de Diputados los proyectos de ley que presenta el Gobierno, creo que están equivocados, que no hay ninguna situación administrativa".

Según Chadwick, "nadie debe temer jamás a que se haga público la forma cómo se vota", por lo que señaló que "nosotros aceptamos y estamos sujetos a la fiscalización de la Contraloría y la Contraloría debe determinar si hay o no una irregularidad".

Utilizando sus redes sociales, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se refirió a la petición que legisladores hicieron ayer en Contraloría para que se indague un presunto conflicto de interés que la titular de la cartera tendría con la empresa Oxiquim, a raíz de los episodios de contaminación que han afectado a Quintero y Puchuncaví.

"Agradezco que Contraloría investigue lo que piden los diputados para acreditar que tengo toda la independencia para trabajar por la gente y la voluntad para enfrentar todos los desafíos de mi cargo", sostuvo Schmidt, quien está casada con Gonzalo Medica, director de Oxiquim.

A contraloría

Durante la mañana, los diputados Diego Ibáñez, del Frente Amplio, y Daniel Verdessi, en representación de la bancada DC, llegaron hasta la Contraloría a exponer estos antecedentes "para que sean ellos quienes se manifiesten si es que hubo o no un encubrimiento, mediante una investigación exhaustiva", según explicó Ibáñez.

"Recordemos que son más de 17 empresas las que están operando en esta zona de sacrificio. Desde ahí que creemos que (no corresponde) señalar como único culpable por parte de las autoridades medioambientales a Enap, siendo que Enap en su propio directorio generó un estudio con una institución técnica que está certificada por la Superintendencia del Medio Ambiente y señala lo contrario, que ellos no manejan estos componentes", explicó el diputado, quien agregó que "a nosotros nos quedan las dudas, igual que a toda la comunidad".

Desde la DC afirmaron que "aquí el Gobierno ha actuado con negligencia y populismo y ha evitado perseguir a los verdaderos culpables de esta tragedia actual e histórica".

Ante esta acción, desde el Gobierno salieron a respaldar a la ministra y esbozaron duras críticas contra la oposición. Según el ministro del Interior, Andrés Chadwick, los legisladores de oposición hacen esto "todo el tiempo, con cualquier cosa, frente a cualquier situación. Viven en un mundo de sospecha, viven en un mundo de obstaculizar todo, viven en un mundo de generar problemas, nunca algo positivo, nunca algo constructivo".

Añadió que no aportan ninguna "idea de cómo poder abordar los planes de contaminación y ayudar a solucionar el tema en Quintero" y los emplazó a que "alguna vez planteen alguna idea positiva al país".

Chadwick, además, llamó a los habitantes de Quintero y Puchuncaví, donde se han registrado más de 350 intoxicados a raíz los episodios de la semana pasada, a mantener la calma: "Tengan la total confianza y tranquilidad que las acciones del Gobierno son para priorizar la atención de salud".

Quita peso a informe

El Gobierno, además, le quitó peso a los informes que publicó Enap y que descartan su responsabilidad en las emergencias ambientales, en oposición a lo que ha sostenido Medio Ambiente.

El ministro Chadwick manifestó que si bien existe el "legítimo derecho" de que las empresas, públicas y privadas, encarguen sus propios informes, son las autoridades las que determinarán las responsabilidades.

"Está muy bien que lo hagan. Lo tomamos como un espíritu de colaboración para efectos de la determinación de las fuentes de emisión. Pero quien determina cuáles son las causas en eso son las autoridades correspondientes, fundamentalmente la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el fiscal a través de su investigación y la PDI", añadió.

En la misma línea, y nuevamente a través de Twitter, la ministra Schmidt respaldó las medidas técnicas que adoptó la Superintendencia de Medio Ambiente para resguardar la salud de los afectados, asegurando que "todas las empresas de la zona -Gasmar, Oxiquim, Copep, Codelco, GNL Quintero, AES Gener, etc.- han sido fiscalizadas estos días por la SMA, la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), y fiscalizadores de salud, con los mismos estándares".

Schmidt afirmó que "respaldaré todas las resoluciones de las entidades fiscalizadoras del Estado" y que "no existe contradicción entre los estudios contratados por Enap y la resolución de la SMA. Enap debe entregarlos como antecedentes en la investigación en curso. Será la SMA quien finalmente determinará su culpabilidad o inocencia".

"Agradezco que Contraloría investigue lo que piden los diputados para acreditar que tengo toda la independencia para trabajar".

Carolina Schmidt,, ministra del Medio Ambiente"

casos de intoxicación se han registrado en Quintero y Puchuncaví desde la semana pasada. 358