La alianza entre establecimientos técnico-profesionales y el sector productivo indudablemente que va en el sentido correcto, toda vez que busca una orientación hasta ahora mayormente ausente en La Araucanía y desde luego a nivel nacional. Esfuerzos semejantes han existido, pero es necesario universalizar prácticas y métodos que colaboren para un mejor futuro tanto de los educandos como de quienes utilizarán sus habilidades.

La Región y el país son testigos de las frecuentes saturaciones que se producen en carreras tanto universitarias como técnico-profesionales, producto del afán de lucro de ciertos establecimientos educacionales privados que procuran una amplia oferta para especialidades que el sector productivo no demanda. Hay, en ese sentido un divorcio evidente, alimentado, además, por la falta de sintonía con las necesidades de las empresas.

Es responsabilidad de la sociedad procurar educación a los jóvenes, pero ésta debe estar orientada a satisfacer la demanda del mercado correspondiente, en este caso específico las empresas productivas.

Por ello es trascendente la alianza que ya suma un año entre la Fundación Luksic, la organización no gubernamental Canales, Corparaucanía y la Fundación AraucaníAprende para fortalecer el vínculo entre los establecimientos educacionales y las empresas presentes en La Araucanía.

Los sectores económicos más importantes de la Región cuentan con un comité técnico educacional para ejecutar dos programas de trabajo que se implementan en Puerto Saavedra, Carahue, Cholchol, Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt y Temuco, con el desafío de ampliarse a la totalidad de La Araucanía en un plazo prudente.

Con lo anterior se pretende, simplificadamente, que los estudios que siguen los jóvenes sean pertinentes a la realidad laboral regional, a las necesidades de las empresas que ofrecerán puestos de trabajo, evitando una cesantía ilustrada que tanto mal hace a los jóvenes, creando una grave frustración. Educación gratuita y contacto con el mundo laboral son dos bases muy fuertes para el mundo técnico-profesional.

Cada día cientos de ciudadanos reciben llamados por concepto de cobranzas extra judiciales por deudas en el sistema financiero o con empresas comerciales de distinto tipo, para cuyo efecto las empresas a quienes se les adeuda tienen un call center dedicado o bien han tercerizado el servicio de cobranza con alguna empresa externa especializada.

La ley 19.496 de Protección de Derechos del Consumidor regula las acciones de cobranza extrajudicial estableciendo normas de protección a los derechos de los consumidores, con limitaciones a las comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas y la prohibición de conductas que afecten la privacidad o la situación laboral del deudor, contemplando horarios en los cuales se puede realizar este tipo de comunicaciones hasta la prohibición de informar a terceros de la condición de deudor de un ciudadano, siendo ésta la única norma que se refiere a las empresas de cobranza, pero limitada al mercado del crédito.

A pesar de lo anterior, el año 2017 el Sernac recibió 12.000 reclamos de consumidores por este tipo de llamadas, especialmente por las que se efectuaron fuera de los horarios establecidos por la ley.

Queda claro que se requiere de manera urgente realizar modificaciones a la legislación para lograr una real efectividad de la ley, dado que incluso los Tribunales de Justicia se han pronunciado en torno a que muchas prácticas de cobranza resultan atentatorias contra los derechos de los consumidores.

La única finalidad legal de una cobranza extrajudicial debe ser informar al deudor del estado de su deuda, por lo que se debe evitar el abuso de esta facultad con la recurrencia de cualquier tipo de comunicación permitida por la tecnología actual.

Es por ello que hemos presentado un proyecto de Ley, junto al senador Juan Castro que busca modificar la Ley 19.496, incorporando un nuevo artículo denominado 28 C, que establece la limitación de la cantidad de llamados y la determinación de su finalidad, estableciendo sanciones asociadas al incumplimiento de lo anterior, dejando en claro que la comunicación para informar al consumidor de la existencia de una deuda o morosidad sólo puede tener por fin, el informar, no pudiendo reiterarse en el plazo de 60 días a menos que existan modificaciones en el monto adeudado. Por comunicaciones se entiende: envío de correos electrónicos, cartas, llamados telefónicos, mensajes de texto, mensajes utilizando aplicaciones celulares o de redes sociales u otras. La sanción al incumplimiento de esta norma podría ir desde 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales.

De esta forma contribuiremos a lograr lo establecido en el artículo 19 numeral 1 de la Constitución de la República, que: "…asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica…", mejorando la ley para que efectivamente logre el fin propuesto: la protección de los consumidores.

Carmen Gloria Aravena, senadora

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