"El señor Marín es autor material del delito de asociación ilícita. Él era el jefe junto al imputado Blu".
María José Aguayo, — fiscal
"Hay lugares donde se escuchan balazos, se cortan caminos y Carabineros pasa una vez al día".
Karim Poggini, — víctima de Malleco
Se han levantado voces para exigir la legalización de la cannabis y la despenalización de su cultivo. Esgrimen los abolicionistas que se trata de un tema de libertades, en que cada ciudadano debe ser autónomo para decidir acerca del consumo; invocan la conveniencia de la despenalización como parte de una política racional en la guerra contra el narcotráfico, y ponen el acento en los beneficios de la sustancia para combatir ciertos males físicos.
Anticipadamente diremos que nos parece plausible, amalgamando los principios del derecho consagrados en nuestra legislación con las pautas que entregan los instrumentos internacionales suscritos por Chile, aceptar el autocultivo para uso médico, con la debida prescripción de un facultativo y la orientación y educación en el uso responsable de la sustancia. Tal criterio ha sido reconocido por la justicia, lo cual no ha sido suficiente para provocar la modificación legal que reclama parte de la ciudadanía.
Para arribar a tal conclusión, ciertamente debemos razonar desde el principio bioético de la autonomía del paciente; situarnos en un escenario de realidad social y cultural, y vincular ello con la verdadera utilidad y finalidad de la prohibición penal, ejercicio que pondrá de manifiesto la ausencia de un debate público amplio y proveniente de la voz de la ciencia más que de la emoción; un debate que generalice el hábito de formar opiniones en base a pruebas más que a pasiones; un debate que tienda a abrir el ámbito de la discusión, más que a trivializar el tratamiento penal de cuestiones tan sensibles y relevantes, pues en el estado actual de las cosas el afán de restringir conductas y castigar para proteger la "salud pública" choca abiertamente con el derecho individual a la salud y la libertad de las personas.
Constatados sus efectos benéficos, la industria farmacéutica ha desarrollado variados productos, pero que también abre la puerta a otros cuestionamientos, relativos al rol que pueden jugar en el futuro las grandes corporaciones farmacéuticas para mantener el statu quo legal y así conseguir suculentos dividendos económicos de la droga sin que exista la posibilidad para el ciudadano común de proveérsela directamente y a bajo costo. En el escenario económico y social actual, aquello no sería nada extraño. En tal sentido, mercado y delito son factores que pudiesen llegar a confluir en una ecuación social en que el resultado es la falta de conciencia crítica acerca de las necesidades y derechos de las personas.
Gonzalo Garay Burnas,
abogado
En Francia, por citar un solo ejemplo de países a los cuales nos gusta mirar e imitar, el Estado es vigoroso y robusto. ¿Por qué? Porque se preocupa de reclutar a los mejores profesionales y técnicos pero -sobre todo- porque no los despiden cada vez que hay un nuevo Gobierno como pasa en Chile y claro, en La Araucanía.
Si cada 4 años se desarma el aparato estatal en el país, cuán difícil es incubar, formular y luego ejecutar las políticas públicas en diferentes áreas. Si cada 4 años se despiden profesionales, técnicos y administrativos cuyas calificaciones son óptimas, cómo poder seguir confiando en los mecanismos de calificación y en los criterios. Si cada 4 años hay miles de funcionarios, familias completas, temiendo lo peor, imposible pensar en un Estado equilibrado y serio.
Este hábito de despedir funcionarios públicos no es exclusivo de un sector político. Estamos acostumbrados a que cada nuevo periodo presidencial miles son removidos, provocando profundos baches en el normal funcionamiento del aparato público.
Muy distinta es la salida de los equipos de confianza política de cada administración (intendente, gobernadores, seremis y/o jefes de servicios), inclusive aquellos que ingresaron por Alta Dirección Pública (ADP) ya que se entiende que la nueva administración busque autoridades de su confianza y de su línea.
Lo que se reclama hoy es la manera de desechar a funcionarios con años de carrera, especializados en sus áreas, competentes y con calificaciones óptimas. Casos sobran: los 18 funcionarios a contrata de Indap son un botón de muestra o las únicas dos funcionarias de la Dirección General de Aguas (del MOP) a honorarios.
El día que se termine de asociar erróneamente a los funcionarios como trabajadores de un único gobierno, el de turno, será el día en que se pueda soñar con hacer real el anhelo de un Estado sensato, equilibrado y serio, donde la calidad del trabajo prime por sobre cualquier otro criterio.
Un excelente recital coral se llevó a cabo en el salón Actos del Colegio Santa Cruz de Villarrica, bajo la organización del Coro de Profesores de la comuna lacustre, que preside Víctor Hugo Torres. Previamente se realizó un concierto en el gimnasio municipal de la comuna, para estudiantes de básica y media.
Tres víctimas fatales fue el saldo de dos incendios ocurridos en zonas rurales de las comunas de Lautaro y Pitrufquén. Las víctimas son adultos mayores, cuyos restos fueron hallados completamente calcinados al interior de los inmuebles siniestrados, según precisó el personal especializado de Bomberos.
A través de un documento ingresado al Juzgado de Garantía de Temuco, el Gobierno solicitó formalmente la recalificación de la acusación en contra de los cuatro acusados por el delito de incendio terrorista contra una iglesia evangélica, hecho ocurrido en el sector Truf-Truf en la comuna de Padre Las Casas.