Un llamado a que las autoridades del nivel central y el Gobierno Regional destinen recursos que permitan incorporar personal técnico capacitado hicieron los municipios de La Araucanía en cuyas comunas se detectaron falencias operacionales de plantas de aguas servidas.

Lo anterior ocurre luego que El Austral hiciera público un informe en el que la Seremi de Salud de La Araucanía informa al Ministerio de Salud que fiscalizaciones efectuadas entre el 2016 y el 2018, 17 plantas de tratamiento de aguas servidas en diferentes comunas quedaron bajo sumario sanitario, de las cuales 15 fueron finalmente infraccionadas.

Entre los motivos de las infracciones cursadas se cuenta el estar sirviendo a un número mayor de habitantes considerados en el diseño original, contar con sistemas de infiltración que ya están por sobre su vida útil e incumplir diferentes normativas o presentar fallas operacionales, como falta de operadores permanentes en sus instalaciones, mantención deficiente de los instrumentos y negligencias en la calidad microbiológica del efluente, lo que supera la normativa vigente.

Al respecto, desde la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (Amra) comentan que hay algunas de las plantas de tratamiento infraccionadas que están bajo administración de los municipios, al ser de servicio para localidades rurales, no obstante también mencionan que hay algunas que son dependientes de Aguas Araucanía.

Sin embargo, el comentario común es que se hace necesario incentivar y reforzar la fiscalización para evitar cualquier tipo de contaminación, al mismo tiempo en que plantean que los municipios están incapacitados para anticiparse a mejorar las instalaciones, ya que no cuentan con los recursos necesarios para diseñar soluciones o contratar personal capacitado que se haga cargo de mantener actualizadas las funciones de las plantas.

OPINIÓN de alcaldes

Para el alcalde de Lumaco y presidente de Amra, Manuel Painiqueo (PS), es vital continuar realizando fiscalizaciones a todas las plantas de tratamiento de aguas servidas, para tener constancia de que no se está produciendo contaminación a napas subterráneas o cursos de agua.

"El dato de 17 plantas bajo sumario sanitario es un tema de suma gravedad. Lamentablemente, el Estado siempre dedica recursos muy limitados para abordar el problema de las aguas servidas. Como municipios, tenemos muchos proyectos presentados para mejorar estas plantas, pero están dormidos, sin recursos. Por lo tanto, es necesario que pudiéramos tener la asignación necesaria para no tener que incurrir en procesos graves que afectan lo financiero de los municipios y también genera preocupación por el medio ambiente", comentó el alcalde Painiqueo.

"Es importante que logremos coordinar el apoyo técnico necesario que, en corto tiempo, nos permitan poder abordar este problema de una manera proactiva y no reactiva. El punto es que la fiscalización y el asesoramiento sea directo e inmediato, para lograr soluciones", cierra Painiqueo.

En ese mismo sentido habló el alcalde de Angol, Enrique Neira (Ind-RN) quien plantea que las multas que deben asumir los municipios son muchas veces "injustas".

"Las plantas se diseñaron hace años y quizás ya no operan en las mismas condiciones. En el presupuesto municipal significan un valor altísimo y lamento que tengamos que asumir multas en vez de tener la posibilidad de sumar más recursos para mejorar el funcionamiento. Es una triste paradoja", lamentó.

El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo (Ind) aprovechó de instar a la Subdere a concretar los recursos para una nueva planta de tratamiento para la localidad de Púa.

"Los municipios no tenemos la capacidad técnica para concretar soluciones y gestionar nuevas plantas demora muchos años", comentó.