A pesar de los múltiples llamados que hicieron todas las autoridades encargadas de la seguridad vial, los medios de comunicación o las empresas a cargo de las carreteras, lo cierto es que aunque se esperaba una disminución en el número de víctimas fatales durante el fin de semana de Fiestas Patrias, este año perdieron la vida 36 personas (catorce más que el año pasado, donde hubo que lamentar 22 muertes), la mayoría de ellas como víctimas de un atropello.

Y es que según el balance preliminar emitido por Carabineros a nivel nacional, 24 de las personas que perdieron la vida eran peatones que fueron atropellados por cruzar calles y carreteras en lugares no habilitados, o bien porque circulaban bajo la influencia del alcohol y no estaban atentos a las condiciones del tránsito.

En La Araucanía, el balance oficial determinó que fueron cinco las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito, evento que se repitió 93 veces, de los cuales 19 fueron ocasionados por conductores que manejaban bajo la influencia del alcohol.

Se trata, a todas luces, de un balance poco alentador que deja en evidencia la falta de conciencia de conductores y peatones con respecto a la seguridad vial. Ello porque cuesta entender que a pesar de las múltiples campañas emprendidas por la autoridad para evitar que siga habiendo conductores que guíen sus vehículos bajo la influencia del alcohol, siga habiendo personas que sin medir ninguna consecuencia lo continúan haciendo.

Se hace necesario, además de persistir en las campañas tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito, idear estrategias nuevas a fin de generar una real toma de conciencia en la ciudadanía de los riesgos que representa el guiar un vehículo bajo la influencia del alcohol, no atento a las condiciones del tránsito, o bien no respetando la normativa vigente; lo mismo que caminar por lugares que no están aptos para el tránsito peatonal. Ya que de no mediar una acción profunda que involucre a toda la ciudadanía, habrá que seguir lamentando la pérdida de vidas humanas en las carreteras y calles del país y la Región.

Llegamos al Mes de la Patria y continuamos viendo en los titulares de medios, que aquella idea de fortaleza del sistema financiero y sus actores, particularmente bancos respecto a su ciber accionar, evidencia cierta debilidad, ya que se ha llegado a la sexta filtración de datos.

Organismos como el Foro Económico Mundial, desde hace algunos años han venido resaltando a través del Report Risk Global la preocupación por los ciberataques, y particularmente, la amenaza o fraude de datos. Asimismo, consultoras en el área de riesgos y fraudes, como Kroll, en su informe 2017-2018, llaman la atención sobre el incremento de incidentes. En la misma línea, el informe Allianz Risk Barometer 2018, resalta los ciber incidentes como foco de atención, así como a las nuevas tecnologías. Cabe mencionar que ambos figuran dentro de los tres riesgos subestimados por las empresas, y que específicamente para América, el primero aparece liderando la lista. Los estudios anteriores, algo de atención debiesen demandar de parte de profesionales y organizaciones.

Adicionalmente, si consideramos entre las múltiples opiniones que han surgido, la vertida por el órgano fiscalizador de estas entidades, en torno a una filtración de datos, en la que se señaló que "no tiene potencialidad de causar daño", y ello porque "no tendría valor transaccional", deberíamos reflexionar en torno a un valor esencial de cualquier organismo -sea un país, un gobierno, un ente público o privado, y naturalmente, las personas-, y que resulta esencial para su supervivencia y sostenibilidad en el tiempo, esto es, la confianza. Así, a los múltiples riesgos a los cuales las organizaciones se enfrentan, debemos recordar el riesgo reputacional, el cual es un elemento de impacto estratégico que tiende a surgir de otros riesgos, por ejemplo, el operacional, y que si bien puede no expresarse directamente en una defraudación monetaria, sí redundará potencialmente en una merma de clientes y negocios, perturbando probablemente también a otros entes, pues la sombra de la duda, y los naturales temores y aprehensiones de la comunidad, no harán distinción entre una y otra entidad.

Es de esperar que no sólo el sector afectado, sino también otros, así como autoridades, directivos y gremios, aporten a salvaguardar la imagen de las instituciones, procurando las medidas procedimentales, de protección de datos, sancionatorias, comunicacionales, y otras que sean necesarias, para gestionar, controlar y evitar que eventos similares se repitan en un futuro inmediato. El costo puede ser alto.

Mauricio Burgos,

U. Autónoma Chile

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